Ayuso acusa a dirigentes del PSOE de tener intereses económicos en Marruecos y pone en cuestión la posición de Sánchez sobre Ceuta

No existe un procedimiento parlamentario único para modificar la política exterior española hacia Marruecos. La dirección corresponde al Gobierno; las Cortes pueden controlarla, promover un cambio y, cuando intervienen tratados o leyes, adoptar decisiones con efectos jurídicos. La vía adecuada depende de si se pretende cambiar una posición diplomática, revisar un acuerdo internacional o modificar las normas que sustentan una actuación.

1. Promover un cambio de posición política

Para pedir una rectificación de la orientación diplomática, el instrumento más directo en el Congreso es una proposición no de ley: una propuesta que solicita al Gobierno determinada actuación, pero que no modifica por sí misma su política ni tiene fuerza de ley.

Los artículos 193 a 195 del Reglamento del Congreso establecen este recorrido:

• Presentación: un grupo parlamentario registra una propuesta con las actuaciones que solicita respecto de Marruecos.
• Admisión y publicación: la Mesa decide sobre su admisibilidad y su tramitación ante el Pleno o la comisión competente, atendiendo a la voluntad del proponente y a la importancia del asunto.
• Enmiendas: los grupos pueden proponer cambios hasta seis horas antes del comienzo de la sesión correspondiente.
• Debate y votación: intervienen el proponente y los demás grupos; después se vota el texto con las enmiendas aceptadas.

Su aprobación expresa una posición parlamentaria y aumenta la presión política sobre el Ejecutivo. No equivale a una orden jurídicamente ejecutable de cambiar las relaciones diplomáticas.

2. Exigir explicaciones y debatir una alternativa

Otro camino es presentar una interpelación, una pregunta de alcance político general sobre los motivos o propósitos de la actuación gubernamental. En el Congreso se registra por escrito ante la Mesa y se debate en el Pleno conforme a los artículos 180 a 184.

La interpelación puede desembocar en una moción: una propuesta mediante la cual la Cámara fija su posición después del debate. Debe ser congruente con la interpelación y se debate y vota siguiendo las reglas de las proposiciones no de ley. Tampoco sustituye una decisión del Gobierno.

Además, los diputados pueden formular preguntas orales o escritas. La comisión correspondiente puede solicitar la comparecencia del ministro para una sesión informativa. Estas vías permiten esclarecer compromisos, objetivos y consecuencias de la relación bilateral; su función es de control, no de autorización general de la política exterior.

3. Revisar un tratado o cambiar una ley

Si el cambio afecta a un tratado internacional con Marruecos, la cuestión deja de ser únicamente una declaración política. Los artículos 154 a 160 del Reglamento regulan la intervención del Congreso en los tratados.

Cuando el acuerdo pertenece a los supuestos que requieren autorización parlamentaria previa, el Gobierno debe solicitarla a las Cortes. En este procedimiento intervienen Congreso y Senado. Las discrepancias entre ambas cámaras se intentan resolver mediante una comisión mixta. Para la denuncia de un tratado —la actuación dirigida a dejar de estar obligado por él— se sigue el procedimiento previsto para prestar el consentimiento.

Si se pretende modificar una ley, debe utilizarse el procedimiento legislativo correspondiente. Una proposición no de ley no puede reformar normas ni alterar por sí sola obligaciones internacionales.

4. Qué vía elegir

Para pedir un giro diplomático: proposición no de ley o interpelación seguida de moción. Para conocer y fiscalizar decisiones: preguntas y comparecencias. Para cambiar compromisos jurídicos: procedimiento de tratados o reforma legislativa. La distinción decisiva es entre instar políticamente al Gobierno y adoptar un acto con efectos jurídicos.

El presidente del Gobierno dirige y coordina la acción gubernamental en política exterior, pero la Constitución no le atribuye un poder exclusivo sobre las relaciones internacionales. Su posición resulta de combinar el artículo 97, que encomienda al Gobierno la dirección de la política exterior, con el artículo 98.2, que atribuye al presidente la dirección de ese Gobierno. Debe ejercerla respetando las funciones del Rey y las competencias de las Cortes Generales.

Dirección política y coordinación

El artículo 97 establece: «El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado». La competencia corresponde, por tanto, al Gobierno, no únicamente a su presidente.

El artículo 98.2 precisa que «El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión». De ambos preceptos deriva su capacidad para orientar las prioridades internacionales y coordinar a los ministros, sin sustituir sus competencias ni eliminar su responsabilidad.

Además, conforme al artículo 100, propone al Rey el nombramiento y separación de los miembros del Gobierno, incluido el ministro responsable de Asuntos Exteriores.

Relación con las funciones del Rey

Debe distinguirse la dirección política de la representación institucional. El artículo 56.1 atribuye al Rey «la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales». Esto no desplaza la dirección gubernamental prevista en el artículo 97.

Según el artículo 63, corresponde al Rey acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos, manifestar el consentimiento del Estado para obligarse mediante tratados y, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. No son facultades que la Constitución atribuya personalmente al presidente.

