Junts vuelve a registrar la ley para que Cataluña asuma competencias en inmigración y reta a Podemos a apoyarla

La formación de Puigdemont recupera la proposición que el Congreso tumbó en septiembre de 2025 con los votos de PP, Vox y Podemos, aunque esta vez la presenta en solitario y elimina del preámbulo los argumentos que llevaron a los morados a calificarla de "racista"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España).  Gustavo Valiente - Europa Press

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). Gustavo Valiente - Europa Press

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Junts vuelve a intentar que la Generalitat asuma parte de las competencias estatales en materia de inmigración. La portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, ha anunciado este miércoles el registro de una nueva proposición de ley que recupera el contenido de la iniciativa pactada con el PSOE en 2025, pero introduce un cambio dirigido a desbloquear su tramitación: desaparecen del preámbulo las referencias que llevaron a Podemos a votar en contra y a frustrar su aprobación hace casi un año. 

El movimiento llega en plena crisis migratoria de Ceuta y un día después de que el Gobierno pusiera en marcha la reforma de las leyes de Extranjería y Asilo para incorporar a la legislación española herramientas del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Junts aprovecha ese escenario para recuperar una de sus principales reivindicaciones de la legislatura y cuestionar que sea el Ejecutivo central quien decida la política migratoria que se aplica en Cataluña.

Esta vez hay una diferencia política importante. El PSOE no firma la proposición. Junts la registra en solitario, aunque el contenido de la parte dispositiva mantiene esencialmente el acuerdo que ambas formaciones alcanzaron en marzo de 2025. 

El segundo intento después del fracaso de 2025

El primer texto nació de un acuerdo entre PSOE y Junts y llegó al Congreso como una proposición de ley orgánica conjunta. La fórmula elegida fue la delegación de competencias estatales prevista constitucionalmente, en lugar de un traspaso definitivo de la titularidad de esas competencias.

La iniciativa no superó finalmente la toma en consideración del Pleno. PP, Vox, Podemos y UPN votaron en contra el 23 de septiembre de 2025, al igual que dos diputados de Sumar que rompieron la disciplina de voto. El resultado fue de 177 votos en contra y 173 a favor. 

PP y Vox rechazaron el acuerdo al considerar que invadía competencias exclusivas del Estado y cuestionaron su encaje constitucional. Podemos llegó a una conclusión distinta: aceptaba que pudieran delegarse determinadas competencias, pero consideraba "abiertamente racista" el planteamiento político recogido en el texto. 

Ese último obstáculo es el que Junts intenta eliminar ahora.

Junts elimina el preámbulo que rechazaba Podemos

La nueva iniciativa mantiene el contenido normativo de la propuesta anterior, pero suprime del preámbulo las referencias que Podemos consideraba discriminatorias, según la información conocida este miércoles.

Junts pretende así aislar el debate sobre la transferencia de competencias del discurso político que acompañaba al primer texto. Nogueras ha emplazado directamente al partido de Ione Belarra a decidir si vuelve a votar junto a PP y Vox o permite esta vez que la proposición continúe su tramitación. 

Podemos ya defendió durante el debate parlamentario de 2025 que no se oponía por principio a delegar competencias migratorias a las comunidades autónomas. Su posición era favorable siempre que se respetaran los derechos de los extranjeros y la legislación fuera igual en todo el territorio, pero rechazaba vincular inmigración y delincuencia o introducir planteamientos que consideraba xenófobos. Así quedó recogido en el Diario de Sesiones del Congreso. 

La incógnita es si la eliminación de ese contenido será suficiente para cambiar ahora su voto.

Qué competencias reclama Junts

La proposición pretende que la Generalitat asuma funciones que actualmente corresponden a la Administración General del Estado.

Entre ellas figura la ejecución de devoluciones de extranjeros en Cataluña, dentro de la normativa estatal, así como competencias relacionadas con la documentación de inmigración, el régimen sancionador y la gestión de los centros de internamiento de extranjeros situados en la comunidad. (Cadena SER)

Los Mossos d'Esquadra también ganarían protagonismo. El acuerdo original establecía su participación en tareas relacionadas con las fronteras junto a Policía Nacional y Guardia Civil y contemplaba la incorporación de 1.800 agentes para asumir las nuevas funciones. (Cadena SER)

El modelo no supone que Cataluña pase a controlar de manera independiente una frontera exterior de la Unión Europea. El texto de 2025 establecía mecanismos de cooperación con las fuerzas estatales y mantenía la aplicación de la legislación española y europea. (Servimedia)

"Cataluña no tiene capacidad de acogida infinita"

Nogueras ha acompañado el nuevo registro con un endurecimiento del discurso de Junts sobre inmigración.

