El Pleno del Congreso ha tumbado este miércoles la Proposición No de Ley (PNL) registrada por Podemos con la que pretendía instar al Ejecutivo a dar luz verde de manera inmediata a la Ley de Familias. La iniciativa ha cosechado 177 votos en contra, 147 abstenciones y solo 19 apoyos.
El Partido Popular, Vox, PNV y Junts se han posicionado contra el texto al considerarlo “absurda” y “ridícula”. Así lo expresaron este martes durante el debate parlamentario de la PNL.
Estas formaciones reprocharon a la diputada de Podemos Ione Belarra que reclame ahora esta ley cuando fue ella misma quien impulsó originalmente la Ley de Familias en su etapa como ministra de Derechos Sociales, y cuando podría directamente “llamar a la puerta” del actual titular del departamento, Pablo Bustinduy, de Sumar.
En la PNL, a la que ha tenido acceso Europa Press, Podemos recuerda que el proyecto de Ley de Familias llegó por primera vez al Congreso en abril de 2023 y fue recuperado en marzo de 2024. Su objetivo es asegurar el reconocimiento jurídico y la conciliación de todos los modelos familiares, pero denuncia que su tramitación sigue bloqueada por las sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas, algo que califica de “estrategia de filibusterismo parlamentario”.
Para Podemos, resultaría “inaceptable e incomprensible” que “una iniciativa de tal importancia” acabe “olvidada en el cajón de la legislatura por segunda vez consecutiva”.
Durante la defensa de la PNL, la diputada de Podemos Noemí Santana insistió en la urgencia de contar con una Ley de Familias que no solo reconozca “la diversidad familiar” (familias “monomarentales, numerosas, ensambladas, reconstruidas o cuidadoras de personas dependientes”), sino que además las “proteja” de forma efectiva mediante apoyo institucional y medidas reales de conciliación.
La parlamentaria también reivindicó su propuesta de crear una prestación económica para cuidadoras principales ligada al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), modulada según el grado de dependencia de la persona atendida (100% para el grado 3, 70% para el grado 2 y 40% para el grado 1), una enmienda “que finalmente quedó fuera de las leyes de dependencia y discapacidad”.
“Queremos ese reconocimiento no sólo porque sea una palabra bonita sino que queremos que tenga una traducción económica y que permita a quienes dedican una parte de fundamental de su vida a cuidar puedan hacerlo con dignidad”, recalcó Santana.
Sumar presentó una enmienda al texto “para enfatizar que la responsabilidad de su aprobación se encuentra en manos” del Parlamento, subrayando que el Ministerio de Derechos Sociales ya ha cumplido su cometido. La diputada Jùlia Boada criticó el bloqueo ejercido por la oposición y respaldó el reconocimiento a las cuidadoras, defendiendo que reciban apoyo sin que ello suponga empujarlas a quedar atrapadas en las tareas domésticas, y apostando en su lugar por unos servicios públicos “robustos”.
Desde el PP, la diputada Sandra Moneo instó a las representantes de Podemos a que se “quiten la careta” porque “forman parte del bloque de investidura y no necesitan PNLs para que el señor Bustinduy apruebe una ley de familias”. Además, las acusó de usar las políticas sociales con fines electoralistas en lugar de plantear medidas “presupuestadas” y lamentó que, si la pobreza en España no fuese “tan grave”, la escenificación “llamaría a la carcajada más amplia”.
Por su parte, la diputada de Vox acusó a Podemos de pretender “destruir el concepto de familia para redefinirla según sus dogmas ideológicos” envolviéndolo en “algunas medidas buenas como la renta de crianza, o las que favorecen la conciliación, la atención temprana”. En su opinión, es “de locos inventarse 16 modelos distintos de familia”.
El PSOE reivindica derechos LGTBIQ+ y la memoria histórica
En nombre del PSOE, el diputado Lázaro Azorín compartió su experiencia personal como hombre homosexual y confesó su “miedo” ante los discursos de odio actuales, al tiempo que defendió la necesidad de seguir avanzando en derechos, igualdad y conciliación para todos los modelos de convivencia. También reivindicó la memoria histórica del colectivo LGTBIQ+, y elogió el trabajo de los creadores Javier Ambrossi y Javier Calvo por “rescatar” del silencio” historias como la de Federico García Lorca.
Desde el PNV, la diputada Nerea Rentería calificó de “absurda” la PNL de Podemos porque reclama al Gobierno la aprobación inmediata de la Ley de Familias cuando es el Parlamento quien tiene la competencia para tramitar y votar las leyes. Igualmente, acusó a Ione Belarra de incurrir en contradicción con sus “urgencias” después de haber tardado “más de tres años” en presentar la norma durante su etapa al frente del ministerio, y recordó que el actual parón del proyecto responde a la falta de una mayoría suficiente en la Cámara.
En la misma línea, la diputada de Junts Pilar Calvo definió la iniciativa de Podemos como un “recurso electoralista” y consideró “ridículo” que se exhorte al Ejecutivo a aprobar una ley que depende exclusivamente de las correlaciones de fuerzas en el Congreso. Además, acusó al Ministerio de Hacienda de bloquear de forma sistemática enmiendas sociales clave, como la ampliación de las ayudas CUME para familias con menores con enfermedades graves más allá de los 26 años o la reducción del IVA en productos de discapacidad, denunciando una “falta de empatía” hacia los colectivos más vulnerables.
Mientras, la diputada de EH Bildu Marije Fullaondo la Cruz respaldó el impulso a la Ley de Familias, pero advirtió de que si no ha salido adelante es porque “no existe mayoría suficiente” debido a “discrepancias” aún sin resolver. Defendió que la norma estatal no debe invadir competencias autonómicas y, tras confirmar que han negociado con el Ministerio enmiendas para blindar dichas competencias, reclamó “un esfuerzo” adicional de diálogo a todos los grupos para construir una mayoría viable.
También el diputado de ERC Jordi Salvador i Duch apoyó la iniciativa de Podemos para acelerar la Ley de Familias, que considera “urgente”, aunque expresó su “escepticismo” sobre su aprobación por los continuos retrasos. Además, exigió respeto pleno a las competencias de las comunidades autónomas y celebró la incorporación de las cuidadoras principales, reclamando para ellas un reconocimiento tanto jurídico como económico.