Las autoridades francesas han condenado con firmeza el "desorden" y los episodios de violencia registrados durante las multitudinarias manifestaciones de este sábado en las principales ciudades del país, convocadas para denunciar la situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas. La jornada se ha cerrado con 1.800 personas arrestadas y más de 500 agentes heridos, de acuerdo con el último balance del Gobierno galo.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha denunciado en redes sociales las agresiones sufridas por las fuerzas del orden, así como los ataques contra instituciones, edificios públicos y comercios. Ha subrayado que, "lamentablemente", el balance sanitario difundido hasta ahora es solo provisional.
Nuñez ha atribuido estos hechos a "varios miles de individuos de la ultraderecha" a los que, posteriormente, se habrían sumado "delincuentes" que "saquearon y devastaron" numerosos establecimientos en ciudades como París, Marsella, Lyon, Burdeos, Rennes, Estrasburgo, Grenoble, Niza, Limoges "y muchas otras". "Nada puede justificar esto", ha remarcado el ministro.
En este contexto, ha recordado que, si bien "manifestarse es un derecho fundamental, sembrar el desorden con violencia y de manera concertada no lo es". El responsable de Interior ha expresado su reconocimiento a los policías, gendarmes y bomberos que "intervinieron en condiciones extremas" en todo el territorio francés y ha avanzado que desde este mismo domingo se abrirán investigaciones para identificar a los autores de los disturbios y ponerlos a disposición judicial.
"La República no cederá nada a aquellos que quieran imponer el desorden y la violencia", ha concluido Nuñez, alineándose con el mensaje del presidente Emmanuel Macron, quien ya avisó de que los responsables de los disturbios serán "perseguidos y castigados".
Según el recuento de las autoridades, unas 550.000 personas participaron en las protestas convocadas este sábado en toda Francia. La Confederación General del Trabajo (CGT), principal sindicato del país, eleva la cifra a más de 800.000 asistentes. En este escenario, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha ordenado a las fiscalías francesas que soliciten prisión provisional para los implicados en ataques contra la Policía o contra edificios públicos.