La portavoz sostiene que la reclamación de competencias no responde a una cuestión de "privilegios", sino de "soberanía, responsabilidad, supervivencia y capacidad de gobierno", y defiende que Cataluña debe disponer de herramientas para gestionar las consecuencias de las decisiones adoptadas por el Gobierno central.

"Cataluña no tiene capacidad de acogida infinita, y hay que decirlo", ha afirmado.

Nogueras ha contrapuesto también el modelo que defiende Junts con el proyecto del Gobierno de Salvador Illa. A su juicio, Cataluña ya tiene dificultades para atender a una población de ocho millones de habitantes y avanzar hacia los diez millones pondría bajo presión los servicios públicos, el Estado del bienestar y la situación económica de las clases medias y trabajadoras.

Su propuesta la ha resumido en una fórmula: "Derechos, sí. Deberes y catalanidad, también".

Al mismo tiempo, ha rechazado los planteamientos que reducen la política migratoria a expulsar a todos los extranjeros y ha pedido evitar tanto ese discurso como el de quienes, a su juicio, rechazan cualquier debate sobre las obligaciones de quienes llegan a Cataluña.

Junts carga contra la regularización del Gobierno

Una parte central del argumento de Nogueras se dirige contra la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La portavoz ha criticado especialmente el proceso extraordinario de regularización y sostiene que el volumen de solicitudes ha superado ampliamente las previsiones iniciales. Según las cifras utilizadas por Junts, de las cerca de 1,2 millones de peticiones presentadas, aproximadamente una de cada cuatro correspondería a personas residentes en Cataluña.

Junts utiliza ese dato para defender que las decisiones sobre inmigración tienen un impacto especialmente intenso en la comunidad y que la Generalitat debería intervenir directamente en su gestión.

Nogueras ha contrapuesto la política del Gobierno con el rumbo que, a su juicio, está siguiendo la Unión Europea, con mayor control de las fronteras, procedimientos de retorno más eficaces y una vinculación más estrecha entre inmigración y necesidades del mercado laboral.

La crisis de Ceuta devuelve la inmigración al centro del debate

El nuevo intento de Junts coincide con el cambio de política anunciado esta semana por el Gobierno tras la crisis de Ceuta.

El Consejo de Ministros aprobó este martes en primera vuelta una nueva Ley de Asilo y la reforma de la Ley de Extranjería para incorporar instrumentos previstos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Entre las medidas planteadas figuran nuevos procedimientos en frontera y mecanismos para acelerar la tramitación de determinadas solicitudes y los retornos.

Junts cuestiona que el Gobierno acometa ahora esa reforma sin haber resuelto antes la reclamación catalana.

La formación independentista sostiene que el problema no debe plantearse como un conflicto entre Cataluña y los países de origen de los migrantes. "Esto va de Cataluña-España. Esto viene de lejos. Esto va de quién decide. Y hoy decide Madrid, y quien tiene que decidir es Cataluña", ha afirmado Nogueras.

Podemos vuelve a tener la llave

La aritmética parlamentaria vuelve a situar a Podemos en el centro de la operación.

Hace once meses, sus votos fueron determinantes para que la proposición acordada por PSOE y Junts no superara siquiera la toma en consideración. El resultado de 177 votos frente a 173 dejó el texto fuera de la tramitación antes de que pudieran introducirse enmiendas. (EFE Noticias)

Junts intenta ahora cambiar esa ecuación eliminando precisamente el contenido que motivó el rechazo de los morados.

Queda también por conocer qué hará el PSOE ante una iniciativa que ya no lleva su firma, pero cuyo articulado reproduce el acuerdo migratorio que alcanzó con Junts en 2025. Los socialistas defendieron entonces la constitucionalidad de la delegación y votaron a favor de su tramitación. (Europa Press)

La proposición vuelve así al punto de partida casi un año después de su derrota parlamentaria. Esta vez Junts acude solo y sin el preámbulo que enfrentó a la formación con Podemos. El contenido de la delegación, sin embargo, permanece.

