La lucha por asegurarse la mayoría absoluta en el Senado en la próxima legislatura ha empujado a los bloques de izquierda y derecha a negociar acuerdos, conscientes del peso estratégico que ha adquirido la Cámara Alta. Su control puede resultar determinante en la renovación de varios magistrados del Tribunal Constitucional y de otros órganos, en la eventual aplicación del artículo 155 y en el ritmo de tramitación de las leyes.
PSOE, Frente Amplio y otras fuerzas de izquierda han cerrado un pacto para concurrir de forma conjunta en 47 circunscripciones del Senado. Por su parte, PP y Vox continúan analizando fórmulas para articular listas coordinadas a la Cámara Alta de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.
En la legislatura recién concluida, el PP ha disfrutado de mayoría absoluta en el Senado, mientras que en el Congreso la mayoría recaía en el PSOE y sus aliados. Este reparto de fuerzas se ha traducido en un refuerzo del control parlamentario, la puesta en marcha de varias comisiones de investigación, el veto y la ralentización de determinadas iniciativas legislativas del Gobierno e incluso en diversos choques institucionales entre ambas Cámaras.
Ante este escenario, los dos bloques han interiorizado el valor estratégico del Senado y han puesto en marcha alianzas con el objetivo de dominar la Cámara Alta durante los próximos cuatro años.
Un papel político hasta ahora secundario
Tradicionalmente, el impacto político del resultado en el Senado se consideraba limitado. No participa en la elección del presidente del Gobierno y su papel en la elaboración de las leyes no es definitivo, ya que las enmiendas o modificaciones que aprueba pueden ser revertidas por el Congreso, que conserva la última palabra.
Sin embargo, la mayoría absoluta del PP ha convertido en esta legislatura al Senado en un “contrapeso” al Gobierno, poniendo de relieve su capacidad para vetar leyes, alargar la tramitación de normas sensibles como fue la amnistía o condicionar la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar.
El Senado también resulta clave para activar el artículo 155 de la Constitución, como se vio en el caso de Cataluña en 2017. El Ejecutivo debe remitir un proyecto a la Cámara Alta, que ha de debatirlo y aprobarlo por mayoría absoluta; sin ese aval, el Gobierno no puede adoptar medidas al amparo de dicho precepto constitucional.
En legislaturas anteriores, el Senado tenía además un papel determinante en la aprobación del llamado techo de gasto, ya que podía vetarlo y forzar al Ejecutivo a presentarlo de nuevo. No obstante, en este mandato el Ministerio de Hacienda ha suprimido la facultad de la Cámara Alta para bloquear ese límite de gasto.
Claves en los órganos constitucionales y otras competencias
Uno de los principales motivos por los que se disputa el control del Senado es su participación en la designación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, cuya renovación sigue pendiente en la actual legislatura.
Para elegir o renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional que dependen del Senado se exige una mayoría de tres quintos (3/5) de los miembros de la Cámara. De este modo, si uno de los bloques alcanzara 160 escaños podría llevar a cabo esas designaciones de forma autónoma.
El Tribunal de Cuentas es otro órgano en el que el Senado tiene un papel decisivo, al elegir a seis de sus doce consejeros, igualmente con mayoría de tres quintos. Además, la Cámara Alta interviene en la aprobación de tratados o convenios internacionales y en las reformas de los estatutos de autonomía.
Entre las competencias del Senado figura también la posibilidad de crear comisiones de investigación. El PP ha aprovechado su mayoría absoluta en esta legislatura para impulsar hasta siete investigaciones parlamentarias.
Asimismo, el Senado dispone de capacidad para modificar su Reglamento interno, fijar criterios sobre el uso de las lenguas cooficiales dentro de la institución, orientar políticamente el debate sobre la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) y ejercer una mayor influencia en la gestión de los Presupuestos de la propia Cámara.