El Consejo de la UE, en representación de los gobiernos, y el Parlamento Europeo han definido este miércoles las líneas maestras de sus respectivas posturas de cara a la reforma normativa que busca intensificar la lucha contra las drogas, con un foco especial en reforzar la supervisión de los precursores de diseño. Se trata de sustancias químicas empleadas para fabricar estupefacientes ilegales y que apenas cuentan con usos considerados legítimos en los ámbitos de la investigación y la innovación.
Los Veintisiete han aprobado en esta misma jornada su mandato de negociación, mientras que el del Parlamento Europeo se validará previsiblemente la próxima semana, siempre que no se presenten objeciones durante el pleno. Una vez superado ese trámite, podrán comenzar formalmente las conversaciones entre ambas instituciones como colegisladores.
En el caso de los Estados miembro, sus representantes plantean que las compañías de fuera de la Unión que pretendan comercializar precursores legales en el Mercado Interior estén obligadas a nombrar un único representante dentro de la UE. Esta figura será la encargada de solicitar en su nombre las licencias necesarias para la venta y de asumir la responsabilidad plena del cumplimiento de las exigencias fijadas por la normativa comunitaria.
Las capitales reclaman, además, la creación de un sistema informático único y centralizado para la gestión de los datos preliminares de importación, conectado con el nuevo centro de datos aduaneros de la UE. También apuestan por precisar las definiciones de precursores y por incorporar nuevas categorías cuando proceda, con el fin de evitar que marcos jurídicos fragmentados y conceptos divergentes entre Estados miembro deriven en un trato desigual a determinados productos.
Desde la Eurocámara, los eurodiputados se inclinan por vetar las sustancias diseñadas específicamente para sortear los controles de drogas, siempre que se contemplen excepciones para el ámbito de la investigación. Asimismo, respaldan que las plataformas de comercio electrónico dispongan de mecanismos para verificar a los vendedores y retirar los anuncios que no se ajusten a las normas vigentes en la UE.
Los negociadores del Parlamento Europeo reclaman igualmente que se notifiquen las operaciones sospechosas y los robos relacionados con precursores de drogas que no figuren en la lista oficial, al tiempo que defienden que la actividad investigadora y la innovación queden salvaguardadas mediante exenciones y la aplicación de tasas reducidas.