Un tribunal federal de apelación de Estados Unidos ha dado este martes la razón a la Administración de Donald Trump al dejar sin efecto la orden provisional de una jueza que impedía al Gobierno presionar a funcionarios estatales y locales para que descartaran ciertos votos y advirtiera de posibles acciones penales vinculadas a las elecciones de mitad de mandato.
El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito ha aceptado en la misma jornada electoral la petición del Departamento de Justicia para frenar la orden dictada el pasado viernes por la jueza de distrito Trina Thompson, que prohibía al Ejecutivo de Trump “amenazar” o “intimidar” a los funcionarios encargados de la administración electoral.
Según detalla la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, Thompson había vetado de forma temporal que los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional exigieran a los responsables electorales de cualquier estado que “separen las papeletas, eliminen votantes de los padrones electorales ni detengan el procesamiento de las mismas”.
La magistrada actuó tras una demanda presentada por una coalición de sindicatos y organizaciones de derechos civiles, entre ellas la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, que sostienen que la actuación del Gobierno vulnera la Ley de Derecho al Voto y supone una “intromisión inconstitucional en el control estatal sobre la administración electoral”.
El conflicto se origina en una operación de cotejo de datos impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional, que cruza los censos de votantes estatales con bases de datos federales. Diversos funcionarios electorales denuncian que los listados de presuntos no ciudadanos elaborados por este Departamento carecen de fiabilidad.
La Administración defiende que esta estrategia pretende evitar que personas sin ciudadanía participen en los comicios. En este contexto, el Gobierno ha advertido de que podría procesar a los funcionarios electorales por “no hacer lo suficiente para prevenir el voto ilegal”.