El Consejo de Ministros italiano ha respondido a las protestas que desde hace días se suceden en el país con la aprobación este martes de un nuevo decreto de “seguridad juvenil”, duramente criticado por la oposición. La norma permite a partir de ahora aplicar a los menores de edad la figura de la detención preventiva, hasta el momento reservada únicamente a los adultos, e introduce además el delito de “participación violenta en manifestaciones”.
El Ejecutivo llevaba meses tratando de hacer extensiva la detención preventiva a los menores, pero “con el decreto de hoy, la normativa entra en vigor de forma inmediata”, ha explicado Meloni a la ciudadanía italiana en una intervención difundida en redes sociales. Desde ahora, las fuerzas de seguridad podrán retener en comisaría a jóvenes menores de 18 años durante un máximo de 12 horas, incluso sin que hayan cometido un delito, siempre que existan indicios de que suponen una amenaza.
En cuanto al nuevo tipo penal, se establece que cualquier individuo que “dentro de un grupo de cinco personas o más” comience a “tirar piedras, palos, o cualquier cosa que ponga a la gente en peligro” podrá enfrentarse a penas de hasta “cinco años de cárcel y hasta 20.000 euros en multas”.
Meloni ha resumido el espíritu del decreto con una frase: “Quien la hace la paga, y si no, que lo paguen sus padres” y, aunque afirma entender las reivindicaciones de quienes se manifiestan, sostiene que sus “incomodidades” no pueden convertirse en “una coartada para la violencia”, que, a su juicio, solo refuerza esas mismas quejas y “no representa una solución”.