El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha subrayado que ningún representante de los poderes del Estado debería “descalificar o cuestionar las decisiones del Constitucional ni de ningún otro tribunal”, remarcando que la independencia del Poder Judicial debe ser preservada sin fisuras.
En una entrevista publicada este domingo en ‘El País’, recogida por Europa Press, y tras el reciente aval del TC a la amnistía del delito de malversación que afecta a dirigentes del 'procés' como el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha insistido en la relevancia institucional del órgano que preside. “Quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución y quien cuestiona la Constitución está cuestionando la democracia”, ha sostenido.
Conde-Pumpido ha defendido la actuación del tribunal en torno a la ley de amnistía, recordando que durante el 'procés' el Constitucional anuló normas como la ley de transitoriedad y la del referéndum, además de respaldar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en línea con su función de control de constitucionalidad.
En relación con la amnistía, ha explicado el itinerario seguido por el TC: “Una vez aprobada por el Parlamento una ley de amnistía, estamos obligados a que esa norma se aplique de acuerdo con su interpretación constitucional. Es lo que ha sucedido. Primero resolvimos que la ley es constitucional. Luego respondimos algunas cuestiones planteadas por los tribunales. Finalmente, algunos ciudadanos alegaron a través de recursos de amparo que no se les había aplicado correctamente la norma y que esto suponía una vulneración de tres derechos fundamentales. Y nosotros, en el ámbito de nuestra jurisdicción, hemos manifestado que estas personas no deben quedar fuera de esta norma aprobada por el Parlamento”.
El presidente del TC ha justificado el otorgamiento de amparo a los condenados por malversación vinculada al proceso independentista catalán, al considerar que la excepción contenida en la ley de amnistía se refiere a supuestos de corrupción en los que el dinero público se desvía para el enriquecimiento personal. “Un supuesto que aquí no ocurre”, ha precisado.
Sobre la posible vuelta a España de Carles Puigdemont, ha indicado que será el Tribunal Supremo quien determine cómo aplicar la doctrina constitucional a cada uno de los beneficiarios de la amnistía. Según ha apuntado, el alto tribunal ya ha empezado a adoptar decisiones tras conocer la sentencia del Constitucional y, a su juicio, está actuando “con la máxima diligencia y celeridad”.
Conde-Pumpido ha recalcado asimismo que la Constitución establece con nitidez las competencias del Supremo y del Constitucional, y ha reiterado que este último es el garante último de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico español.
Preguntado por las habituales mayorías diferenciadas entre magistrados progresistas y conservadores en los asuntos de mayor carga política, el presidente del TC ha rechazado que ello refleje una polarización de la Justicia. Lo ha atribuido, en cambio, a la “pluralidad interna del tribunal”, que, según ha dicho, forma parte de su normal funcionamiento.
El magistrado ha negado que exista “lawfare” en España, aunque ha alertado sobre un fenómeno de “judicialización de la política” que, a su entender, provoca que controversias estrictamente políticas acaben trasladándose a los juzgados. “Cualquier debate político sobre cualquier cuestión se convierte en un proceso penal inmediatamente a través de unas organizaciones que se dedican a eso. Ese tipo de organizaciones no existen en el resto del mundo, y ningún país europeo admite que los partidos políticos puedan participar directamente en los procesos penales. Los legisladores, con buen criterio, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, han hecho proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, ha señalado.
“LA CONSTITUCIÓN DEJA CLARA LA ESPAÑOLIDAD DE CEUTA”
En cuanto a Ceuta, Conde-Pumpido ha defendido que la Constitución “deja perfectamente clara” la españolidad de la ciudad autónoma y ha considerado que el llamado rechazo en frontera se ajusta al marco constitucional. “Toda persona que cruza ilícitamente la frontera desde África a la UE debe ser devuelta de manera inmediata, sin más trámites”, ha afirmado.
En la recta final de la entrevista, el presidente del TC ha evitado pronunciarse sobre si el Gobierno está obligado a presentar los Presupuestos Generales del Estado en el actual contexto político, y ha precisado que el tribunal no se pronunciará sobre este asunto mientras continúe el proceso electoral.
Respecto al problema de la vivienda, ha indicado que se trata de una cuestión “manifiestamente política” y ha recordado que la competencia principal recae en las comunidades autónomas, aunque el Estado también ha ejercido las suyas mediante la Ley de Vivienda. Sobre esta norma, ha detallado que el Constitucional ya ha resuelto ocho recursos de inconstitucionalidad promovidos por distintos gobiernos autonómicos.