 

Más claves, contexto y preguntas con FREN

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¿En qué estado parlamentario se encuentra actualmente la proposición de ley registrada por Junts sobre competencias migratorias en Cataluña y cuáles son los siguientes pasos previstos para su tramitación?

La proposición de ley orgánica pactada entre Junts y el PSOE para delegar en la Generalitat las competencias estatales en materia de inmigración en Cataluña ya no está en tramitación. El Pleno del Congreso rechazó su toma en consideración el 23 de septiembre de 2025, por lo que la iniciativa quedó decaída y archivada, sin fases posteriores en el procedimiento legislativo ordinario.

Identificación de la iniciativa

La iniciativa a la que te refieres es la “Proposición de Ley Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración”, registrada conjuntamente por los grupos parlamentarios Socialista y Junts per Catalunya.

La prensa parlamentaria y política describe con detalle este texto, su contenido y su tramitación:

Estado parlamentario actual

Con base en esas fuentes, el itinerario esencial ha sido el siguiente:

  • Tras el acuerdo político entre PSOE y Junts, ambos grupos registran la proposición de ley orgánica en el Congreso, que es calificada por la Mesa y enviada a Pleno para la toma en consideración.
  • El 23 de septiembre de 2025, el Pleno del Congreso celebra el debate de toma en consideración de la proposición. Diversas crónicas de Demócrata y otros medios subrayan que:
    • La iniciativa contaba con el apoyo de PSOE, Junts, ERC, PNV, EH Bildu, CC y la mayoría de Sumar.
    • Se enfrentaba a un bloque de rechazo formado por PP, Vox, UPN, Podemos y varios diputados de Sumar (Compromís, Chunta, etc.), que cuestionaban sobre todo el preámbulo del texto por considerarlo “racista” o “xenófobo”.
  • En la votación de toma en consideración, no se alcanzó la mayoría necesaria y, como resume Demócrata, la proposición “ha quedado oficialmente decaída en el Congreso de los Diputados tras no obtener los apoyos necesarios” (enlace).

En términos reglamentarios, ello significa que la iniciativa:

  • no supera el trámite de toma en consideración,
  • queda decaída y su expediente se archiva,
  • y por tanto no pasa a fase de enmiendas, ponencia ni comisión.

Informaciones posteriores de Demócrata recuerdan expresamente que, entre las reformas legislativas reclamadas por Junts, “una de ellas fracasó en el trámite de toma en consideración, la relativa a la delegación de competencias sobre inmigración”enlace).

¿Qué pasos quedan previstos para su tramitación?

Al haber sido rechazada en la toma en consideración, no hay más pasos procedimentales pendientes sobre esta proposición concreta. El procedimiento legislativo de esa iniciativa está concluido en las Cortes Generales.

Otra cosa distinta es la posibilidad política, de la que también se hace eco Demócrata, de que PSOE y Junts intenten reimpulsar un nuevo texto sobre el mismo asunto. Para ello no se “reactiva” la proposición caída, sino que sería necesario:

  • Registrar una nueva proposición de ley orgánica, con el apoyo de los grupos que la impulsen.
  • Que la Mesa del Congreso la califique y ordene su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
  • Fijar una nueva sesión de toma en consideración en Pleno.
  • Solo si supera entonces ese trámite, se abriría el plazo de enmiendas y la tramitación ordinaria (ponencia, comisión, Pleno y, en su caso, Senado).

De hecho, crónicas posteriores apuntan a la disposición del PSOE a renegociar un nuevo intento, siempre que Junts modere su planteamiento (enlace). Pero, a día de hoy, eso se sitúa en el plano de eventuales nuevas iniciativas, no de la proposición que fue rechazada en septiembre de 2025.

En síntesis: la proposición de ley orgánica de delegación de competencias migratorias a Cataluña impulsada por Junts y PSOE no está viva parlamentariamente; su recorrido se cerró con el rechazo en la toma en consideración, y cualquier avance futuro exigiría registrar y tramitar un nuevo texto desde el inicio.

¿Cuáles son las competencias concretas de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, según el reglamento de la cámara y qué trayectoria política ha tenido previamente?

