Más de 1.400 personas han perdido la vida en Haití entre abril y junio de 2026 a consecuencia de la violencia desatada por las pandillas. Naciones Unidas ha alertado este miércoles de que esta espiral criminal se está “extendiendo geográficamente” por el país, justo cuando las autoridades redoblan su ofensiva contra estos grupos en Puerto Príncipe, la capital.
En su último informe, la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH, por sus siglas en francés) sitúa en al menos 1.408 los asesinados y en 656 los heridos durante el segundo trimestre del año. Aunque estas cifras suponen un descenso cercano al 14% respecto a los tres meses anteriores, la ONU advierte de que esta “modesta” caída “oculta realidades muy diferentes según las regiones”.
Según detalla la BINUH, “más de la mitad son atribuidos a las pandillas”, mientras que “alrededor de un 40%” se produjeron en el marco de operaciones de las fuerzas de seguridad haitianas y un cinco por ciento se vinculan con grupos de autodefensa y episodios de “justicia popular”.
“Estas cifras demuestran que la población sigue pagando un precio inaceptable por la violencia”, ha señalado el máximo representante de la ONU en Haití, Carlos Ruiz Massieu, en un comunicado que acompaña al informe.
En paralelo, esta misma semana bandas armadas llevaron a cabo un ataque en Kenscoff, en las afueras de Puerto Príncipe, que dejó 47 fallecidos, entre ellos 22 personas que fueron “ejecutadas” dentro de una iglesia donde se habían refugiado.
La presión sobre las pandillas desplaza el foco de la violencia
La oficina integrada advierte de que, aunque las operaciones de seguridad “han reducido la actividad de las pandillas en algunas partes del área metropolitana de Puerto Príncipe, especialmente en Delmas y Tabarre”, esta “presión” ha provocado en muchos casos un “desplazamiento” de la violencia hacia otras zonas en vez de su eliminación.
Es lo que ocurre en la llanura de Cul-de-Sac y la comuna de Ciudad Soleil, en la capital, donde bandas rivales han mantenido enfrentamientos “de extrema violencia” por el control territorial y de actividades ilícitas. Estos choques han causado 463 muertes, además de cientos de personas “heridas o violadas” y “más de 18.000 residentes” obligados a abandonar sus hogares.
El informe atribuye parte de esta intensidad “a las operaciones de seguridad llevadas a cabo en otras partes de la capital, que han empujado a miembros de pandillas hacia la Llanura del Cul-de-Sac”, una zona considerada “estratégica” por su ubicación en dos ejes clave que conectan el puerto de contenedores de Puerto Príncipe y la terminal petrolera de Varreux con el norte del país.
Fuera de la capital, la ONU constata que las pandillas “han seguido ganando terreno”. El documento cita el caso de Artibonite, una relevante región agrícola del noroeste, donde grupos armados han irrumpido en distintas localidades, asesinando a vecinos en sus viviendas y a campesinos mientras trabajaban en sus tierras.
También se han detectado nuevas incursiones más al sur por parte de la pandilla Village de Dieu en torno a Séguin, un área que hasta ahora se había mantenido en gran medida al margen de esta violencia. Para la BINUH, estas acciones “podrían reflejar un deseo de encontrar nuevas fuentes de ingresos, especialmente controlando las carreteras que llevan al puerto de Marigot”.
Riesgos y abusos en la respuesta armada del Estado
El análisis de Naciones Unidas subraya que “mientras las autoridades intensifican su campaña, los civiles también se ven atrapados en las operaciones destinadas a desalojar a las pandillas”.
En este contexto, la BINUH señala que “más de 800 personas han muerto o resultado heridas” durante el trimestre en el marco de intervenciones de las fuerzas de seguridad, en las que se ha recurrido incluso al uso de drones explosivos por parte de una fuerza especial gubernamental integrada por policías haitianos y miembros de una empresa militar privada extranjera.
De ese conjunto de víctimas, al menos 95 “no tenían ningún vínculo con las pandillas”, advierte el informe, que además recalca que la ONU “no ha recibido ninguna información que indique que las autoridades hayan abierto investigaciones sobre los muertos y heridos causados durante las operaciones de seguridad, incluidas las que involucran a la empresa militar privada”.
La violencia documentada por la BINUH evidencia que el reto en Haití “ya no consiste únicamente en recuperar barrios de Puerto Príncipe”, puesto que las pandillas “se adaptan a la presión, buscan nuevos territorios y nuevas fuentes de ingresos, mientras que los métodos utilizados contra ellas ponen a los civiles en riesgo”.
La referencia de la Oficina de Naciones Unidas a una “empresa militar privada” podría apuntar a Vectus Global, creada por el fundador de la controvertida Blackwater, Erik Prince, y que en 2025 firmó un acuerdo de colaboración con las autoridades haitianas.
En marzo de 2026, la ONG Human Rights Watch (HRW), al denunciar las muertes causadas por drones en operaciones del Ejecutivo haitiano, identificó a una de estas “empresas privadas” que coopera con el Gobierno como Vectus Global, que dispone de licencia para la exportación de servicios de defensa en el país, tal y como confirmó el embajador de Estados Unidos en Haití, Henry Wooster.