El Pleno del Congreso ha acordado este miércoles, sin ningún voto en contra, el suplicatorio solicitado respecto al diputado de Sumar Félix Alonso Cantorné, de modo que el Tribunal Supremo podrá investigarle por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la adjudicación de contratos durante su etapa como alcalde.
Según detalla el Alto Tribunal, aprecia “indicios de que durante el periodo” en el que el ahora parlamentario ejerció como primer edil de Altafulla (Tarragona), “y con su participación”, se llevaron a cabo adjudicaciones públicas mediante contratos menores, un mecanismo que, de acuerdo con el auto, se habría utilizado para “realizar contratos sin sujetarse a la legislación específica en la materia de contratación pública”.
Félix Alonso compareció de forma voluntaria ante el Supremo el pasado 15 de junio, donde defendió “la legitimidad de las contrataciones” y negó haber incurrido en irregularidades. Un mes después, el 14 de julio, el tribunal remitió el suplicatorio al Congreso para que se procediera a suspender su inmunidad parlamentaria.
Trámite en la Cámara Baja y votación a puerta cerrada
La Mesa del Congreso dio curso a la petición y la trasladó a la Comisión del Estatuto del Diputado, órgano encargado de efectuar un primer examen. Con el inicio del periodo ordinario de sesiones, la comisión abrió un plazo para que Alonso presentara sus alegaciones, pero el diputado optó por no ejercer ese derecho y renunció a formularlas.
La comisión, presidida por el dirigente del PP Manuel Cobo, acordó la pasada semana proponer la suspensión de la inmunidad de Alonso Cantorné y elevó su informe al Pleno, que este miércoles ha confirmado por unanimidad la concesión del suplicatorio. Tal y como fija el Reglamento de la Cámara, la votación se ha desarrollado a puerta cerrada, sin publicidad.
A partir de ahora, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dispone de un máximo de ocho días para comunicar formalmente la resolución a la autoridad judicial competente, recordándole la obligación de remitir a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y que afecten personalmente al diputado investigado.
Apoyo político de su grupo y matices sobre el caso
En Comuns ha reiterado su confianza en la integridad de Alonso Cantorné y en que logrará acreditar que siempre actuó “al servicio del interés general”. Fuentes de la coalición subrayan que el diputado ha colaborado con la Justicia “desde el primer momento”, acudiendo a declarar de forma voluntaria ante el Supremo el pasado mes de junio. Insisten asimismo en que el procedimiento que le afecta no se encuadra en un caso de corrupción, sino en una controversia de carácter estrictamente administrativo.
Segundo suplicatorio de la legislatura y antecedentes
El de Alonso Cantorné se convierte en el segundo suplicatorio tramitado en la presente legislatura. El anterior se aprobó en enero de 2025 y afectó al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, a quien el Tribunal Supremo pretendía investigar por supuestas irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la pandemia. Finalmente, el Alto Tribunal le impuso una condena de 24 años de prisión por su participación en el denominado “caso mascarillas”.
Hasta la fecha, el Congreso ha autorizado 34 suplicatorios y ha rechazado 14, dos de ellos relativos al mismo parlamentario. La última negativa de la Cámara se remonta a 1988 y se refería a un conflicto sobre el derecho al honor en el que estaban implicados el exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa), a raíz de la inclusión de sus fotografías en carteles del Ministerio del Interior.
En la legislatura anterior, el Congreso dio vía libre al Supremo para investigar al exdiputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación vinculados a contratos firmados cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres); a la expresidenta de Junts Laura Borrás, posteriormente condenada por fraccionar contratos en favor de un amigo durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC); y a Alberto Rodríguez, que entonces ocupaba un escaño por Podemos.
El Supremo condenó a Rodríguez por haber dado una patada a un agente de policía en una manifestación previa a su etapa como diputado. Se le impuso una multa y la inhabilitación para concurrir a elecciones, lo que supuso la pérdida de su escaño. Años después, el Tribunal Constitucional anuló la condena, aunque el parlamentario ya no pudo recuperar su acta.
En legislaturas anteriores, la Cámara autorizó el enjuiciamiento de tres diputados del PP —Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte— por haber dado positivo en controles de alcoholemia al volante, y también permitió investigar al ‘popular’ Jesús Merino en el marco del “caso Gürtel”. En cambio, el suplicatorio del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, quedó sin completar al producirse su dimisión.
Entre los suplicatorios concedidos figuran asimismo los del exministro socialista José Barrionuevo por el “caso GAL” y los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren, a raíz de los incidentes registrados en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas durante un acto presidido por los Reyes.