Un juez federal de Estados Unidos ha paralizado este martes en todo el territorio nacional la decisión de la Administración de Donald Trump que autorizaba los arrestos en tribunales de inmigración y eliminaba el límite máximo de tiempo de detención por supuestas infracciones migratorias. El fallo también afecta a las condiciones de reclusión de los migrantes en la oficina regional del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) en San Francisco.
“El tribunal concluye que cada una de las políticas impugnadas es arbitraria y caprichosa, lo que contraviene la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés)”, ha señalado el juez de distrito Norte de California Casey Pitts, que ha dado la razón a los demandantes y ha emitido una resolución que “anula íntegramente las políticas impugnadas”.
En una resolución de más de 70 páginas, el magistrado sostiene que “las pruebas presentadas ante el tribunal demuestran que el ICE y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) no han proporcionado explicaciones razonadas de sus acciones”.
“Durante 80 años, el Congreso ha ordenado a las agencias federales que reflexionen antes de actuar. Esta instrucción, codificada en la Ley de Procedimiento Administrativo no exige que una agencia tome la decisión que un tribunal revisor considere preferible. Sin embargo, sí exige que, como mínimo, proporcione razones sólidas para seguir el curso de acción elegido”, ha recordado Pitts, subrayando que las autoridades no cumplieron con este estándar mínimo.
Entre las medidas ahora anuladas figura la práctica de efectuar detenciones en los propios tribunales de inmigración, instaurada bajo el mandato de Trump y que permitía a agentes federales arrestar a personas que acudían a vistas ante jueces de inmigración. Esta forma de proceder fue objeto de duras críticas por parte de la oposición demócrata y de organizaciones de defensa de los derechos civiles.
El juez ha razonado que el “ICE no está arrestando a personas que comparecen por infracciones penales o civiles 'no relacionadas' con el arresto, sino que está arrestando a extranjeros basándose en las mismas infracciones migratorias por las que comparecen ante el tribunal de inmigración”, cuestionando así la justificación oficial de estas actuaciones.
Asimismo, el fallo considera ilegal la eliminación del límite temporal de detención, que facultaba al ICE a retener a los migrantes durante más de 12 horas, al entender que vulnera las garantías de la Quinta Enmienda de los detenidos, sometidos a “condiciones de confinamiento punitivas”.
Tras conocerse la resolución, el asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), James Percival, ha salido en defensa de las directrices impugnadas y ha acusado al juez Pitts de incurrir en “un activismo judicial desnudo al servicio de una agenda antiestadounidense de fronteras abiertas”.
La decisión del tribunal del Norte de California se produce poco más de un mes después de que el también juez federal Peter Kevin Castel, del distrito sur de Nueva York, restableciera en la ciudad más poblada del país las estrictas limitaciones de la Administración de Joe Biden para efectuar arrestos en juzgados de inmigración. Tras aquel fallo, el Departamento de Justicia admitió haberse amparado por “error” en esa resolución para justificar estas detenciones.