El Tribunal de Cuentas ha propuesto la disolución de diez fundaciones ligadas a partidos políticos que, a comienzos de 2024, figuraban sin actividad alguna. Entre ellas se encuentran tres entidades vinculadas al PSOE, y el órgano fiscalizador también ha constatado la quiebra de la Fundación Ramón Rubial, asociada al Partido Socialista de Euskadi.
Estas conclusiones se recogen en el Informe de fiscalización de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones públicas, correspondiente al ejercicio 2023 y recién aprobado por el Tribunal de Cuentas.
En el caso del PSOE, las fundaciones que continuaban inscritas pero sin desarrollar actividad eran la Fundación Ideas para el Progreso, la Carlos Chivite (PSOE de Navarra) y el Centre d'Estudis i Desenvolupament Gabriel Alomar (PSOE de Baleares). En una situación similar se encontraban dos entidades vinculadas a Ciudadanos (Asociación Cataluña Constitucional y Fundación Cívica Liberal), la Fundación Eduardo Obregón (del Partido Regionalista de Cantabria) y la Fundación Horacio Fernández Inguanzo (del PCE de Asturias).
Cinco fundaciones con patrimonio negativo
El informe, recogido por Europa Press, detalla además que existían cinco fundaciones con patrimonio neto negativo, a las que el Tribunal de Cuentas, presidido por Enriqueta Chicano, insta a ajustar su gestión económica y a diseñar un plan de saneamiento.
Encabeza este grupo la Sociedad Fundación Elkartu, ligada a Eusko Alkartasuna, con un saldo negativo de 626.640,28 euros. Junto a ella figuran la socialista Ramón Rubial (-30.107 euros), la Eduardo Obregón (-26.603 euros), la Carlos Chivite (-365,98 euros) y la Fundación Canaria Centro de Estudios Canarios del Siglo XXI (-34 euros).
El documento también menciona que la socialista Fundación Pablo Iglesias formalizó en 2023 un acuerdo de renegociación de préstamos y de aportación a la dotación fundacional con el PSOE, por un total de 2.554.556,80 euros. Gracias a esta operación, logró corregir su situación de desequilibrio patrimonial, pasando de un patrimonio neto negativo de 2.259.212,04 euros al inicio de 2023 a uno positivo de 257.277,22 euros al cierre del ejercicio.
Retrasos en la presentación de cuentas y falta de inscripción
Entre las principales conclusiones, el informe subraya que solo 15 de las 37 fundaciones y entidades revisadas en 2023 remitieron sus cuentas anuales dentro del plazo legal. Otras 18 las presentaron fuera de tiempo y cuatro ni siquiera llegaron a hacerlo, lo que ha impedido su fiscalización.
El Tribunal de Cuentas también destaca que únicamente 22 entidades estaban inscritas en la sección específica del Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, tal y como exige la normativa. Ante esta situación, recomienda que la inscripción sea un requisito obligatorio para poder acceder a subvenciones públicas.
La fiscalización cifra en 4,7 millones de euros el total de aportaciones y donaciones privadas recibidas por estas fundaciones en 2023, mientras que las subvenciones públicas alcanzaron los 2,1 millones de euros.
Con carácter general, el Tribunal de Cuentas verifica el cumplimiento de “la regularidad contable de las aportaciones y de las donaciones”, así “como de los límites y requisitos previstos”. Sin embargo, detecta en algunos casos, tanto en donaciones privadas como en subvenciones públicas, vulneraciones de la normativa y gastos que no resultan subvencionables.
En estos supuestos, el órgano fiscalizador comunicará las incidencias a las administraciones que concedieron las ayudas, a fin de que inicien, en su caso, el procedimiento de reintegro correspondiente.
Deficiencias en transparencia y nuevas recomendaciones
En materia de transparencia, el informe constata que 14 fundaciones y entidades políticas no habían difundido en su página web las cuentas anuales de 2023 ni las conclusiones del informe de auditoría, incumpliendo así las obligaciones legales vigentes.
El documento incorpora un total de siete recomendaciones. Entre ellas, plantea fijar un umbral mínimo de ingresos a partir del cual las fundaciones y entidades vinculadas a partidos deban someterse de forma obligatoria a auditoría externa y remitirla al Tribunal de Cuentas. Asimismo, sugiere establecer una cuantía mínima a partir de la cual las donaciones de personas jurídicas deban notificarse obligatoriamente, y recuerda la necesidad de que estas entidades adecúen su actividad al cumplimiento de sus fines fundacionales.