España progresa adecuadamente en digitalización y conectividad, pero presenta carencias a la hora de transformar esa capacidad tecnológica creciente en un verdadero motor de competitividad, inversión e innovación. En un sector que avanza extremadamente veloz, no hay tiempo que perder. Es ahora. Por ello, aprovechando que las urnas se volverán a abrir el próximo 29 de noviembre, la Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, pone deberes al Gobierno que depare el voto de los ciudadanos. Tareas tendentes a orientar las políticas públicas de la próxima legislatura y a establecer prioridades para el desarrollo de la economía digital.
En el documento Agenda Digital 2030 recogen diez propuestas agrupadas en cinco grandes prioridades: una política digital de país; infraestructuras para la economía digital; innovación y tecnología para transformar la economía; talento para la nueva economía digital, y una digitalización sostenible, segura y al servicio de las personas.
Las 10 medidas finales concretan esas líneas de actuación en una agenda para los próximos años.
Una agenda digital y menos trabas regulatorias
La primera propuesta consiste en aprobar una Agenda Digital para España 2030 con objetivos, presupuesto, responsables e indicadores. DigitalES plantea que la estrategia cuente con un mecanismo estable de coordinación y que incorpore desde el inicio la dimensión europea.
La asociación considera necesario que la política digital tenga continuidad y permita evaluar los resultados. La planificación también debe facilitar la coordinación entre las administraciones y la participación de los actores del sector en el diseño de las políticas públicas.
La segunda medida se centra en la simplificación normativa y la unidad del mercado digital. Requieren a revisar las obligaciones acumuladas, eliminar duplicidades y armonizar criterios. También piden que las nuevas normas se evalúen por su impacto sobre la inversión, la innovación y la competitividad.
El objetivo es reducir cargas que puedan dificultar la actividad empresarial y evitar que la aplicación de la regulación genere obligaciones redundantes. La agenda vincula este planteamiento a la necesidad de disponer de un marco regulatorio previsible y alineado con la dimensión europea del mercado digital.
Redes, centros de datos y nube: las condiciones para invertir
DigitalES sitúa las infraestructuras en el centro de su tercera propuesta. Para favorecer la inversión y el despliegue de redes, plantea crear una ventanilla única efectiva, digitalizar los permisos y las licencias y revisar las tasas y las condiciones de espectro.
La medida busca simplificar los procedimientos relacionados con el desarrollo de infraestructuras digitales. El documento también recoge, entre sus prioridades, la inversión en redes de última generación y la consideración de las telecomunicaciones como infraestructuras básicas en la planificación.
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La cuarta aspira a consolidar España como polo europeo de nube, centros de datos y capacidad de computación. Para ello, la asociación solicita coordinar la planificación digital y energética, agilizar el acceso a la red eléctrica y facilitar una capacidad de computación eficiente, resiliente y accesible.
El documento conecta así el desarrollo de estas instalaciones con la disponibilidad de energía y la planificación de las infraestructuras. La coordinación entre ambos ámbitos aparece como una condición para facilitar nuevos proyectos y ampliar la capacidad tecnológica.
IA, innovación y contratación pública
La quinta medida insta a acelerar la adopción de inteligencia artificial (IA), datos y tecnologías estratégicas. Sostienen que se deberían orientar las ayudas y el acompañamiento a resultados concretos, casos de uso y escalado de soluciones, además de facilitar el acceso a capacidad de computación y el aprovechamiento seguro de los datos.
La propuesta no se limita a impulsar la incorporación de nuevas herramientas: también busca que las iniciativas puedan desarrollarse y extenderse. La agenda incluye el apoyo a pymes y sectores estratégicos mediante financiación, asesoramiento y acceso a recursos de computación.
La sexta proposición vincula la inversión y la innovación con la contratación pública. La Asociación propone mejorar los incentivos y las ayudas, eliminar barreras al crecimiento empresarial y orientar la compra pública hacia criterios de innovación, calidad, seguridad e interoperabilidad.
Estiman que habría que aprovechar la capacidad de compra de las administraciones para impulsar soluciones tecnológicas. También recogen la necesidad de facilitar el acceso a fondos públicos mediante convocatorias coordinadas y previsibles, documentación simplificada y plazos de resolución y pago.
Un pacto para formar y retener talento digital
La séptima prioridad es acordar un pacto por el talento digital. Con este objetivo, instan a adaptar la Formación Profesional, la universidad y la formación continua a las necesidades empresariales, así como reforzar la formación dual, las microcredenciales, las vocaciones vinculadas a la ciencia y la tecnología y la recualificación profesional.
Por añadidura, la Agenda incorpora la adopción racional de la inteligencia artificial en la educación y la formación. La actualización de los itinerarios formativos y el aprendizaje a lo largo de la vida forman parte de las medidas con las que la asociación quiere responder a las necesidades de la economía digital. El planteamiento abarca tanto la preparación de nuevos profesionales como la actualización de las competencias de quienes ya trabajan.
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Ciberseguridad, protección de los usuarios y transición verde
La octava propuesta plantea construir un marco coordinado de ciberseguridad basado en riesgos. Entre las medidas figuran evitar obligaciones y notificaciones redundantes, reforzar la seguridad de las cadenas de suministro y apoyar a las pequeñas y medianas empresas.
La novena medida se centra en garantizar una digitalización inclusiva, accesible y segura. DigitalES propone reducir las brechas digitales, reforzar las competencias, proteger a los menores, mejorar la accesibilidad y combatir el fraude mediante responsabilidades coordinadas.
La décima y última propuesta vincula la digitalización con la transición verde. El documento plantea impulsar la eficiencia energética, la digitalización de la energía, la economía circular y la mejora continua de la huella de las redes y de la capacidad de computación.
Con estas diez medidas, la Asociación reúne en una misma agenda actuaciones regulatorias, inversiones en infraestructuras, innovación empresarial, formación y protección de las personas. La propuesta busca orientar las decisiones de la próxima legislatura hacia una economía digital más competitiva, con una política digital coordinada y una mayor integración de la tecnología en la actividad económica y los servicios.