El Likud, la formación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha cargado este lunes contra el juez Noam Solberg, presidente del Comité Central de Elecciones, por haber descartado la hipótesis de un fraude electoral, a pesar de haber apuntado a una posible injerencia extranjera en los comicios. El partido de Netanyahu, de extrema derecha, sostiene que dicha interferencia habría beneficiado al partido árabe Raam, que se encuentra ahora en una posición determinante para influir en la configuración del próximo Gobierno de Israel.
“Resulta muy desconcertante que el juez Solberg afirme que se trata de sospechas muy graves de financiación extranjera y, al mismo tiempo, determine de antemano que estas no tienen influencia en los resultados electorales, antes incluso de que haya concluido la investigación”, ha denunciado en un mensaje difundido a través de las cuentas del primer ministro.
El Likud recalca que el bloque derechista que lidera se quedó a “4.612 votos de que un escaño pasara de Raam” a su coalición. “Habría cambiado por completo los resultados electorales y el mapa político”, ha incidido la formación, subrayando lo ajustado del recuento y el impacto que habría tenido un solo escaño.
Por ello, el partido ha reiterado su exigencia de una “investigación rápida y exhaustiva para preservar la limpieza de las elecciones a la Knesset y la soberanía del pueblo”. A su juicio, solo una pesquisa profunda permitirá despejar las dudas sobre la posible injerencia externa en el proceso electoral.
“Hasta que concluya la investigación, una sombra negra se cierne sobre los resultados electorales en Israel”, ha afirmado el Likud, que ganó las elecciones pero afronta grandes dificultades para articular una mayoría de gobierno al quedarse lejos del umbral necesario y carecer, por el momento, de socios claros con los que cerrar acuerdos.
Las acusaciones de un posible fraude en favor de Raam se basan en unas declaraciones previas del propio Solberg, en las que mencionó la presunta intervención de actores extranjeros que habrían tratado de influir en el proceso electoral y de sobornar a votantes para impulsar a partidos árabes.
Con todo, el Comité Central de Elecciones de Israel ha rechazado de plano la existencia de un fraude generalizado, defendiendo que la integridad del proceso se mantuvo firmemente protegida y que “no existe fundamento para alegar violaciones sistemáticas”. El organismo sostiene que, pese a las sospechas de injerencias, el resultado global de las urnas no se vio alterado de manera estructural.