La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha advertido este domingo de que, transcurridos 25 años desde el comienzo de la guerra en Afganistán el 7 de octubre de 2001, Estados Unidos y sus aliados en la coalición siguen sin garantizar una “justicia real” ni ofrecer “reparación” por los crímenes de guerra y otros abusos graves cometidos durante el conflicto, según detalla en una cronología de sus informes sobre el país.
Tras los atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre contra Estados Unidos, Washington autorizó el empleo de “métodos de interrogatorio” contra “presuntos militantes” que, tal y como denuncia HRW en su nota de prensa, equivalían a “tortura”. La organización documentó “actos de tortura” y otros “malos tratos” perpetrados por fuerzas estadounidenses en Afganistán, entre ellos “palizas, humillaciones, simulacros de ahogamiento, privación del sueño y simulacros de ejecución”. Numerosos civiles arrestados fueron excarcelados únicamente tras pasar meses o años detenidos, sin que se presentaran cargos en su contra.
HRW sostiene ahora que el Gobierno estadounidense “nunca” ha rendido “cuentas plenamente” ni ha ofrecido “indemnización por estos abusos”.
“25 años después, los afganos torturados bajo custodia estadounidense y las familias de quienes murieron injustamente siguen sin tener una vía clara para presentar reclamaciones u obtener reparación por parte del gobierno de Estados Unidos”, ha señalado la directora asociada para Asia de Human Rights Watch, Patricia Gossman.
Estados Unidos sí llevó a juicio a algunos militares por homicidios ilegítimos, como el sargento Rober Bales, condenado en 2012 por el asesinato de 16 civiles afganos en Kandahar, o los integrantes del conocido como 'Kill Team', sentenciados en su totalidad, con penas diversas, por matar a 15 civiles afganos en la misma provincia en 2010.
No obstante, tal y como recuerda HRW, el entonces presidente estadounidense Donald Trump concedió el indulto a varios soldados condenados por “homicidos ilegítimos”, entre ellos el teniente Clint Lorance y el mayor Mathew Golsteyn. “Las sucesivas administraciones estadounidenses han ocultado estos graves abusos, dejando a los más afectados sin indemnización ni justicia”, ha denunciado Gossman.
La organización también reprocha a las fuerzas de la coalición internacional que hayan hecho “poco” por abordar de forma efectiva los “graves abusos” cometidos por su propio “personal militar”. Aunque Australia y Reino Unido han puesto en marcha investigaciones sobre “presuntas ejecuciones sumarias” y “malos tratos” a civiles, HRW considera que los avances han sido “lentos”.
Australia difundió hace seis años su Investigación Independiente sobre Afganistán, centrada en los “presuntos crímenes de guerra” de sus Fuerzas Armadas, pero, según denuncia la ONG, solo se ha detenido a dos militares desde entonces. Reino Unido, por su parte, creó una pesquisa independiente sobre “crímenes de guerra”, aunque limitada a un periodo de tres años, de 2010 a 2013.
Responsabilidad de los talibán y otros grupos armados
El comunicado de HRW también responsabiliza a los talibán y a otras formaciones insurgentes de ataques contra la población civil que causaron “miles de muertes y heridos entre los civiles” a lo largo del conflicto. Las fuerzas talibán asesinaron a “mujeres funcionarias y periodistas” y atentaron contra “embajadas, hoteles, centros de votación y organizaciones de ayuda humanitaria”. El empleo indiscriminado de artefactos explosivos improvisados en carreteras y áreas pobladas se convirtió en una de las “principales causas de muerte y lesiones entre la población civil”.
Según HRW, los talibán no reclamaron “responsabilidades” a sus combatientes por los “abusos cometidos”. Otros grupos armados, incluida una filial de Estado Islámico, perpetraron “atentados suicidas” contra la “comunidad hazara y otras minorías”, añade la ONG.
El Tribunal Penal Internacional (TPI) abrió una investigación sobre posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán desde el 1 de mayo de 2003 por todas las partes implicadas: talibán, Estado Islámico, fuerzas gubernamentales afganas, así como el Ejército y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. La Administración Trump rechazó cualquier intento de examinar presuntos crímenes atribuidos a personal estadounidense e impuso sanciones a jueces y fiscales del TPI.
En octubre de 2025, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió crear un mecanismo de investigación independiente para Afganistán, con el mandato de recopilar, consolidar, preservar y analizar pruebas de crímenes internacionales —tanto pasados como en curso— cometidos por todas las partes, además de preparar expedientes que faciliten futuros procesos judiciales.
“Estados Unidos y los demás países que participaron en la guerra de Afganistán deberían investigar y procesar adecuadamente los presuntos crímenes de guerra cometidos por sus fuerzas, así como ofrecer una reparación apropiada a las víctimas de abusos y a sus familias”, ha concluido Gossman.