El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha desestimado este miércoles la petición del Gobierno para mantener la suspensión de los tratamientos hormonales a alrededor de un millar de reclusos transgénero, lo que representa un nuevo varapalo para la Administración Trump en el ámbito de los derechos del colectivo LGTBI.
Los jueces han optado por respaldar el fallo de una corte inferior que concluyó que la política gubernamental de “denegar la atención de reafirmación de género a pacientes para quienes dicha atención es médicamente necesaria puede provocar un deterioro de la salud mental y aumentar las tasas de depresión, ansiedad y autolesiones”.
Con esta base, el juez federal de distrito Royce Lamberth, con sede en Washington, decidió el pasado mes de junio bloquear la orden de Trump que vetaba el uso de fondos federales para “cualquier procedimiento médico, tratamiento o fármaco con el fin de adaptar la apariencia de un recluso a la del sexo opuesto”, una medida que incluía tanto la administración de hormonas como el empleo de pelucas y maquillaje, según informó la agencia Bloomberg.
La orden presidencial, firmada por el mandatario un día después de asumir el cargo en enero de 2025, establecía que los funcionarios debían denegar estos servicios siguiendo el criterio de la Oficina de Prisiones, que sostenía que “las preocupaciones en materia de seguridad y administración penitenciaria prevalecían sobre cualquier beneficio, médico o de otro tipo, derivado de facilitar un mayor acceso a cirugías de modificación de rasgos sexuales, tratamientos hormonales y adaptaciones sociales en el entorno penitenciario”.
Para Lamberth, la Oficina de Prisiones de Estados Unidos no analizó adecuadamente la efectividad de los tratamientos antes de suprimirlos, pese al impacto que tiene en quienes ven interrumpida su medicación. Una de las tres personas presas que recibían terapia hormonal y que recurrieron la medida, Alishea Kingdom, afirma que desde entonces padece angustia incapacitante, episodios de pánico y pensamientos suicidas.
En paralelo, el Supremo ha respaldado en los últimos años el veto a las personas transgénero en las Fuerzas Armadas estadounidenses y ha aceptado que los nuevos pasaportes recojan el sexo que figura en el certificado de nacimiento del titular.