El Ejecutivo italiano ha dado luz verde este jueves a un decreto que prohíbe el uso del burka y el niqab en todos los centros educativos del país, introduce la obligación de cursar gratuitamente clases de italiano para quienes no dominen la lengua y fija un límite del 30% al número de alumnos sin ciudadanía y con carencias formativas en cada aula.
La primera ministra, Giorgia Meloni, lo ha comunicado a través de sus perfiles en redes sociales, subrayando que la norma aprobada por el Consejo de Ministros incorpora además “más recursos para aprender nuestra lengua”.
La jefa del Gobierno ha respaldado unas “medidas de sentido común que no dividen, sino que ayudan a integrar de verdad, evitando las clases-gueto y ofreciendo a todos los alumnos las mismas oportunidades”.
“Esta es la dirección que queremos seguir: una educación que integre sin renunciar a las normas, que apoye a quienes tienen más dificultades y que permita a todos partir desde el mismo punto”, ha añadido la mandataria.
El texto veta expresamente el uso de estos dos velos islámicos —el burka cubre por completo cuerpo y rostro, mientras que el niqab, también integral, deja visibles únicamente los ojos— y contempla sanciones económicas de entre 200 y 1.000 euros para quienes incumplan la prohibición, que recaerán en los padres o tutores si la persona que lo porta es menor.
Las mismas cuantías se aplicarán a quienes no asistan al curso gratuito de italiano dirigido a quienes no manejan el idioma. Con esta iniciativa, el Gobierno pretende convertir el aprendizaje del italiano en una “gran herramienta de integración”, según ha destacado el ministro de Educación, Giuseppe Valditara.
Según datos difundidos por la agencia ANSA, actualmente funcionan en Italia alrededor de 34.000 clases en las que más del 30% del alumnado ha nacido en el extranjero, una situación que el Ejecutivo de Meloni quiere corregir. No obstante, el decreto contempla excepciones, por ejemplo, ligadas al domicilio del estudiante.
En cualquier caso, el umbral del 30% se aplicará de forma distinta en función de si se trata de centros de Primaria o de Secundaria. En las escuelas primarias, el criterio afecta a los alumnos sin ciudadanía italiana que no hayan nacido en el país o que no hayan completado al menos dos años de educación prescolar, mientras que en la enseñanza secundaria se circunscribe a quienes no hayan superado con éxito al menos tres años de escolarización.