El Gobierno de Colombia ha ratificado las alertas lanzadas por los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los peligros que afrontan tanto ellos como las víctimas tras los recortes aplicados a este órgano creado tras los acuerdos de paz de 2016, y ha advertido de que “se acaba la feria” de los planes de protección.
Así se ha pronunciado el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, durante su intervención ante la JEP, convocada para detallar las medidas de seguridad que el Ejecutivo del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, contempla para todas las personas implicadas en los procesos que tramita este tribunal transicional.
Ordóñez ha subrayado que la salvaguarda de víctimas, comparecientes y magistrados constituye una prioridad para el actual Gobierno, aunque ha querido dejar “claro que en este Gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad” y ha indicado que existen alrededor de 600 dispositivos de protección que deberán ser revisados de forma exhaustiva.
“No puede ser que con el dinero de los colombianos se paguen esquemas que para con ellos se delinca, se trafique droga, se carguen armas, o se movilicen terroristas”, ha recalcado el ministro del Interior, según informa Caracol Radio, al justificar la necesidad de depurar y reorganizar estos mecanismos.
Al mismo tiempo, Ordóñez ha insistido en que el Ejecutivo cumplirá con los compromisos derivados del pacto de 2016 suscrito con la ya disuelta guerrilla de las FARC, pese a que De la Espriella ha sido un crítico constante de esos acuerdos, a los que tildó de “falsa paz” y llegó a plantear revertir.
Dentro del programa de austeridad impulsado por el presidente De la Espriella, se calcula un recorte para la JEP de hasta 170.000 millones de pesos (47,1 millones de euros). Entre las medidas previstas figuran el traslado de la sede del tribunal a unas instalaciones de menor tamaño, la reducción de plantilla y un incremento del trabajo a distancia.