El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha jurado este lunes el cargo para un nuevo mandato de cinco años, después de que su partido, el Partido de la Prosperidad (PP), lograra 512 de los 547 escaños del Parlamento en las elecciones legislativas celebradas en junio.
Ahmed ha sido de nuevo investido primer ministro durante la primera sesión de la Cámara de Representantes, tras unos comicios cuestionados por la oposición, que ha denunciado un incremento de la represión sobre el espacio cívico y la ausencia de opciones reales para competir en las urnas y propiciar un cambio en el ciclo político abierto desde su llegada al poder en abril de 2018.
Durante su intervención, el jefe del Gobierno ha subrayado que el proceso electoral reciente se ha enfrentado a "numerosos retos", aunque a su juicio ha "fortalecido la cultura democrática de Etiopía" y ha remarcado que, tras una contienda electoral, "no hay perdedores, solo ganadores".
Asimismo, según ha señalado la oficina del primer ministro en redes sociales, Ahmed ha apelado a la unidad nacional para "superar los obstáculos nacionales" y ha avisado de la importancia de permanecer en alerta ante un escenario internacional marcado por cambios "rápidos e impredecibles".
La ceremonia de investidura tiene lugar además en un contexto de mayor tensión con Egipto, Sudán y Eritrea por la gestión de las aguas del río Nilo y la ofensiva en el norte del país del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF). Adís Abeba acusa a estos países de respaldar al TPLF por sus disputas en torno a la presa etíope en el Nilo Azul y por la intención del Gobierno de obtener acceso al mar Rojo, un objetivo que también ha generado fricciones con Somalia.
El TPLF comunicó el 23 de septiembre el inicio de una "guerra defensiva" contra las fuerzas federales etíopes y sostuvo que había adoptado esta postura "tras la intensificación de la invasión a través de varios métodos por parte del autocrático y genocida régimen del PP de Abiy contra el pueblo de Tigray", después de varias semanas de escalada y de ataques pese al acuerdo de paz suscrito en 2022 en Sudáfrica.
Este pacto, alcanzado en Pretoria tras dos años de conflicto en el norte de Etiopía, establecía que Tigray quedaría bajo la administración de un gobierno provisional aceptado por las autoridades federales. No obstante, a comienzos de mayo el TPLF asumió el control de las instituciones regionales, lo que desencadenó nuevas tensiones y un intercambio de acusaciones sobre el incumplimiento de los compromisos recogidos en el acuerdo.