El responsable del servicio de seguridad interior israelí, David Zini, ha pedido a la Fiscalía General permiso para interrogar a cuatro dirigentes políticos árabes, entre ellos el líder del partido Raam, Mansur Abbas, por una supuesta injerencia en las elecciones celebradas el pasado martes. La petición ya ha sido desestimada por el Ministerio Público, que argumenta la ausencia de indicios sólidos contra los señalados.
El máximo responsable del Shin Bet ha solicitado a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, autorización para interrogar a Sami Abu Shehadeh, presidente de la formación Balad; a Ahmad Tibi y a un cuarto parlamentario, ambos de la Lista Conjunta.
La cadena de televisión israelí i24 ha informado de que este último diputado es un miembro de la Knesset “cuya identidad no puede hacerse pública”.
Frente a esta petición, la fiscal general ha replicado que “en un Estado de derecho, es imposible interrogar a ciudadanos o a cargos electos sin pruebas que lo justifiquen”.
En declaraciones recogidas por el diario 'The Times of Israel', Baharav-Miara ha instado al Shin Bet a presentar cualquier elemento que tenga en su poder y que “justifiquen una investigación”.
El partido Likud, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha acusado a la fiscal de bloquear las pesquisas sobre una supuesta red de injerencia extranjera en los comicios israelíes, un caso denunciado el jueves pasado y bautizado como 'Ra'amgate'.
Según ha señalado la formación en redes sociales, “Baharav-Miara está impidiendo que el Shin Bet aplique medidas de investigación (...) y quería ocultar al público que se trata de un delito de seguridad (...) Está actuando para encubrir y frustrar la investigación sobre la manipulación de las elecciones”, al tiempo que ha criticado una “aplicación selectiva de la ley”.
Poco antes, el Likud había reclamado a la fiscal que “cese en sus intentos de encubrir y retrasar la investigación sobre el caso de la injerencia extranjera en las elecciones, que deje de poner trabas al Shin Bet y que permita la investigación de los diputados de los partidos árabes y de sus asistentes”.
El partido ha traído a colación las palabras del juez Noam Solberg, presidente del Comité Central de Elecciones, que inicialmente apuntó a la posible actuación de agentes externos que habrían influido en el proceso y sobornado a votantes en favor de partidos árabes, aunque después descartó la hipótesis de un fraude electoral.
La oposición alerta de una “peligrosa crisis constitucional”
El líder opositor Gadi Eisenkot ha acusado a Netanyahu y al Likud de tratar de “llevar a cabo un ataque contra la democracia y el Estado de derecho”, algo que ha vinculado a su “desesperación” por las dificultades para articular una mayoría de gobierno pese a haber ganado las elecciones con 27 escaños.
Eisenkot ha advertido de que “intentan arrastrarnos a todos a una peligrosa crisis constitucional. Por desgracia, no es la primera vez. Esa es precisamente la razón por la que no son dignos ni aptos para seguir en el poder. Es por eso por lo que la mayoría de los ciudadanos de Israel votaron en contra de que continuaran en el cargo”, según ha escrito en sus redes sociales.
El dirigente opositor ha denunciado que “en este momento difícil (...) intentan socavar la confianza de la ciudadanía en los resultados electorales”, y ha subrayado que “los funcionarios del sistema de seguridad, de las fuerzas del orden y de la administración pública de Israel están al servicio del Estado, no del rey”. Para concluir, ha llamado a la población: “Ciudadanos de Israel, manteneos firmes. Este es un momento decisivo para el futuro del país como Estado democrático y liberal”.