Los decretos leyes de vivienda se someterán este jueves, 12 de noviembre, a su votación definitiva en la Diputación Permanente del Congreso, justo después de la huelga general y en la antesala del inicio oficial de la campaña electoral, que comenzará a las cero horas del viernes 13.
Como ocurre con cualquier decreto ley, las normas están vigentes desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que en este caso tuvo lugar el pasado 7 de octubre. No obstante, la Constitución exige que el Congreso los convalide o los derogue en un plazo máximo de treinta días.
Al estar las Cortes disueltas por el adelanto electoral, es la Diputación Permanente, único órgano parlamentario que permanece activo tras la disolución, la que asumirá la responsabilidad de decidir si respalda o tumba estos textos.
La fecha fijada para adoptar esta resolución es este jueves, 12 de noviembre. Además de los decretos de vivienda, está prevista la comparecencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que informará sobre la planificación de la red de energía eléctrica hasta 2030.
Más adelante, la Diputación Permanente tendrá que volver a reunirse para pronunciarse sobre otros decretos que siguen pendientes de votación en el Congreso: uno con medidas de protección social y laboral, otro con ayudas a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) y un tercero, aprobado este mismo martes, destinado a conceder apoyos a familias monoparentales.
Dos decretos de vivienda con distinto respaldo
En el capítulo de vivienda, se trata de dos decretos diferenciados: uno recoge un paquete amplio de medidas para intervenir en el mercado ante la escalada de precios y el otro introduce cambios en el anterior para obligar al propietario a abonar una compensación económica al inquilino si decide rescindir el contrato de alquiler.
El Ejecutivo trató de sacar adelante ambas normas a comienzos de octubre, pero se topó con el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN, que sumaban una mayoría absoluta de 178 escaños en los dos decretos. A ello se añadió el voto en contra del PNV y de Coalición Canaria al decreto que regulaba la indemnización al inquilino.
El derribo de estos decretos desembocó en el adelanto electoral al 29 de noviembre. Tras la disolución de las Cortes, el Gobierno optó por aprobar de nuevo los textos introduciendo ligeros cambios para que no fuesen idénticos, con la particularidad de que ahora se someterán a la Diputación Permanente, donde sí dispone de apoyos suficientes para sacar adelante, al menos, el decreto general de medidas.
Este órgano está compuesto por 69 diputados. El bloque de izquierdas reúne 34 escaños, repartidos entre PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, formación que representa al completo al Grupo Mixto, frente a los 34 que suman PP, Vox y Junts.
En este escenario, la posición decisiva corresponde al PNV, que cuenta con un representante en la Diputación. Los nacionalistas vascos ya han avanzado que, igual que hicieron antes del adelanto electoral, respaldarán el decreto más amplio y votarán en contra del segundo.
De esta forma, el decreto que incluye la prohibición de desahucios, límites a la actuación de los fondos 'buitre' en la compra de vivienda y bonificaciones fiscales tanto para propietarios como para inquilinos podrá salir adelante con 35 votos a favor y 34 en contra. El segundo decreto, centrado en la indemnización a los inquilinos, no reúne mayoría suficiente para ser convalidado.
Préstamos de 50.000 euros y blindaje frente a desahucios
Entre las medidas del primer decreto figura el mecanismo “Tu Casa”, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que prevé préstamos de hasta 50.000 euros para la adquisición de primera vivienda, con una dotación total de 10.000 millones de euros.
Junto a esta línea del ICO, se crea un fondo de impacto social dotado con 400 millones de euros para impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales, al tiempo que se endurecen las condiciones para la compra especulativa por parte de los fondos 'buitre', ampliando su definición y ajustando las excepciones respecto al texto anterior.
Asimismo, el primer decreto recoge la prohibición de ejecutar desahucios sobre personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030 y contempla una prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028.
En cuanto al segundo decreto, el texto establece que, una vez superados los cinco años de alquiler (siete si el propietario es una persona jurídica), el contrato se prorrogue automáticamente otros cinco años y, en caso de que el casero quiera poner fin al arrendamiento, se abone al inquilino una indemnización equivalente a un año de renta.