El Congreso de los Diputados retomará esta semana la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, una norma que prevé impedir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años y que se debatirá en ponencia este martes en la Comisión de Justicia.
Los grupos parlamentarios ya celebraron una primera ponencia antes de las vacaciones de verano, y entonces fuentes del PSOE señalaron que salían "satisfechos" por el "acuerdo entre las formaciones de la mayoría progresista de la Cámara y al haber incorporado las enmiendas y transaccionales socialistas a la nueva ley".
Entre las propuestas registradas, PSOE y Sumar pactaron impedir el acceso a redes sociales que incluyan "contenidos dañinos para la infancia y adolescencia" a quienes no hayan cumplido los 16 años.
El articulado centra la atención en la responsabilidad de las grandes plataformas digitales, que deberán acreditar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que no recurren a diseños adictivos, que no exponen a los menores a contenidos o comportamientos perjudiciales, que salvaguardan su privacidad y que ponen a su disposición herramientas eficaces frente a contactos no deseados.
En todo caso, el proyecto establece que, para acceder a aquellas plataformas que cuenten con la autorización de la CNMC, los menores de 16 años necesitarán también el consentimiento expreso de sus progenitores o de sus tutores legales.
Mediante enmiendas, los socios del Ejecutivo han añadido además la inclusión en el Código Penal de la manipulación de algoritmos destinada a amplificar contenido dañino. De este modo, se considerará delito que una plataforma o servicios intermediarios utilicen sus algoritmos para potenciar contenidos lesivos, entre ellos los que incitan al suicidio o a la autolesión, el material de abuso sexual infantil, los deepfakes sexuales o los mensajes de odio.
Igualmente, se prevé que los directivos que conozcan este efecto y no intervengan puedan ser perseguidos penalmente, y se añade que desobedecer una orden de retirada de contenidos ilícitos, ya sea judicial o administrativa, acarreará también responsabilidades penales.
En una entrevista reciente con Europa Press, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, subrayó que han hecho "un esfuerzo" desde el Gobierno por "situar la responsabilidad donde corresponde", en "las grandes plataformas" y no sobre las familias.
"Esto no puede seguir siendo la ley de la selva. Por tanto, son las plataformas, son las redes sociales las que tienen que garantizar que el entorno es seguro y por tanto el límite lo tienen que gestionar ellos, no las familias. Es decir, nosotras lo que abogamos es por limitar el grado de acción de las grandes plataformas, de las tecnológicas y de los caudillos digitales", insistió.
Aunque Rego se declara "partidaria de hablar de regulación más que de prohibición", matizó que "mientras todo esto se ordena", deben ser "más exigentes a la hora de que los niños y niñas accedan al entorno digital" para protegerles de unas plataformas que, según alerta, operan en una "ley de la jungla".
Junto a la prohibición, la ministra defiende también "mecanismos de pedagogía, de acompañamiento a través de la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros para familias, para el entorno familiar" y la existencia de "alternativas a los entornos digitales".
Según precisó, "no se trata" de decir un "no radical" a los entornos digitales ni de "ir a posiciones maximalistas de rechazo" sino de "que haya una garantía absoluta de que el entorno digital es seguro para niños y niñas, a medida que van madurando y van entrando". "Que sea un proceso gradual, un proceso acompañado y un proceso con garantías", remarcó.
Contexto europeo y medidas en otros países
En paralelo al avance de esta ley en el Parlamento español, el pasado 16 de septiembre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó una iniciativa para prohibir el uso de redes sociales a los menores de 13 años en toda la Unión Europea y permitir su acceso con limitaciones hasta los 15.
Ese acceso restringido se articulará mediante "mini cuentas, instaladas y vigiladas por los padres", con ajustes específicos en las plataformas que aseguren un uso limitado, según detalló. Además, los adolescentes de 15 a 18 años podrán utilizar estos servicios a través de un diseño adaptado que las plataformas deberán ofrecer para garantizar una navegación con un modelo de seguridad reforzada.
"Soy consciente de que el poder de los gigantes tecnológicos parece abrumador e imposible de revertir. Y no estoy de acuerdo. No tenemos que aceptar funciones adictivas y no tenemos que aceptar que los niños sean expuestos a contenidos cada vez más extremos", afirmó Von der Leyen, tras recordar el caso de Oléa, una niña belga de 14 años víctima de 'bullying online' que se suicidó el mes pasado.
Asimismo, el Parlamento de Francia dio luz verde este verano, de forma definitiva, a la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años, una medida que se aplicará de manera gradual desde el inicio del curso escolar hasta el 1 de enero de 2027. La ley, promovida por el Gobierno de Emmanuel Macron, incluye también la prohibición del uso de teléfonos móviles en los institutos.