Feijóo contrapone sus encuestas al CIS y despeja porque el PP parece estancado en los sondeos

En este momento coexisten dos grandes vías de reforma del sistema de encuestas electorales en España: la del Gobierno, que usa la reforma de la LOREG para imponer más transparencia (microdatos y metodología) a todos los sondeos en campaña, y la del PP, centrada en cambiar la ley del CIS para restringir sus encuestas electorales y reforzar su independencia. Ninguna de las dos ha culminado todavía su tramitación parlamentaria: ambos textos están en fase de enmiendas en el Congreso. En paralelo, la Junta Electoral Central ha endurecido por vía de instrucciones el control de las encuestas realizadas por organismos públicos en período electoral, lo que de facto ya ha cambiado la práctica sin cambiar aún la ley. El debate político sigue muy vivo, especialmente alrededor del CIS y de la obligación de publicar microdatos.

1. Reforma de la LOREG impulsada por el Gobierno

El núcleo jurídico de la reforma lo constituye el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la LOREG, registrado en el Congreso con número de expediente 121/000063, cuyo plazo de enmiendas se ha ido ampliando y hoy está fijado hasta el 2 de septiembre de 2026, por lo que la iniciativa está aún en fase inicial de tramitación (ficha del proyecto).

Este proyecto viene precedido de un anteproyecto específico aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de abril de 2025, que ya anunciaba la reforma de la LOREG para, entre otros puntos, obligar a que las encuestas publicadas en campaña electoral hicieran públicos sus microdatos, según detalló el propio Gobierno en la referencia oficial (referencia del Consejo de Ministros) y recogió el periódico Demócrata en su análisis de ese Consejo (análisis del Consejo).

Posteriormente, el 15 de abril de 2025, el Ministerio del Interior difundió una nota en la que explicaba que el anteproyecto de reforma de la LOREG obligaría a:

• Celebrar al menos un debate electoral en medios públicos por campaña.
• Exigir que los sondeos publicados durante las campañas den acceso a sus ficheros de microdatos anonimizados, incorporando esta obligación al artículo 69 de la LOREG.

Todo ello con el objetivo de reforzar la transparencia y permitir que terceros puedan auditar los resultados de las encuestas (nota de Interior).

Demócrata ha detallado que la modificación del artículo 69 de la LOREG mantiene la obligación clásica de publicar ficha técnica, pero añade el deber de publicar los microdatos y la metodología completa en periodo electoral (reportaje sobre la reforma electoral). A día de hoy, esta reforma está políticamente impulsada (forma parte del Plan de Acción por la Democracia presentado por Pedro Sánchez) pero no ha sido aún aprobada por las Cortes.

Ese Plan de Acción por la Democracia, presentado en 2024, ya incluía la reforma de la LOREG para “establecer la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos y de la publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales”, según recogieron tanto Moncloa (acto de presentación) como el Ministerio de Presidencia (nota sobre el plan).

2. Proposición del PP para reformar la Ley del CIS

En paralelo a la vía gubernamental, el Grupo Popular ha presentado la Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/1995, de organización del CIS, para reforzar su independencia (expediente 122/000137), cuyo plazo de enmiendas también se ha ampliado hasta el 2 de septiembre de 2026 (ficha de la proposición).

El Pleno del Congreso tomó en consideración esta iniciativa en mayo de 2025, con 178 votos a favor y 167 en contra, según la nota oficial de la Cámara (nota de prensa del Congreso). Entre sus puntos más relevantes para el sistema de encuestas electorales:

• Modifica la disposición adicional sobre periodos electorales para que el CIS no pueda realizar ninguna encuesta de carácter electoral durante la campaña en el ámbito afectado.
• Introduce que, en estudios con intención de voto, el CIS no haga estimación de voto ni proyección de escaños, limitándose a datos más “brutos”.
• Refuerza los requisitos de independencia para la Presidencia y el Consejo Asesor y les da un papel de supervisión de los cuestionarios, en especial los de carácter político o electoral.

Esta línea de reforma se enmarca en un clima de fuerte politización del CIS y en la comisión de investigación abierta en el Senado sobre la gestión de José Félix Tezanos, analizada por Demócrata (información sobre la comisión del Senado). En esa comisión, expertos como José Juan Toharia (Metroscopia) han defendido que el CIS deje de hacer proyecciones electorales y se vincule al Parlamento.

3. Cambios prácticos vía Junta Electoral Central

Aunque la LOREG aún no se ha modificado, la Junta Electoral Central ha aprobado desde 2024 instrucciones que afectan directamente a los sondeos de organismos públicos. Por ejemplo, la Instrucción 1/2024 obliga a que, durante periodos electorales, cualquier organismo dependiente de las administraciones que realice encuestas con intención de voto lo comunique previamente a la JEC, detalle el diseño muestral y remita los cuestionarios. Esto ya se ha aplicado al propio CIS en 2026, tal y como describen varias informaciones del periódico Demócrata.

