Al menos 29 personas han sido arrestadas y seis funcionarios de Carabineros han resultado heridos durante una manifestación no autorizada en el centro de Santiago de Chile, donde se congregaron unas 2.500 personas para recordar el séptimo aniversario del inicio del denominado “estallido social”, la oleada de protestas masivas que arrancó en octubre de 2019 bajo el mandato del entonces presidente Sebastián Piñera.
Según explicó el general inspector de Carabineros, Manuel Cifuentes, en declaraciones recogidas por el diario chileno “La Tercera”, el dispositivo policial se activó de forma preventiva a partir de las 10.00 horas (hora local) en la explanada de la Plaza Baquedano.
La marcha fue impulsada por la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores, la Plataforma Anticapitalista Vereda Sur y la Asamblea Popular Antifascista, sin contar con la autorización de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana. La consigna de los participantes era “reivindicar demandas sociales, económicas, políticas y culturales que dieron origen a las protestas de hace siete años”.
Los incidentes se desencadenaron cuando grupos de encapuchados comenzaron a lanzar objetos contundentes y cócteles molotov contra los efectivos policiales. Carabineros ha precisado que entre los 29 detenidos figura un individuo acusado de porte y lanzamiento de un artefacto incendiario contra los agentes, otro sospechoso de robo con violencia en un establecimiento comercial y una tercera persona imputada por dañar cámaras de seguridad públicas instaladas en la Alameda.
En cuanto al balance de lesionados, el ministro de Seguridad Pública de Chile, Martín Arrau, ha confirmado que seis policías resultaron heridos durante los disturbios, algunos de ellos con lesiones oculares, tal y como ha detallado la propia institución policial.
La escalada de violencia ha sido duramente criticada por el Gobierno chileno. Arrau ha arremetido en redes sociales contra “los mismos violentistas, encapuchados y delincuentes de siempre” que, a su juicio, vuelven a las calles para destruir bienes públicos y privados con el fin de “rendirle culto al octubrismo y a la violencia”. “Mientras unos insisten en celebrar la destrucción, las familias chilenas sólo quieren vivir en paz, con orden, seguridad y progreso”, ha señalado, subrayando que no permitirán que “unos pocos vuelvan a sembrar el caos” y exigiendo que los arrestados enfrenten a la Justicia por los delitos cometidos.
En términos similares se ha pronunciado el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien ha reiterado la posición del Ejecutivo. “Siempre vamos a cuestionar la violencia, vamos a defender la democracia y el Estado de Derecho”, ha concluido.