En el Reglamento del Congreso la figura de la portavoz de un grupo parlamentario —en este caso, la de Junts, que ejerce Míriam Nogueras— se define sobre todo a través del régimen de los Grupos Parlamentarios y de la Junta de Portavoces, más que como un cargo personalizado. A partir de ahí puede reconstruirse con bastante precisión cuáles son sus competencias formales, y cómo encajan con la trayectoria política previa de Nogueras.

Competencias reglamentarias de la portavoz de Junts

El Reglamento establece, en primer lugar, que cada Grupo Parlamentario debe designar formalmente a la persona que ejerce su portavocía y a quienes puedan sustituirla. El escrito de constitución del grupo ha de incluir “la denominación de éste y los nombres de cada miembro, de quien ejerza su portavocía y de quienes eventualmente puedan actuar en su sustitución” (art. 24.2 del Reglamento del Congreso, texto oficial). Esa designación es la base jurídica del papel de Nogueras como portavoz titular de Junts.

Las personas que ostentan la portavocía de cada grupo “constituyen la Junta de Portavoces”, órgano central en la organización interna de la Cámara (art. 39). La Junta se reúne bajo la presidencia de la Presidencia del Congreso y a ella deben asistir los portavoces o sus suplentes, con voto ponderado en función de la fuerza numérica de cada grupo. Esto implica que:

  • La portavoz de Junts participa en la negociación y fijación del orden del día del Pleno, dado que el art. 67 establece que el orden del día será fijado por la Presidencia “de acuerdo con la Junta de Portavoces”.
  • Interviene en la programación general de los trabajos de la Cámara: el art. 31 atribuye a la Mesa la programación de las líneas generales de actuación del Congreso y el calendario de Pleno y Comisiones “previa audiencia de la Junta de Portavoces”. Esa audiencia se articula justamente a través de los portavoces de los grupos.
  • Tiene un papel relevante cuando se piden reconsideraciones a decisiones de la Mesa: si un grupo discrepa de ciertas decisiones sobre calificación y tramitación de escritos, la Mesa resuelve “oída la Junta de Portavoces” (art. 31.2), donde la posición de Nogueras representa institucionalmente a Junts.
  • A través de la Junta, la portavoz participa en decisiones como la creación de comisiones (art. 50), la convocatoria de determinados debates, la distribución de tiempos de intervención, o la fijación de cupos y prioridades en preguntas e interpelaciones (por ejemplo, los arts. 188 y 192 prevén que la Mesa o la Presidencia actúen “oída la Junta de Portavoces” en la distribución y admisión de estas iniciativas).
  • Cuando el Reglamento permite que “dos Grupos Parlamentarios o la quinta parte de los miembros de la Cámara” promuevan comparecencias, debates o alteraciones del orden del día (por ejemplo en los arts. 39, 54, 203), esa iniciativa se vehicula en la práctica a través de las portavocías, que son quienes formalizan la voluntad del grupo.

Además, la portavocía de grupo conlleva funciones no siempre explicitadas artículo por artículo, pero derivadas de la práctica parlamentaria:

  • Representar políticamente al grupo ante la Presidencia, la Mesa, el Gobierno y el resto de portavoces, concentrando la negociación sobre tiempos, turnos de palabra, acuerdos de tramitación y eventuales pactos de votación.
  • Fijar y defender en el Hemiciclo la posición de Junts en los grandes debates: aunque cualquier diputada pueda intervenir, el uso de la palabra en los debates de conjunto, mociones de censura, debates de investidura, etc., se canaliza habitualmente a través de las portavocías.
  • Coordinar la estrategia del grupo en las comisiones y en la Diputación Permanente, en coherencia con el peso que el Reglamento otorga a la Junta de Portavoces en la organización global de los trabajos.

Desde el punto de vista estrictamente formal, por tanto, la portavoz de Junts es la persona que: representa a su grupo en la Junta de Portavoces, traslada la posición del grupo en todas las decisiones que requieren audiencia o acuerdo de este órgano y asume el liderazgo de las principales intervenciones políticas del grupo en el Pleno.