4. Balance actual

En síntesis, el sistema de encuestas electorales español se encuentra en plena revisión, pero todavía no hay una gran reforma legal plenamente en vigor sobre transparencia y microdatos. Sí hay:

• Un proyecto de reforma de la LOREG del Gobierno, en fase de enmiendas, que endurecería las obligaciones de publicación de datos y microdatos de los sondeos en campaña.
• Una proposición de ley del PP sobre el CIS, también en enmiendas, que restringiría su papel como generador de encuestas electorales y reforzaría su independencia formal.
• Un refuerzo regulatorio de la JEC por la vía de instrucciones, que ya condiciona la realización de encuestas públicas en periodo electoral.

Las próximas citas serán, por tanto, la reactivación de estas dos iniciativas en el Congreso tras el verano de 2026 y las conclusiones de la comisión de investigación del Senado sobre el CIS, que podrían traducirse en nuevas propuestas normativas.

Según los Estatutos nacionales vigentes del Partido Popular, el presidente del PP es el máximo responsable político y orgánico del partido a nivel nacional. Sus competencias estatutarias se centran en dirigir la línea política general, representar al partido ante terceros y presidir los principales órganos de gobierno interno. Además, dispone de voto de calidad en esos órganos y está facultado para impulsar todas las medidas necesarias para ejecutar los acuerdos congresuales y de dirección. Todo ello se completa con una cláusula abierta que le atribuye cualquier otra competencia que le reconozcan los propios Estatutos y la normativa interna.

Marco estatutario y posición del presidente

El actual marco interno del PP se asienta en los Estatutos aprobados en el XXI Congreso Nacional, presentados por la ponencia de Fernando López Miras, María Guardiola, Gema Igual y Dani Sirera y ratificados en julio de 2025. En esa cita, el partido subrayó que sus nuevos Estatutos son un texto “de consenso”, orientado a “ejemplaridad, transparencia, control interno y participación de los afiliados”, según relató la propia formación en su crónica oficial del Congreso Nacional disponible en la web del PP (crónica del Congreso del PP).

El detalle fino de las funciones del presidente figura en el texto consolidado de los Estatutos nacionales del PP, accesible en formato PDF en la web del partido (Estatutos nacionales del PP). A partir de ese documento, pueden resumirse así sus competencias específicas.

Competencias específicas del presidente del PP

Los Estatutos atribuyen al presidente del Partido Popular, entre otras, las siguientes funciones concretas:

• Dirección política general: asumir la dirección política general del partido en su ámbito territorial, que en el caso del presidente nacional es el conjunto de España. Esto incluye marcar la estrategia, las prioridades y la línea de oposición o de apoyo institucional.
• Representación política y legal: ostentar la representación política y legal del Partido Popular, es decir, actuar en su nombre tanto ante otras fuerzas políticas e instituciones como ante los tribunales y la administración.
• Presidencia de los órganos de dirección: presidir la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo, los dos grandes órganos de gobierno internos. En la práctica, eso le permite fijar el orden del día, conducir los debates y articular la toma de decisiones.
• Voto de calidad: disponer de voto de calidad en las sesiones de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo cuando se produzca un empate, lo que le otorga capacidad de desempate en decisiones delicadas.
• Ejecución de acuerdos: adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento y desarrollo de los acuerdos del Congreso Nacional y de los órganos de gobierno del partido, asegurando que las decisiones colegiadas se traducen en instrucciones, nombramientos u orientaciones políticas concretas.
• Cláusula residual de competencias: ejercer las restantes competencias que le atribuyan los propios Estatutos y la normativa interna del PP, lo que permite canalizar hacia la presidencia nuevas funciones sin necesidad de reformar en detalle cada vez el texto estatutario.

Papel en la arquitectura interna del PP

Aunque los Estatutos distribuyen poder entre distintos órganos, la figura del presidente se sitúa en la cúspide del esquema interno:

• El Congreso Nacional elige al presidente y fija la gran orientación política y organizativa.
• La Junta Directiva Nacional es el máximo órgano entre congresos; según múltiples crónicas recogidas por el periódico Demócrata, se reúne para analizar resultados electorales, aprobar la convocatoria de congresos regionales o validar grandes decisiones estratégicas. En todas esas reuniones, el presidente del PP la preside y marca la agenda política.
• El Comité Ejecutivo actúa como núcleo más reducido de dirección y coordinación cotidiana, también bajo la presidencia directa del líder del partido.

Ese diseño hace que, aun existiendo órganos colegiados, buena parte de la iniciativa política, la configuración de equipos y la relación con las estructuras territoriales pase por la presidencia.

