El Ejército de Arakán (AA), que domina gran parte del estado de Rajine, en el oeste de Birmania, ha comunicado que el balance de los últimos ataques aéreos de las fuerzas leales a la junta militar asciende ya a casi 50 muertos y unos 60 heridos, en el contexto del conflicto abierto tras el golpe de Estado de febrero de 2021.
Según el grupo armado, la mayoría de los fallecidos se encontraban en un mercado que fue blanco directo de los bombardeos, que también han provocado destrozos en un puente y en varias casas de la localidad de Kyauktaw, en el norte de Rajine. La infraestructura dañada cruza el río Kaladan.
Kyauktaw, urbe de importancia estratégica a orillas de este río, permanece bajo el control del Ejército de Arakán desde febrero de 2024. Se sitúa a unos 77 kilómetros de Sittwe, capital regional donde en las últimas semanas se han registrado intensos choques entre las fuerzas de la junta y los rebeldes.
Los insurgentes han denunciado que la junta ha dirigido sus ataques contra la población civil "a plena luz del día", lo que ha provocado víctimas entre viandantes, empleados y comerciantes, de acuerdo con el portal de noticias Irrawaddy. Entre los 58 heridos contabilizados --32 mujeres y 26 hombres--, al menos 22 se encuentran en estado grave.
Los rebeldes sostienen que el Ejército ha atacado a civiles "de forma deliberada" como "medida de represalia". "Hemos documentado qué comandantes se han visto implicados para poder hacer justicia en el futuro", ha señalado el grupo.
La Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) ha condenado los bombardeos y ha expresado sus condolencias a los allegados de las víctimas. Al mismo tiempo, el bloque regional ha reiterado su "solidaridad inquebrantable" con la población birmana y ha instado a que se depuren responsabilidades y se ponga fin a la espiral de violencia que sacude al país.
También se ha pronunciado el secretario general de la ONU, António Guterres, quien se ha mostrado "alarmado" por el ataque y ha reclamado a "todas" las partes del conflicto que detengan la violencia "de inmediato" y garanticen la protección de los civiles, en cumplimiento del Derecho Internacional.
Su portavoz, Stéphane Dujarric, ha reiterado en una rueda de prensa que los responsables del bombardeo deben "rindan cuentas" y ha subrayado que la "violencia continuada" en Rajine demuestra que "no se dan las condiciones necesarias para el retorno seguro, voluntario, digno y sostenible de los refugiados y otras personas desplazadas, incluidos los rohingya".
El golpe militar de 2021 fue ejecutado por las Fuerzas Armadas para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi obtuvo una amplia mayoría parlamentaria. Los uniformados alegaron un supuesto fraude electoral, una acusación cuestionada por observadores internacionales.
Tras la asonada, la junta ha desplegado una fuerte represión contra opositores, activistas y manifestantes, al tiempo que se han intensificado los combates entre el Ejército y distintos grupos insurgentes en varios estados del país, con especial virulencia en zonas del noreste, próximas a la frontera con China, y en el propio estado de Rajine, en el oeste.