El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ha ordenado la apertura de una fase de investigación preliminar de 30 días, a raíz de la imputación presentada en octubre por la Fiscalía contra el expresidente Evo Morales y su exvicepresidente, Álvaro García Linera, en el denominado Caso Terrorismo, relacionado con el operativo policial de 2009 en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, en el que murieron tres personas.
“Se ha procedido a la resolución de apertura de etapa preliminar de la investigación”, ha anunciado en rueda de prensa el juez Carlos Ortega, quien ha detallado que, dentro de este nuevo escenario, el Ministerio Público dispone de un plazo de 30 días que ya “está corriendo” para culminar las diligencias y fijar su posición, según ha informado el diario boliviano ‘la Razón’.
Al mismo tiempo, el magistrado ha señalado que el TSJ ha remitido instrucciones al Tribunal de Justicia de Chuquisaca para que lleve a cabo la notificación en los domicilios reales tanto de Evo Morales como de García Linera, trámite que deberá efectuarse en un margen de entre 48 y 72 horas.
La imputación que la Fiscalía registró el pasado 12 de octubre parte de una denuncia planteada por el partido conservador Alianza Libre y atribuye a los investigados los delitos de asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad.
Los hechos se sitúan el 16 de abril de 2009, cuando efectivos de la Policía boliviana irrumpieron en el Hotel Las Américas, donde abatieron a tres personas y arrestaron a otras dos, a las que se vinculó con una presunta célula terrorista.
Morales se encontraba entonces de viaje oficial en Venezuela y admitió haber dado la orden para el operativo. García Linera ejercía en ese momento como presidente en funciones.
La familia de uno de los fallecidos, el ciudadano irlandés Michael Dwyer, junto con los supervivientes, acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó que fueron víctimas de vulneraciones, decisión que implica la obligación de resarcimiento.
El Ejecutivo de Morales defendió que se trató de una intervención policial contra el terrorismo. No obstante, el expediente quedó rodeado de cuestionamientos y denuncias de extorsión y terminó siendo cerrado durante el gobierno de Jeanine Áñez.