Alcance práctico de estas competencias

En términos prácticos, las competencias estatutarias del presidente del PP se traducen en varias capacidades clave:

• Definir la posición del partido ante las grandes leyes, acuerdos europeos o pactos de Estado.
• Impulsar o frenar cambios internos, como reformas de Estatutos, creación de nuevos órganos (por ejemplo, consejos de presidentes autonómicos o comités sectoriales) o reestructuraciones de la dirección nacional.
• Coordinar la relación entre la dirección nacional en Génova y los “barones” autonómicos, especialmente en contextos de negociación de gobiernos con otros partidos, algo que las informaciones de Demócrata reflejan de forma recurrente.
• Ejercer una función de garantía de unidad de criterio, utilizando tanto la dirección política general como la presidencia de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo para alinear la actuación del partido en el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos y los gobiernos donde el PP participa.

Todo ello se apoya, en último término, en la legitimidad que le confiere su elección por el Congreso Nacional del PP y en el marco jurídico interno definido por los Estatutos, que blindan su papel como centro de gravedad político y organizativo del Partido Popular a nivel estatal.

En las últimas elecciones generales celebradas en España, el 23 de julio de 2023, el Partido Popular (PP) fue la fuerza más votada con 8.091.840 votos, un 33,1 % del total y 137 escaños en el Congreso. El PSOE quedó muy cerca, con 7.760.970 votos, el 31,7 % y 121 escaños. La diferencia entre ambos partidos fue de menos de punto y medio en porcentaje de voto, configurando un Congreso muy fragmentado y sin mayorías absolutas.

Resultados concretos de PP y PSOE el 23J de 2023

Según los datos oficiales recopilados por medios como RTVE y el análisis posterior citado por el periódico Demócrata, los resultados fueron los siguientes:

• Partido Popular (PP):
  • Votos: 8.091.840
  • Porcentaje: 33,1 %
  • Escranos en el Congreso: 137
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE):
  • Votos: 7.760.970
  • Porcentaje: 31,7 %
  • Escranos en el Congreso: 121

Estos datos de voto y porcentaje pueden consultarse, entre otros, en la página de resultados de RTVE sobre las generales de 2023 (resultados RTVE 23J). Diversos medios como Antena 3, El País, CNN en Español, Newtral o bases de datos especializados los han reproducido y analizado (Antena 3, El País 23J, CNN en Español, Wikipedia 2023, EPData, El Mundo, Newtral, historia electoral), así como en piezas informativas y vídeos explicativos (vídeo 1, vídeo 2, Infobae).

Distancia entre PP y PSOE y consecuencias parlamentarias

Tal y como recuerda el periódico Demócrata en su agregador de encuestas, el 23J terminó con una distancia “bastante estrecha” entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, “menos de un punto y medio” de diferencia en voto entre PP y PSOE (encuestas generales Demócrata). Ese margen tan ajustado explica que, pese a ganar en votos y escaños, el PP no lograra reunir apoyos suficientes para una investidura, mientras que el PSOE sí pudo articular una mayoría alternativa con otros grupos.

Desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria, los 137 escaños del PP, sumados a los de Vox y UPN, llevaron a la oposición de derechas hasta 171 diputados, según el análisis de Demócrata sobre el nuevo bloque de investidura (bloque de investidura). Frente a ello, el PSOE, con 121 escaños y en coalición con Sumar, ha necesitado apoyarse establemente en fuerzas nacionalistas e independentistas para sacar adelante la investidura y la agenda legislativa.

Contexto posterior en encuestas y actividad parlamentaria

Seis meses después de las elecciones, el mismo agregador de encuestas de Demócrata señalaba que el PP se situaba en torno al 36 % de intención de voto, frente a un PSOE “en niveles similares” al 31,7 % logrado el 23J, lo que indica que el escenario de competencia sigue muy abierto y polarizado entre los dos grandes partidos (encuestas generales Demócrata).

Otros contenidos de Demócrata permiten seguir la evolución institucional y política derivada de esos resultados: el encaje de los socios de investidura y sus equilibrios en el Congreso (análisis socios), el retraso en la constitución de las comisiones legislativas (comisiones del Congreso), la configuración de los grupos parlamentarios y cesiones de diputados (cesiones de escaños), la designación de portavoces en comisiones clave como Hacienda (portavoces de Hacienda), el uso del decreto-ley como herramienta legislativa (reales decretos-ley) o incluso cuestiones de organización interna de las Cámaras como el personal de los grupos (asesores en el Senado).

Aunque estos artículos no modifican los datos estrictos de voto de PP y PSOE, sí ayudan a entender cómo esos resultados del 23J han dado lugar a una legislatura de mayorías muy ajustadas, en la que unos pocos escaños de diferencia entre los dos grandes partidos condicionan toda la negociación parlamentaria.