Trayectoria política de Míriam Nogueras

Según su ficha en bases parlamentarias y los perfiles biográficos publicados por medios como el periódico Demócrata ( artículo de perfiles de portavoces de Hacienda ), Míriam Nogueras i Camero (Dosrius, Barcelona, 1980) es empresaria textil y política catalana. Antes de entrar en la primera línea institucional se vinculó a movimientos y plataformas cívicas, como la campaña de boicot a los peajes en Cataluña “No vull pagar” y el Cercle Català de Negocis, patronal de empresarios independentistas, además de formar parte de juntas de patronales textiles (Aseciema y Modacc).

Dio el salto a la política municipal como concejala en Cardedeu en 2015. Poco después, a comienzos de 2016, llegó al Congreso como diputada por la coalición Democràcia i Llibertat, heredera de Convergència. A partir de ahí su recorrido refleja la reconfiguración del espacio posconvergente: pasó por el Partit Demòcrata (PDeCAT), del que llegó a ser vicepresidenta, y posteriormente se alineó plenamente con el proyecto de Junts per Catalunya, del que hoy forma parte orgánicamente.

En la legislatura actual ejerce como portavoz titular del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya en la Junta de Portavoces (cargo que, en términos reglamentarios, la convierte en la voz institucional del grupo en ese órgano) y como portavoz en varias comisiones clave, como la de Economía, Comercio y Transformación Digital y la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Al mismo tiempo figura adscrita a comisiones como Exteriores, Interior, Justicia, Presupuestos, Transportes, Hacienda y Función Pública, y es vocal en la Diputación Permanente y en diversas comisiones de control.

En el plano interno de partido, la prensa la sitúa desde hace años como una de las figuras de máxima confianza de Carles Puigdemont y líder del “equipo de Madrid” de Junts. Crónicas políticas recientes apuntan a que la dirección la ha proyectado incluso como posible candidata a la presidencia de la Generalitat, en un contexto en el que Junts busca reequilibrar su liderazgo entre Bruselas y Cataluña ( análisis en ABC ).

Su perfil combina, por tanto, experiencia parlamentaria prolongada (diputada en varias legislaturas desde 2016), un claro anclaje en el independentismo empresarial y cívico, y un rol orgánico de primer orden en Junts. Todo ello se traduce, en el Congreso, en una portavocía con gran visibilidad y capacidad de condicionar la agenda del Gobierno en una legislatura muy ajustada numéricamente.

¿Cuáles han sido los argumentos jurídicos y constitucionales esgrimidos por el PP y Vox para rechazar la delegación de competencias estatales en inmigración a la Generalitat de Cataluña?

PP y Vox han articulado su rechazo a la delegación de competencias estatales en inmigración a la Generalitat de Cataluña sobre una base muy similar: la defensa del artículo 149.1.2ª de la Constitución (competencia exclusiva del Estado en “nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”) y la preservación de la soberanía y la unidad del Estado. A partir de ahí cada partido enfatiza aspectos distintos.

1. Marco constitucional en disputa

La Proposición de Ley Orgánica de delegación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración (PSOE–Junts, exp. 122/000172), debatida y rechazada en el Congreso el 23 de septiembre de 2025 (177 votos en contra frente a 173 a favor), se apoyaba explícitamente en el artículo 150.2 CE, que permite delegar facultades ejecutivas estatales a las comunidades autónomas mediante ley orgánica.

PP y Vox aceptan que el 150.2 existe, pero sostienen que las materias cubiertas por el 149.1.2ª (inmigración y extranjería) forman parte del “núcleo indisponible” de la soberanía estatal y, por tanto, no serían “susceptibles de transferencia o delegación” aunque el 150.2 lo prevea en abstracto.

2. Argumentos jurídicos y constitucionales del PP

En el debate parlamentario y en declaraciones políticas, el PP ha desarrollado varios ejes:

