Un tribunal de Uganda ha dictado este miércoles la pena de muerte contra dos antiguos informantes de las fuerzas de seguridad por su implicación en un plan para impulsar ataques con explosivos en junio de 2025, una cadena de acciones que dejó dos víctimas mortales. En el mismo procedimiento se sienta en el banquillo un teniente coronel del Ejército, acusado de liderar la trama con el objetivo de alertar a sus mandos sobre la amenaza de atentados en el país.
La corte ha impuesto la máxima condena a los dos procesados, identificados como Hamza Lyavale y Hamid Walusansa, después de que ambos se declararan culpables de los cargos vinculados a estos hechos, entre ellos su participación en la entrega de los artefactos explosivos que finalmente fueron utilizados en los ataques.
El presidente del tribunal, Richard Tukacungurwa, ha defendido que se trata de uno de los pocos supuestos en los que la pena capital debe aplicarse con un efecto ejemplarizante. “La pena de muerte está justificada”, ha señalado, según informa el diario ugandés ‘Nile Post’.
“Los dos condenados entregaron de forma intencionada las bombas a las dos víctimas. Participaron directamente en misiones suicidas falsas y, tras la primera, aceptaron voluntariamente participar en la segunda”, ha añadido el magistrado, subrayando que, pese a la severidad del fallo, los sentenciados conservan el derecho a recurrir.
La primera víctima, Sumaya Byaruhanga, perdió la vida el 3 de junio de 2025 tras la detonación del explosivo que, según la investigación, le fue entregado por los acusados. La segunda fallecida, Azatu Sawiya, murió tiroteada por las fuerzas de seguridad unas dos semanas más tarde, después de recibir igualmente material explosivo de manos de los ahora condenados.
“Se trató de acciones que los condenados planearon, idearon y ejecutaron, a sabiendas de que tales operaciones provocarían la muerte de civiles inocentes”, ha remarcado el tribunal en su resolución contra los dos exinformantes, que colaboraban con las autoridades desde el seno de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), grupo vinculado a Estado Islámico.
Lyavale y Walusansa comparten proceso con el teniente coronel del Ejército Ephraim Byaruhanga, señalado por la Fiscalía como el ‘cerebro’ de la operación a raíz de sus desavenencias con la cadena de mando. Según los fiscales, su objetivo era promover estos ataques para infundir temor y convencer a los altos cargos de la fiabilidad de la información que estaba suministrando.