La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha arremetido contra el Tribunal Supremo después de que este haya rechazado el recurso del Ejecutivo para levantar la suspensión cautelar de la conocida como 'ley de nietos' de cara a las próximas elecciones generales, subrayando que en una democracia “el derecho al voto se garantiza, no se restringe”.
Con estas palabras, Saiz ha cuestionado la decisión del Alto Tribunal de mantener paralizada de forma cautelar la participación en los comicios de los españoles residentes en el extranjero que figuran en el censo gracias a la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, salvo que demuestren que son descendientes de exiliados.
Sobre la opción de que el Ejecutivo acuda al Tribunal Constitucional para intentar que todos estos ciudadanos puedan votar, la ministra portavoz ha evitado concretar pasos y se ha limitado a explicar que el Gobierno continúa estudiando en detalle la resolución del Supremo.
No obstante, fuentes del Ejecutivo apuntan a que serían los propios afectados quienes deberían plantear el recurso ante el TC, al considerar que son ellos quienes cuentan con la legitimación jurídica necesaria para impugnar la decisión.
El Gobierno acatará el fallo del Supremo
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes en La Moncloa, Saiz ha descrito la situación como una medida “que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, el derecho al voto” y, por tanto, “de extraordinaria gravedad”.
Aunque ha reiterado que el Gobierno discrepa del criterio del Supremo, también ha garantizado que respetarán el mandato judicial. “El Gobierno siempre acata las resoluciones judiciales”, ha afirmado, insistiendo en que siguen “en fase de análisis”.
Pese a esa voluntad de cumplir con la orden, fuentes gubernamentales subrayan la dificultad práctica de aplicarla por el escaso margen de tiempo existente hasta las elecciones generales del 29 de noviembre, y recuerdan que muchos de los electores que ahora quedarían excluidos sí participaron en las citas electorales de 2023 y 2024.
En este sentido, en el Ejecutivo señalan que resulta “complejísimo” proceder a la exclusión de estas personas del censo electoral y admiten que todavía no han definido el mecanismo concreto para hacerlo. Recalcan, en cualquier caso, que el Gobierno obedecerá el fallo, aunque aún estudia cómo materializarlo.
Desde Moncloa lamentan, además, lo que interpretan como una instrumentalización política del caso y responsabilizan a los partidos de la derecha de alimentar dudas sobre un sistema electoral que, sostienen, es plenamente garantista. Por ello, acusan a PP y Vox de recurrir a tácticas 'trumpistas' al cuestionar la limpieza del proceso electoral.