El brigadier general Federico Alberto Mejía Torres figura en el Decreto 1591 del 22 de octubre de 2026 sobre ascensos, por lo que pasará a mayor general a partir del próximo 1 de diciembre, pese a estar imputado por los delitos de prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal vinculados con la captura de un civil.
Mejía estuvo al mando de las operaciones militares contra la guerrilla en el departamento del Cauca, en particular en la zona del Cañón del Micay, un territorio en el que el Ejército ha mantenido una fuerte presencia.
El ascenso es objeto de una investigación penal por hechos ocurridos en enero de 2024, cuando un hombre fue detenido en el corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia (Cauca), y posteriormente habría sido regresado a esa misma localidad junto con la sustancia que había sido decomisada.
La Fiscalía pone el foco especialmente en las decisiones que se tomaron después de la captura y en los informes que se elaboraron para dejar constancia de lo sucedido, actuaciones en las que intervinieron 36 militares.
Además, el decreto contempla la reincorporación al servicio activo de cuatro coroneles que habían salido de la institución entre 2023 y 2024, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trata de Johny Hernando Bautista Beltrán, Alex Guillermo Tarazona Zambrano, Jairo Antonio Castillo Colorado y Leonardo Mauricio Bastos Martínez, quienes, a su vez, serán promovidos al rango de brigadier general.
Todos los ascensos previstos en el decreto deberán someterse al trámite correspondiente en el Senado de la República, órgano que tiene la competencia constitucional para avalar los ascensos de los oficiales generales y de insignia.