Feijóo, a Sánchez: "La corrupción es usted"

A 24 de junio de 2026, no constan nuevas leyes ni iniciativas legislativas en tramitación específicas sobre “investigaciones judiciales del PSOE”, pero sí existe un bloque muy relevante de comisiones de investigación parlamentarias, sobre todo en el Senado, que giran en torno a causas judicializadas o mediáticamente vinculadas al PSOE o a cargos socialistas. Las más activas son las comisiones sobre el llamado “caso Koldo” (contratos de mascarillas) y el “gran apagón”, ambas en tramitación efectiva en la Cámara Alta. En el Congreso hay iniciativas espejo o complementarias, pero varias han quedado congeladas o se han dejado morir, especialmente en materia de mascarillas y gestión de emergencias. Todo ello se enmarca en una “guerra de comisiones” entre PP y PSOE, más orientada al desgaste político que a producir conclusiones cerradas.

1. Ausencia de nuevas iniciativas legislativas específicas

Según la información parlamentaria consultada, no hay actualmente proyectos o proposiciones de ley en el Congreso o el Senado específicamente dedicados a las investigaciones judiciales que afectan al PSOE como partido o a sus dirigentes. Las iniciativas normativas relevantes en materia de justicia que aparecen en el contexto (por ejemplo, reformas de la Ley Orgánica 6/1985 o de la Ley 50/1981) ya han sido aprobadas y no se encuentran en tramitación, por lo que no forman parte del “estado actual” que preguntas.

El control político se está vehiculando sobre todo mediante comisiones de investigación y debates de control al Gobierno, no mediante nuevas leyes ad hoc sobre casos concretos.

2. Comisiones de investigación en el Senado: foco principal

2.1. Comisión sobre el “caso Koldo” y contratos de mascarillas

En el Senado está activa una comisión de investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del sector público relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre, conocida mediáticamente como parte de la Operación Delorme. Se centra en la contratación de material sanitario durante la pandemia y en la presunta trama de corrupción vinculada a este exasesor socialista.

Esta comisión:
– Está en fase de tramitación efectiva, con un calendario amplio de comparecencias y audiencias públicas durante 2025 y 2026.
– Se utiliza parlamentariamente para proyectar responsabilidades políticas sobre el PSOE y el Gobierno.
– Ha celebrado múltiples sesiones, con actas equivalentes a las recogidas en diarios de sesiones como las comisiones de investigación núm. 213, 524, 572 y 648 de la legislatura XV, consultables en el buscador del Congreso, por ejemplo: buscador de iniciativas del Congreso.

La actividad de esta comisión se puede seguir también a través de retransmisiones y comparecencias públicas, como la citada en YouTube sobre la comparecencia de un empresario en la comisión del Senado: directo de comisión en el Senado.

2.2. Comisiones sobre el “gran apagón” y la DANA

El Senado también acoge comisiones de investigación sobre el “gran apagón” del 28 de abril de 2024 y sobre la DANA e inundaciones de 2024, en las que el PP cuestiona la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque su objeto formal es la gestión de crisis energéticas o climáticas, se han convertido en espacios recurrentes para trasladar al plano político investigaciones judiciales y acusaciones de mala gestión que la oposición atribuye al Ejecutivo socialista.

En ambos casos, las comisiones del Senado se encuentran activas, con comparecencias y documentación en curso, según describe la prensa de análisis como El País. Desde el PSOE se denuncia que estas iniciativas se usan como “arma arrojadiza” y se desnaturaliza su finalidad de control.

3. Iniciativas paralelas o congeladas en el Congreso

En el Congreso existe una cierta duplicidad respecto a algunas comisiones del Senado:

– Gran apagón: comisión de investigación en trámite, impulsada por el PSOE y sus socios, con un enfoque más amplio hacia toda la cadena de responsabilidad (incluidas empresas privadas). No consta, en lo disponible, que haya concluido con un informe final.
– DANA: comisión gestionada por el PSOE que se encuentra de facto congelada o cerrada sin informe, lo que ha generado críticas de la oposición y de fuerzas como Compromís.
– Mascarillas / caso Koldo: la comisión de investigación equivalente en el Congreso se considera “moribunda” o disuelta, sin resultados políticos relevantes, mientras el foco se ha desplazado al Senado.

