La Justicia de Bolivia ha dictado este viernes prisión domiciliaria para el exministro de Hidrocarburos y Energías Mauricio Medinaceli, cesado en abril y arrestado a mediados de esta semana por supuestas irregularidades en la compra e introducción en el mercado de gasolina presuntamente adulterada, en el proceso conocido como gasolina “basura”.
El Juzgado Sexto Anticorrupción de La Paz ha fijado para Medinaceli una fianza de 100.000 bolivianos (algo más de 7.300 euros) y le ha vetado el acceso a las instalaciones del Ministerio de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y otras instituciones implicadas en la causa, según informan el diario “El Deber” y la cadena Unitel.
Además, el exministro tendrá que acudir semanalmente a la Fiscalía para someterse a un control biométrico. Durante la vista de este viernes, tras su detención por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, se ha declarado “no culpable”.
“Yo estoy a cargo de mi madre, que tiene casi 80 años y tiene una fractura de cadera, tiene una prótesis. En ese sentido, yo no la puedo dejar abandonada porque yo soy el único que la sustenta. Es lo que quisiera añadir a la defensa (sustentada por) mi abogado y declararme inocente”, ha señalado.
La Fiscalía había solicitado para él seis meses de prisión preventiva, alegando que el exministro “omitió disponer la adopción de medidas extraordinarias de coordinación y supervisión institucional para suspender la continuidad de la distribución del combustible observado, exigir la implementación inmediata de controles integrales de calidad y coordinar con YPFB y ANH la ejecución de acciones destinadas a evitar la persistencia de la comercialización de combustible”.
La orden de arresto se dictó después de que un informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados de Bolivia señalara a Medinaceli, junto a otros responsables, como presunto implicado en la distribución de combustible adulterado, que habría dañado a más de 70.000 vehículos hasta junio, de acuerdo con datos de YPFB citados por la cadena boliviana UNITEL.
A comienzos de abril, el Gobierno boliviano dejó sin efecto los contratos de suministro de gasolina con las comercializadoras de materias primas Vitol y Trafigura por supuestos problemas de calidad del carburante, decisión que llegó tras una huelga de transportistas del servicio público en La Paz y El Alto por las averías provocadas en los vehículos por la gasolina adulterada.