El Ministerio del Interior ha ratificado este viernes que ha dado instrucciones a la Dirección General de la Policía Nacional para que actualice el protocolo interno sobre el empleo de gas lacrimógeno, con el fin de prohibir su utilización como material de defensa policial, tal y como ya avanzó en la jornada anterior tras la controversia generada por las cargas policiales durante la huelga del 11N.
De acuerdo con la información facilitada por el propio Ministerio, en los futuros dispositivos de orden público la Policía Nacional continuará autorizada a usar los artificios ATL, unos botes que generan una “nube de humo lacrimógeno inocuo y no lesivo”.
Estos artificios forman parte del equipamiento habitual de las unidades de ‘antidisturbios’, que también disponen de otros recursos operativos como las pelotas de goma o las escopetas para la descarga de cartuchos de fogueo, con el objetivo de disuadir y dispersar concentraciones multitudinarias.
Investigación interna de las actuaciones del 11N
El departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska ha precisado igualmente que la Jefatura Superior de Madrid abrió este jueves una información reservada con el propósito de revisar y valorar las intervenciones policiales realizadas durante la jornada de huelga general en la capital.
La decisión de retirar el gas lacrimógeno en actuaciones contra manifestantes tras los sucesos del 11N ha generado malestar en los sindicatos de la Policía Nacional, que consideran que la medida sitúa “bajo sospecha” a los agentes de las fuerzas de seguridad.
“Es dejar a los agentes vendidos e indefensos”, manifestó el sindicato mayoritario entre los mandos, postura a la que se han sumado otras organizaciones como SUP, Jupol, UFP o CEP.
Antes del paro general, Interior ya había ordenado que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil contaran con medios suficientes para hacer frente a posibles “piquetes violentos” o levantamiento de barricadas.
En concreto, el Ministerio fijó que debían extremar la protección de infraestructuras críticas, polígonos industriales, mercados centrales de abastecimiento y pequeños comercios, según la instrucción emitida por la Secretaría de Estado el 6 de octubre y consultada por Europa Press.
Marlaska rechaza dejar el cargo y defiende a la Policía
Este jueves, en declaraciones a los medios antes de participar en un acto del PSOE en Madrid con motivo de las elecciones generales, Marlaska descartó presentar su dimisión y puso en cuestión la proporcionalidad de algunas cargas en las intervenciones contra piquetes y manifestantes de la huelga convocada por los sindicatos en defensa del acceso a la vivienda y de mejoras salariales.
“Ayer hubo algunas actuaciones que, a primera vista, no gustan y no se concilian muy bien con los principios de proporcionalidad”, afirmó Marlaska, quien detalló que había ordenado una “investigación muy específica” al margen de los análisis protocolarias que suele efectuar la Policía en este tipo de operativos de orden público.
No obstante, el ministro subrayó “el ejercicio legítimo de la fuerza pública por parte de toda la Policía y de la Guardia Civil”, y reivindicó que España cuenta con una Policía en materia de seguridad ciudadana “absolutamente ejemplar y digna” y “un referente a nivel mundial”.
En este marco, aludió a la gestión de grandes citas internacionales como la Cumbre Iberoamericana, la cumbre de la OTAN o la cumbre de financiación de la ONU, entre otras, como muestra del nivel de profesionalidad de las fuerzas de seguridad.
Al ser preguntado por la prensa, el titular de Interior insistió en que no ve “ninguna razón” para dimitir, argumentando que su labor se basa en mantener un equilibrio entre “defender la actuación de los policías y los guardias civiles, pero también defender que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y sus libertades con plenas garantías”.
“Todas las actuaciones y todos los medios que empleen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen que ser absolutamente proporcionales y necesarios a las actuaciones que desarrolla y desde luego no ser absolutamente lesivos para la ciudadanía”, reiteró.