Era junio de 2006, José Luis Rodríguez Zapatero marcaba la agenda con su política social y había superado el ecuador de su primera legislatura en la Moncloa. De todo ello, levantaba acta RTVE, que cada día entraba en el hogar de millones de españoles y que paralelamente estaba de estreno. Pero su novedad no llegó en el prime time, sino vía BOE: la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal. Una regulación impulsada por el gobierno socialista, e inspirada en la de países vecinos como la BBC, que ahora cumple dos décadas.
La aprobación de la norma transformó por completo el modelo de gestión del ente público, y sobre el papel, trató de establecer mecanismos para alejar la influencia directa del Ejecutivo. Entre otras cuestiones, hasta ese momento, el director general de RTVE era designado directamente por el Gobierno de turno, una fórmula que durante décadas había sido objeto de críticas por parte de la oposición, asociaciones profesionales y organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
En cuanto al Consejo de Adminstración, introdujo la aspiración de una composición paritaria y profesionalizó la figura del consejero al fijar para todos ellos régimen de dedicación exclusiva (con su correspondiente retribución). Además, definió una cuota para los sindicatos CCOO y UGT, cada uno con un asiento reservado.
El Parlamento gana protagonismo
Uno de los pilares fundamentales de la ley fue trasladar parte del control de RTVE desde el Gobierno hacia las Cortes. El Consejo de Administración comenzó a ser designado por el Congreso y el Senado. Esto supuso un cambio relevante porque la legitimidad de la dirección pasaba a depender de acuerdos parlamentarios y no exclusivamente del Ejecutivo. Aunque en la práctica la elección sigue descansando sobre la misma mayoría que respalda al Gobierno y la polémica perdura con cada reforma.
Sin ir más lejos, el pasado mes de abril, la mayoría del PP en el Senado aprobó la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de RTVE. Durante el debate parlamentario, la senadora del PP Cristina Díaz defendió que esta iniciativa no nacía "de la voluntad de cuestionar la libertad profesional de los periodistas" de la Corporación.
Según la senadora, "durante los gobiernos de Pedro Sánchez, se ha ido alejando de la función que la ley le encomienda". "El pluralismo ha derivado en sesgo, la frontera entre información y opinión se ha borrado, la neutralidad se ha quedado en un simple postureo. La información ha degenerado en propaganda", añadió Díaz.
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Las cuentas, a escena
La reforma no solo abordó cuestiones editoriales o institucionales. RTVE arrastraba entonces una deuda multimillonaria que comprometía seriamente su viabilidad financiera y sobre la que tanto la oposición, como los socios de Gobierno habían advertido.
Por ello, la ley fue acompañada de un proceso de saneamiento económico destinado a garantizar la sostenibilidad de la corporación. Aquella reorganización abrió además la puerta a futuras reformas sobre el modelo de financiación, como la eliminación de la publicidad convencional en los canales de RTVE que llegaría en 2009.
Los Consejos de Informativos
Otra de las derivadas de la reforma fue el fortalecimiento de los mecanismos internos. En ese contexto, nacieron los Consejos de Informativos, aunque su creación no dependió exclusivamente de la ley, sino que fue una consecuencia implícita del nuevo modelo de organización.
Este Consejo rechaza la decisión del Gobierno de volver a dejar a @rne fuera de la cobertura de un viaje oficial del Presidente Pedro Sánchez, en este caso a la India. La dirección de esta casa no nos ha respondido sobre los motivos de esta lamentable exclusión. pic.twitter.com/4gfDODx5Vq
— Consejo de Informativos RNE (@CdiRNE) February 16, 2026
Hablamos de órganos integrados por periodistas de la propia casa encargados de velar por el cumplimiento de los principios de independencia, pluralismo y rigor informativo, y que desde su nacimiento han protagonizado numerosos pronunciamientos públicos denunciando injerencias políticas o defendiendo la autonomía profesional de los trabajadores de RTVE.
objeto de deseo
Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero necesitaron menos de una semana desde su llegada a la Moncloa para designar a un nuevo director general al frente de la radiotelevisión pública estatal. Con algo más de calma se lo tomó Mariano Rajoy, que tardó seis Rajoy en intervenir.
Más prisa tuvo Pedro Sánchez, quien apenas tres semanas después de acceder a la Presidencia del Gobierno, en junio de 2018, dedicó su primer real decreto-ley como jefe del Ejecutivo a activar el proceso de renovación de la cúpula de la corporación pública.