Esta asimetría forma parte de lo que varios medios describen como una “guerra de comisiones” entre PP y PSOE, con comisiones espejo que se abren o se dejan morir en función de la correlación de fuerzas en cada Cámara. El detalle de su registro y estado puede rastrearse en el buscador de iniciativas del Congreso y el buscador de iniciativas del Senado.

4. Casos judiciales sin comisión específica pero con impacto político

Además de estas comisiones formales, en debates de control y plenos se han utilizado otros casos en sede judicial para atacar al PSOE (por ejemplo, querellas contra cargos locales socialistas, investigaciones sobre la Diputación de Badajoz o la situación procesal de la esposa del presidente). Estas causas:

– Están sobre todo en la vía judicial (investigación o enjuiciamiento).
– No siempre tienen una comisión de investigación parlamentaria específica y activa en 2026.
– Se recogen, de forma agregada y desde una óptica muy crítica, en páginas como corrupcion-ppsoe.es o en informaciones de medios como Vozpópuli, pero su traducción institucional es básicamente el uso retórico en plenos y sesiones de control.

5. Marco constitucional y límites

Todo este entramado se apoya en el artículo 76 de la Constitución (comisiones de investigación) y en el artículo 117.3, que recuerda que la potestad jurisdiccional corresponde a jueces y tribunales. Es decir, las Cámaras pueden investigar políticamente, pero no suplantar ni condicionar la labor de los jueces. Esta tensión entre control político e independencia judicial está muy presente en la discusión pública y en informes de análisis parlamentario, como los recogidos por fundaciones y observatorios especializados.

En síntesis, el estado parlamentario actual de las investigaciones que afectan al PSOE se concreta en comisiones de investigación muy activas en el Senado (Koldo, apagón, DANA) y en comisiones incompletas o congeladas en el Congreso, con un uso fuertemente partidista por parte de PP y PSOE y sin grandes conclusiones definitivas aprobadas hasta la fecha.

El presidente del Gobierno es, según la Constitución Española, la máxima autoridad del poder ejecutivo y el responsable de dirigir la acción política general del país. Sus competencias se concentran en la dirección del Gobierno, la coordinación de los ministros, la relación con las Cortes Generales y la interlocución constitucional con el Rey. La Constitución distribuye estas atribuciones en varios preceptos (especialmente los artículos 97 a 100 y concordantes) que definen su papel como vértice del sistema parlamentario. A partir de ellos se derivan tanto facultades expresas como poderes implícitos ligados a su responsabilidad política ante el Congreso de los Diputados.

Dirección de la política interior y exterior (art. 97 CE)

El artículo 97 de la Constitución establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Dentro de ese Gobierno, el presidente ostenta la jefatura y, en la práctica, la dirección efectiva de esa política general. De este precepto se deduce que corresponde al presidente fijar las grandes orientaciones del programa político, priorizar reformas legislativas, coordinar la política económica, social y territorial y marcar la línea de acción exterior del Ejecutivo. Esa posición le convierte en el principal responsable político ante las Cortes de la línea general del Gobierno.

Dirección y coordinación del Gobierno (art. 98 CE)

El artículo 98 regula la estructura del Gobierno y atribuye al presidente su dirección. Le corresponde, por tanto, nombrar y separar a los ministros (previa propuesta y nombramiento formal por el Rey), distribuir o modificar las carteras y competencias ministeriales y decidir sobre la creación, supresión o reordenación de ministerios mediante la correspondiente normativa gubernamental. También actúa como coordinador de la labor de los distintos departamentos, presidiendo el Consejo de Ministros y marcando el orden del día político del Ejecutivo. En esa función, el presidente resuelve conflictos de competencias entre ministerios y asegura la coherencia de la acción gubernamental.

Relaciones con las Cortes Generales: investidura y responsabilidad (arts. 99 y 113 CE)

El artículo 99 describe el procedimiento de investidura y sitúa al presidente como figura central de la relación de confianza con el Congreso. El Rey propone un candidato a la Presidencia, que expone ante el Congreso su programa de Gobierno y solicita la confianza de la Cámara. La elección requiere mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en una segunda, lo que subraya la dependencia política del presidente respecto del Congreso de los Diputados. Una vez investido, la responsabilidad del Gobierno y, en particular, de su presidente se instrumenta a través de la moción de censura (art. 113) y la cuestión de confianza (art. 112), aunque estos preceptos no se citan en la pregunta, forman parte del bloque funcional de sus competencias.

