El Tribunal de Cuentas ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a que “reflexione sobre la conveniencia de mantener el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN)”, a la vista de las conclusiones de su último examen sobre este ente público.
Esta petición se recoge en el Informe de fiscalización del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), referido a los ejercicios 2022 a 2024, en el que se revisan los retrasos en la formulación y rendición de sus cuentas, el grado de ejecución de las inversiones financiadas con los Fondos Next Generation y diversos aspectos de su gestión económico-financiera.
De acuerdo con el documento, el Organismo Autónomo Parques Nacionales “no ha completado su adaptación estatutaria y carece de una estructura organizativa formal”, lo que repercute en su funcionamiento, ya que “ha perdido sus competencias originarias” en la gestión directa de los Parques Nacionales, ahora en manos de las comunidades autónomas. Como elemento favorable, el Tribunal destaca que desde 2022 el organismo ha comenzado a desarrollar una planificación estratégica.
Entre 2021 y 2024, el OAPN recibió una asignación de 349,4 millones de euros en inversiones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), vinculadas al componente 04, destinado a la “Conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad”. De ese montante, 166,4 millones de euros se distribuyeron entre las comunidades autónomas para la ejecución de proyectos.
Pese a ello, el organismo no ha logrado gestionar con sus propios recursos humanos y materiales la totalidad de los fondos asignados, lo que ha obligado a redirigir 60,5 millones de euros al Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FRER), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Hasta 2024, el OAPN sólo había ejecutado directamente 68,7 de los 122,5 millones de euros que tenía encomendados, un dato que, según el Tribunal, evidencia su escasa capacidad para absorber y gestionar los recursos económicos que se le confían.
El informe también subraya que el OAPN “viene incumpliendo los plazos para la formulación, aprobación y rendición de sus cuentas desde 2021 debido a la falta de personal en el Servicio de Contabilidad, por lo que ha tenido que cubrir estas funciones con el personal propio de otros servicios y el ajeno del Grupo Tragsa”.
Aunque el órgano fiscalizador valora que el retraso en la remisión de la cuenta de 2024 se haya reducido de quince a seis meses, advierte de la existencia de “errores en los ajustes contables de sus resultados presupuestarios”, lo que pone de relieve debilidades en los procedimientos internos.
Entre los elementos favorables, el Tribunal resalta “el control de la contratación administrativa y su ajuste a una planificación anual”, si bien advierte de “un volumen elevado de encargos al Grupo Tragsa”, circunstancia que cuestiona “la suficiencia del personal propio del Organismo para cumplir con sus funciones”.
El análisis detecta igualmente carencias en la justificación y supervisión de las subvenciones al voluntariado concedidas por el OAPN entre 2020 y 2024. No obstante, se valora de forma positiva la puesta en marcha en 2025 de un nuevo servicio que “ha corregido las deficiencias en los procedimientos y actualmente revisa los expedientes de ejercicios anteriores para solicitar el reintegro de las ayudas no justificadas”.
En el ámbito de recursos humanos, el Informe detalla las “carencias existentes”, tras constatar que el 29,6% de los puestos de trabajo de la plantilla estaban vacantes, en un contexto en el que, a diez años vista, se prevé la jubilación del 63 % del personal. Además, el organismo mantiene una fuerte dependencia de los medios propios del Grupo Tragsa, hasta el punto de que su personal externo duplica al de la plantilla propia.
Junto a estas observaciones, el Tribunal de Cuentas incorpora otras apreciaciones, en general favorables, sobre la labor de seguimiento del estado de la Red de Parques Nacionales y sobre la aplicación de los principios de sostenibilidad ambiental, transparencia y acceso a la información pública, igualdad de género y lucha contra el fraude.
El informe también recuerda que, a día de hoy, sigue pendiente el traspaso a Castilla-La Mancha de la gestión de los parques nacionales de Cabañeros y Tablas de Daimiel, ya que todavía no se ha alcanzado un acuerdo entre las administraciones implicadas para constituir la comisión interadministrativa encargada de pilotar la transferencia.
En conclusión, el Tribunal de Cuentas traslada al Ministerio la conveniencia de que “reflexione sobre la utilidad o conveniencia de mantener un organismo autónomo que ha perdido sus competencias originarias y que no cuenta con autonomía y capacidad suficientes para cubrir sus necesidades estructurales de medios personales y materiales”, abriendo así el debate sobre el futuro del OAPN dentro de la estructura administrativa estatal.