  • Competencia exclusiva e intransferible. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, afirmó que el pacto PSOE–Junts “vulnera el marco constitucional” porque afecta a “una competencia que tiene que ser exclusiva del Estado y que no se puede transferir” (Nueva Economía Fórum).
  • Artículo 149 CE como límite material al 150.2 CE. El PP argumenta que el 150.2 no permite delegar facultades que afecten al estatuto jurídico del extranjero, al control de fronteras o a las decisiones de expulsión, porque eso implicaría desnaturalizar la competencia exclusiva prevista en el 149.1.2ª CE.
  • Soberanía nacional e igualdad de los españoles. En el Pleno, el diputado popular Nacho Martín calificó la proposición como un “ataque a la soberanía nacional” y una norma “infame” que rompería la política migratoria común y la igualdad entre españoles (recogido por Demócrata: artículo sobre el debate migratorio en Catalunya).
  • Riesgo de fragmentación del régimen jurídico de extranjería. Dirigentes del PP han denunciado que la “cesión de competencias exclusivas del Estado en materia de inmigración, extranjería y control de fronteras” rompería la uniformidad normativa y podría chocar con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el “estatuto del extranjero” (por ejemplo, la STC 31/2010 y la STC 87/2017, citadas también en iniciativas sobre extranjería recogidas en el Boletín del Congreso).
  • Advertencia de recurso al TC. El PP ha anunciado que sus servicios jurídicos analizarían la constitucionalidad de la delegación y ha hablado de “cesión ilegal” que un futuro gobierno popular se compromete a revocar (nota del PP).

3. Argumentos jurídicos y constitucionales de Vox

Vox formula una crítica aún más cerrada a cualquier tipo de delegación, combinando el argumento competencial con un discurso de seguridad y unidad nacional:

  • Carácter “no delegable” de la extranjería. La portavoz Pepa Millán ha sostenido en el Congreso que las “competencias en extranjería no son delegables”, insistiendo en que toda la materia de inmigración, control de fronteras y devoluciones cae bajo el 149.1.2ª CE y, por tanto, no admite cesión ni por ley orgánica (resumen en Demócrata).
  • Ataque a la unidad y al “corazón del Estado”. Ignacio Garriga, secretario general de Vox y líder en Cataluña, calificó la propuesta de delegar inmigración y fronteras como “un atentado contra la unidad y la igualdad de los españoles, un atentado contra el corazón del Estado” y “último paso antes de una independencia de facto” (nota oficial de Vox).
  • Soberanía y seguridad nacional. Vox vincula directamente la competencia migratoria con la seguridad nacional y la defensa de las fronteras. Considera que el Estado no puede “trocear una competencia tan importante” sin vulnerar la Constitución y pone el acento en la protección de Policía Nacional y Guardia Civil frente a un supuesto “atropello competencial” en beneficio de los Mossos (comunicado de Vox Cataluña).
  • Impugnación ante los tribunales. El partido ha reiterado que utilizará todos los instrumentos jurídicos –recurso de inconstitucionalidad, contenciosos y otras vías– para frenar cualquier delegación de competencias migratorias a Cataluña, en coherencia con su estrategia general de recurrir medidas migratorias del Gobierno central.

4. Coincidencias y matices

En síntesis, PP y Vox coinciden en que:

  • La inmigración y la extranjería son competencias exclusivas del Estado (art. 149.1.2ª CE).
  • La delegación a la Generalitat vulneraría ese bloque competencial, pondría en riesgo la igualdad ante la ley y fragmentaría la política migratoria estatal, como subraya Demócrata al recoger que ambos partidos calificaron la iniciativa de “inconstitucional” y “cesión peligrosa” (análisis de la votación).

Las diferencias son de tono y énfasis: el PP estructura su crítica sobre todo en términos de seguridad jurídica, reparto competencial y doctrina del TC, mientras que Vox la envuelve en un discurso más abiertamente identitario, hablando de “sustitución demográfica”, “invasión” o “pacto criminal”, y ligando la delegación a un proyecto de ruptura de la nación.

¿Qué decía exactamente la Proposición de Ley Orgánica PSOE–Junts sobre qué facultades concretas se delegaban a la Generalitat en materia de inmigración? ¿Cómo ha respondido el Gobierno a las acusaciones de inconstitucionalidad del PP y Vox sobre esta delegación de competencias? ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia sobre hasta dónde pueden llegar las comunidades autónomas en materia de inmigración y extranjería?

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¿Qué medida ha tomado Junts para intentar que Podemos apoye su nueva proposición de ley sobre competencias en inmigración?

Pregunta 1 de 3

¿Cuál fue el resultado de la votación sobre la anterior proposición de ley conjunta entre Junts y PSOE en septiembre de 2025?

Pregunta 2 de 3

¿Qué función adicional obtendrían los Mossos d'Esquadra según la propuesta de Junts?

Pregunta 3 de 3