El presidente debe someterse al control parlamentario ordinario mediante preguntas, interpelaciones y comparecencias ante el Pleno o las comisiones, informando sobre la acción del Gobierno. Esa rendición de cuentas es una dimensión esencial de su posición constitucional: dirige pero está sometido al escrutinio político constante de las Cortes Generales, especialmente del Congreso.

Relaciones con la Corona (arts. 62 y 64 CE)

Aunque la Constitución no enumera en un único artículo todas las relaciones entre el presidente y el Rey, varios preceptos las articulan. El Rey nombra y separa al presidente del Gobierno, a propuesta del Congreso, y nombra y separa a los demás miembros del Gobierno a propuesta de aquel (art. 62). Todos estos actos regios, como regla general, deben ser refrendados por el presidente del Gobierno o, en su caso, por los ministros competentes (art. 64), lo que implica que el presidente asume la responsabilidad política de gran parte de los actos del Jefe del Estado. El presidente, además, propone al Rey el disolución de las Cámaras o de alguna de ellas y la convocatoria de elecciones, decisión clave en el funcionamiento del sistema parlamentario.

Poder de propuesta y nombramiento en el ámbito institucional

La Constitución reconoce al presidente y al Gobierno facultades de propuesta y nombramiento en distintos órganos constitucionales y de relevancia institucional, aunque muchas de ellas se regulan en leyes orgánicas de desarrollo. Entre estas funciones se incluyen propuestas al Rey para ciertos altos cargos, iniciativas de nombramiento o cese de autoridades de la Administración y, en el plano político, la capacidad de impulsar proyectos de ley, normas reglamentarias y decisiones estratégicas del Estado. El presidente, como cabeza del Ejecutivo, concentra la iniciativa en la definición y ejecución de estas propuestas, que se someten a aprobación del Consejo de Ministros cuando así lo exige el ordenamiento.

Nombramiento, cese y continuidad del Gobierno (arts. 99 y 100 CE)

El artículo 100 establece que los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su presidente. Esta cláusula convierte al presidente en el verdadero “jefe de equipo” del Ejecutivo, con potestad para remodelar el Gobierno y ajustar su composición a las necesidades políticas. En cuanto al cese, la pérdida de la confianza parlamentaria, la dimisión o el fallecimiento del presidente determinan el cese del Gobierno en su conjunto, que permanece en funciones hasta la toma de posesión de un nuevo Ejecutivo. Durante ese período de interinidad, las competencias del Gobierno y de su presidente se ven limitadas a la gestión ordinaria, lo que refuerza el vínculo entre la figura presidencial y la plena capacidad de acción del Ejecutivo.

Otras facultades implícitas y derivadas

Más allá de las atribuciones expresas, del conjunto constitucional se derivan poderes implícitos del presidente como máximo portavoz político del Gobierno, interlocutor principal con las comunidades autónomas y la Unión Europea, y coordinador de la seguridad y la defensa nacional en el marco de los preceptos sobre estados de alarma, excepción y sitio. Todas estas facultades se ejercen, en última instancia, bajo el principio de responsabilidad política frente al Congreso de los Diputados, núcleo definidor de la Presidencia del Gobierno en el sistema parlamentario español.

Antes de liderar el Partido Popular a nivel nacional en 2022, Alberto Núñez Feijóo construyó una larga trayectoria como alto funcionario, gestor público y dirigente autonómico en Galicia dentro del propio PP. Empezó en la administración gallega en los años 80 y 90, dio un salto a la administración del Estado como máximo responsable del INSALUD y de Correos, y regresó después a la Xunta como conselleiro y vicepresidente. En 2006 pasó a liderar el PP de Galicia y en 2009 fue investido presidente de la Xunta, cargo que revalidó con mayorías absolutas en 2012, 2016 y 2020. Esa combinación de perfil técnico, hegemonía en Galicia y peso interno en el PP es la base de su salto a la presidencia nacional del partido.

Orígenes y primeros pasos en la administración

Alberto Núñez Feijóo nació en 1961 en Os Peares (Ourense) y es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Muy pronto orientó su carrera hacia la función pública: en 1985 ingresó en el Cuerpo Superior de la Administración de la Xunta de Galicia, tras aprobar la oposición en pocos meses, lo que consolidó un perfil de técnico de alto nivel vinculado al sector público. Según los perfiles biográficos recopilados en fuentes como Buscabiografias y la ficha del PP (Partido Popular), su imagen pública se construye desde entonces sobre la idea de seriedad y capacidad de gestión.

