El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha hecho público este martes que aplicará sanciones a la presidenta del Tribunal Penal Internacional (TPI), Tomoko Akane, así como a un letrado del tribunal, debido a su implicación en la investigación sobre Israel por los crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha incorporado a su listado de sancionados a la magistrada japonesa y al senegalés Abdoulaye Seye, abogado litigante de alto rango del TPI, sin aportar por ahora información adicional sobre los motivos concretos.
Al mismo tiempo, la OFAC ha emitido una licencia específica que permite liquidar las operaciones y transacciones en las que estén involucrados ambos miembros del tribunal hasta el próximo 17 de septiembre, fecha a partir de la cual quedarán plenamente sujetas a las restricciones.
Estas medidas se suman a las ya adoptadas con anterioridad por la Administración Trump contra otros ocho jueces del TPI, así como contra su exfiscal jefe Karim Jan y otros dos fiscales adjuntos, ampliando así el alcance de la presión sobre la corte con sede en La Haya.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha defendido la decisión al acusar a los dos últimos sancionados de haber “participado directamente en las iniciativas del TPI para investigar, detener, encarcelar o enjuiciar a funcionarios” de países que no han suscrito el Estatuto de Roma, algo que, ha alertado en un comunicado, “sienta un peligroso precedente para todas las naciones”.
El máximo responsable de la diplomacia estadounidense ha situado estas sanciones dentro de una “campaña diplomática” destinada a frenar lo que considera “abusos de poder” del TPI, y ha expresado su intención de que otros gobiernos respalden esta línea de actuación.
“La Administración Trump ha sido clara: el TPI es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal”, ha remachado Rubio.
En noviembre de 2024, el TPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, a los que atribuye presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el contexto de la ofensiva militar iniciada más de un año antes sobre la Franja de Gaza.