El Congreso decide si obliga a Sánchez a explicar la crisis migratoria de Ceuta

El Congreso decide si acepta la petición del PP para que Sánchez y varios ministros expliquen de urgencia la crisis migratoria de Ceuta y otros frentes abiertos.

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La Diputación Permanente del Congreso afrontará este miércoles el debate y la votación de la iniciativa registrada por el PP para que el presidente Pedro Sánchez sea citado de manera urgente a un Pleno extraordinario con el fin de ofrecer explicaciones sobre la crisis migratoria en Ceuta. La formación 'popular' reclamará igualmente la convocatoria de otros diez ministros, entre ellos los ocho que ya tienen fijada su comparecencia en comisión en la Cámara Baja para abordar esta misma cuestión.

En su petición, el PP exige la presencia inmediata de Sánchez para “informar sobre la gravísima situación que atraviesa Ceuta como consecuencia del incremento de las entradas ilegales de inmigrantes por vía marítima a través de Marruecos a raíz de la imposibilidad de aplicar los rechazos en frontera en ese ámbito; sobre las medidas que piensa adoptar para garantizar la integridad de las fronteras españolas y de la Unión Europea y el ejercicio efectivo de la soberanía nacional; así como para dar explicaciones sobre la política de cooperación del Gobierno con Marruecos en materia de control migratorio”.

Para que esta propuesta de los 'populares' salga adelante, será imprescindible que logre el respaldo o, al menos, la abstención de dos de los socios parlamentarios habituales del Ejecutivo. En caso de prosperar, la Mesa debería fijar una fecha para ese Pleno extraordinario antes del 1 de septiembre, momento en que se reanuda oficialmente el periodo ordinario de sesiones.

Además de Sánchez, el PP pretende que se convoque de urgencia a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; Migraciones, Elma Sáiz; Sanidad, Mónica García; Juventud e Infancia, Sira Rego; e Igualdad, Ana Redondo, para que se pronuncien específicamente sobre la situación en Ceuta.

Todos estos miembros del Gobierno ya tenían previsto comparecer en los próximos días a instancias del propio Ejecutivo, que registró sus solicitudes tras las exigencias de la oposición. Precisamente la programación de estas sesiones en el Congreso fue el argumento esgrimido por el Gobierno para rechazar las comparecencias que el PP intentó forzar en el Senado.

Igualmente, está fijada para este jueves la comparecencia en el Congreso del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a quien el PP quiere interpelar por el relevo de una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, que difundió en la web del organismo datos sobre la entrada masiva de inmigrantes antes de que el Ejecutivo hiciera públicos sus propios registros oficiales.

‘Caso Leire’, Guardia Civil y regularización de migrantes

Junto a estas peticiones, el PP reclama que el ministro del Interior acuda al Pleno para informar sobre el proceso de regularización extraordinaria de migrantes y que él mismo y la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparezcan conjuntamente para explicar la permanencia en sus puestos de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y de su director adjunto operativo (DAO), pese a su imputación en el “caso Leire”.

De forma paralela, los 'populares' solicitan una comparecencia extraordinaria de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, con el objetivo de que detalle la gestión de los graves incendios forestales registrados este verano y la decisión de prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, medida que ha recibido el respaldo de PP y Vox y el rechazo de Sumar y de buena parte de los socios del Gobierno de coalición.

Por último, el PP plantea que la Diputación Permanente llame a comparecer al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para explicar la novena modificación de la adenda del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de los Fondos Next Generation, aprobada a finales de julio, “y su impacto negativo en las previsiones y compromisos adoptados por el Gobierno, para generar un impulso transformador del tejido productivo, de la adaptación de nuestro territorio y del bienestar de las familias”.

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