Etapa en la Xunta de Galicia y salto a la administración estatal

Su primera etapa destacada en la Xunta arranca en 1991 como secretario general técnico de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes. Pocos meses después pasa a la Consellería de Sanidad y Servicios Sociales, donde ejerce como secretario general. Entre 1992 y 1996 ocupa la vicepresidencia y secretaría general del Servizo Galego de Saúde (SERGAS), especializándose en gestión sanitaria.

Con la llegada de José María Aznar al Gobierno, Feijóo se traslada a Madrid. Entre 1996 y 2000 es secretario general de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y presidente del INSALUD, responsable de la sanidad pública en buena parte del territorio estatal. Posteriormente, entre 2000 y 2003, encadena cargos en Correos: primero consejero-director general y después presidente de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. Esta etapa, recogida en análisis como los de Nueva Economía Fórum y Política Electoral, lo consolida como gestor de grandes estructuras públicas, todavía con un perfil más técnico que partidista.

Regreso a Galicia: conselleiro, vicepresidente y líder del PPdeG

En 2003 Feijóo regresa a la política autonómica gallega como conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de la Xunta. Un año después, en 2004, es nombrado vicepresidente primero del Gobierno gallego, reforzando su proyección política más allá de la gestión técnica. Esta etapa de retorno a Galicia prepara su salto al liderazgo del Partido Popular de Galicia.

Tras la pérdida de la Xunta por parte del PP en 2005 y el fin de la era Fraga, el partido entra en un proceso de sucesión interna. En enero de 2006, Feijóo es elegido presidente del PPdeG en un congreso que cierra la pugna heredada entre distintas corrientes del fraguismo. Desde entonces se convierte en jefe de la oposición frente al gobierno bipartito PSdeG–BNG, reordenando la organización y proyectándose como alternativa, tal y como señalan varios perfiles políticos, entre ellos el de Politica Prosa.

Presidencia de la Xunta de Galicia: cuatro mayorías absolutas

En las elecciones autonómicas de marzo de 2009, el PPdeG liderado por Feijóo recupera la Xunta con mayoría absoluta. Es nombrado presidente de la Xunta el 16 de abril de 2009 y toma posesión el 18 de abril. A partir de ahí encadena tres reelecciones consecutivas con mayoría absoluta: 2012, 2016 y 2020, alcanzando así cuatro mandatos seguidos y igualando la marca histórica de Manuel Fraga, como destacan Antena 3 y Política Electoral.

Su presidencia se identifica con una línea de estabilidad fiscal, contención del gasto y un discurso de “gestor moderado”. En 2020, en plena pandemia, el PPdeG obtiene cerca del 48 % de los votos y una ventaja muy amplia sobre el BNG, consolidando a Feijóo como el “barón” autonómico más sólido del PP. Paralelamente, ejerce la presidencia del PPdeG desde 2006 hasta su salto definitivo a la política estatal en 2022.

Proyección estatal y peso interno en el PP antes de 2022

Aunque durante estos años concentra su poder en Galicia y no ocupa carteras ministeriales, Feijóo va ganando peso en la estructura nacional del PP como referente de éxito electoral y de perfil centrado. Su trayectoria y su círculo político se analizan, por ejemplo, en Demócrata, donde se subraya cómo consolida un equipo de confianza en el PP gallego que después le acompañará a Madrid.

A nivel parlamentario, las bases de datos institucionales lo señalan como autor con actividad tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, y se registra al menos un cargo concreto como vocal de la Diputación Permanente del Congreso, lo que indica presencia en la política estatal más allá de su rol autonómico. Sin embargo, su decisión reiterada es mantenerse en Galicia mientras Mariano Rajoy y, más tarde, Pablo Casado lideran el PP nacional, pese a que su nombre suena recurrentemente como posible relevo.

Situación inmediatamente previa a su elección como líder del PP

En 2020, tras su cuarta mayoría absoluta en Galicia, Feijóo se consolida como el dirigente territorial con mayor capital político dentro del PP. La crisis interna que estalla en 2022 y desemboca en la salida de Pablo Casado abre definitivamente la puerta a su salto a Madrid. En el XX Congreso Extraordinario del PP celebrado en Sevilla el 2 de abril de 2022, llega como candidato de consenso, respaldado en gran medida por su trayectoria gallega y su reputación de gestor eficaz forjada desde sus inicios en la administración y coronada por doce años al frente de la Xunta.