Burkina Faso vuelve a implantar la pena de muerte abolida en 2018

Burkina Faso revierte la abolición de 2018 y restablece la pena de muerte, endureciendo además las penas por malversación y prácticas homosexuales.

Bandera Burkina Faso Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

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El Parlamento de Burkina Faso ha dado este martes luz verde al retorno de la pena de muerte, eliminada en 2018, para delitos como la alta traición, el terrorismo y el espionaje, revirtiendo así la anterior abolición.

La llamada Asamblea Legislativa de Transición ha respaldado por unanimidad la modificación del Código Penal impulsada por el Consejo de Ministros de la junta militar encabezada por Ibrahim Traoré, consolidando el giro punitivo del actual régimen.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos subrayó en sus cuentas oficiales que “Esta reforma legislativa tiene por objeto reforzar el orden público, consolidar los valores fundamentales de la nación y garantizar la seguridad de las personas y los bienes”.

El ministro Edasso Rodrigue Bayala detalló al portal Lefaso que la pena capital se aplicará a acusados de terrorismo, alta traición o espionaje y también a quienes importen productos caducados o prohibidos cuando esa conducta cause la muerte.

La reforma agrava igualmente las condenas por malversación, de forma que los culpables podrán enfrentarse a cadena perpetua, y endurece el tratamiento de los delitos vinculados a la seguridad vial, que pasarán a castigarse con penas de prisión.

El proyecto, remitido el pasado año por el Consejo de Ministros, además “sanciona la promoción y las prácticas de la homosexualidad y actividades conexas”, ampliando el alcance represivo del texto.

En mayo de 2018, durante el mandato del expresidente Roch Marc Christian Kaboré, la Asamblea Nacional suprimó la pena capital para todos los delitos. De acuerdo con Human Rights Watch (HRW), las últimas ejecuciones documentadas en el país se remontan a 1988.

En septiembre, el Parlamento de transición aprobó por unanimidad una norma que fija penas de entre dos y cinco años de cárcel para los responsables de “prácticas homosexuales”. La homosexualidad sigue criminalizada en alrededor de una treintena de estados africanos y algunos, como Ghana o Uganda, han reforzado recientemente sus legislaciones.