El presidente interviene mediante el refrendo: el artículo 64 dispone que los actos del Rey serán refrendados por él y, en su caso, por los ministros competentes. Quien refrenda asume la responsabilidad del acto; no debe entenderse que todos los actos exteriores del Rey requieren exclusivamente la firma presidencial.

Tratados internacionales y límites

La dirección de la política exterior no permite al presidente comprometer al Estado al margen de los procedimientos constitucionales:

• Artículo 93: exige una ley orgánica para autorizar tratados que atribuyan a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución.
• Artículo 94: requiere autorización previa de las Cortes para tratados políticos, militares, que afecten a la integridad territorial o a derechos y deberes fundamentales, impliquen obligaciones financieras o necesiten cambios legislativos. De los restantes deben ser informados inmediatamente el Congreso y el Senado.
• Artículo 95: un tratado contrario a la Constitución exige reformarla previamente. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras pueden consultar esa contradicción al Tribunal Constitucional.
• Artículo 96: los tratados válidamente celebrados y publicados integran el ordenamiento interno; su denuncia sigue el procedimiento previsto en el artículo 94.

Control parlamentario

La política exterior está sometida a control parlamentario. El artículo 108 establece la responsabilidad solidaria del Gobierno ante el Congreso. Los artículos 109 a 111 permiten a las Cámaras pedir información, reclamar comparecencias y formular preguntas e interpelaciones.

En definitiva, el presidente ejerce el liderazgo político y la coordinación de la política exterior, pero no concentra todas sus decisiones: comparte el marco constitucional con el Gobierno, la Corona y las Cortes. Puede consultarse el articulado en el texto constitucional del BOE.

Antes de convertirse en presidenta de la Comunidad de Madrid en agosto de 2019, Isabel Díaz Ayuso desarrolló su carrera principalmente en el PP madrileño, combinando comunicación política, trabajo parlamentario y una etapa como viceconsejera del Gobierno regional. Su trayectoria fue progresiva: comenzó en tareas de asesoramiento y comunicación, obtuvo un escaño en la Asamblea y asumió responsabilidades en el partido hasta ser elegida candidata a la Presidencia.

Primeros pasos: periodismo y comunicación política

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en medios de comunicación y en actividades de marketing y comunicación antes de consolidar su dedicación política. Esos antecedentes profesionales ayudan a entender el peso que tuvieron después las redes sociales y la comunicación digital en sus primeras responsabilidades dentro del Partido Popular.

Se incorporó al PP a mediados de la década de 2000, vinculada inicialmente a Nuevas Generaciones. En 2006 comenzó a trabajar como asesora de comunicación de Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Posteriormente se integró en el entorno político de Esperanza Aguirre y desarrolló tareas de comunicación para el PP madrileño, según el perfil de El Confidencial.

Responsabilidades en el Partido Popular

Durante los años siguientes, Ayuso se especializó en comunicación digital y redes sociales. Dirigió el área digital del PP de Madrid y también asumió responsabilidades de comunicación digital en el ámbito nacional del partido. Además, presidió el Comité de Afiliaciones del PP madrileño.

En las elecciones autonómicas de 2015 dirigió la campaña digital de Cristina Cifuentes. Estas funciones muestran que, antes de convertirse en una figura de primera línea institucional, buena parte de su trabajo se concentró en la organización partidaria y en la comunicación electoral. Esta etapa aparece recogida en los perfiles de El Español y AS.

Diputada en la Asamblea de Madrid

En 2011 concurrió a las elecciones autonómicas en la candidatura del PP y accedió posteriormente a la Asamblea de Madrid para cubrir la vacante dejada por Engracia Hidalgo. Ese fue el comienzo de su trayectoria como representante parlamentaria autonómica.

Renovó su escaño en 2015 y fue portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular. Con ello, su actividad dejó de estar centrada únicamente en el asesoramiento y la comunicación: pasó también a desempeñar responsabilidades de representación y coordinación parlamentaria. Su biografía institucional recoge estos cargos previos a la Presidencia.

Viceconsejera y portavoz del PP madrileño

En septiembre de 2017, Cristina Cifuentes la nombró viceconsejera de Presidencia y Justicia. Fue su principal responsabilidad ejecutiva antes de presidir la Comunidad. Ocupó el puesto hasta mayo de 2018, cuando cesó tras la reorganización del Gobierno regional posterior a la dimisión de Cifuentes.

En 2018 ejerció como secretaria de Comunicación y, desde mayo, como portavoz del PP de Madrid. Esta etapa reforzó su presencia pública como representante del partido, después de haber acumulado experiencia en comunicación, en la Asamblea y en el Ejecutivo autonómico.

La candidatura de 2019

El 11 de enero de 2019, Pablo Casado la designó candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid para las elecciones del 26 de mayo. El PP quedó segundo, por detrás del PSOE, pero alcanzó un acuerdo de gobierno con Ciudadanos y obtuvo el apoyo parlamentario de Vox.

Ayuso fue investida en agosto y tomó posesión el 19 de agosto de 2019. Culminaba así una trayectoria previa asentada en tres ámbitos: comunicación política, representación parlamentaria y gestión autonómica.