El Gobierno quiere dar un nuevo impulso a su exigencia de que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidos como lenguas oficiales de la Unión Europea, después de más de un año sin avances en Bruselas. Para ello, el próximo martes planteará un ultimátum al resto de socios comunitarios, avisando de que para España resultaría inaceptable autorizar la entrada de nuevos miembros si antes no se oficializan estas tres lenguas. Sin embargo, y a la espera del debate formal, la mayoría de capitales consultadas reciben con escepticismo esta advertencia de veto.
“Es una amenaza vacía”, zanja un alto cargo de un Estado miembro reticente a la petición española, tras apuntar que el proceso de ampliación lleva tiempo “bloqueado” porque hay ya varias capitales que frenan todo avance por distintas razones. Por ello, insiste la fuente en conversación con Europa Press, “un potencial chantaje de España es una amenaza vacía”.
La adhesión de nuevos países, recuerdan otras fuentes diplomáticas, es un procedimiento “basado en los méritos” de cada candidato y no guarda “nada que ver” con el reconocimiento de las lenguas cooficiales. Por este motivo, advierten de que presentar la reclamación española en clave de ampliación “no ayudará al debate”.
Un mensaje que no se toma en serio
Desde otro país socio se subraya que “no ayuda” al proceso de ampliación el hecho de mezclar “asuntos de política doméstica”, en alusión a los compromisos que el Ejecutivo cerró con Junts a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.
“Nada ha cambiado, no hay muchos Estados miembro que se tomaran muy en serio la amenaza”, apuntan desde otra delegación, a pocos días de que España exponga sus argumentos ante los Veintisiete y sin garantías de que llegue a celebrarse un debate entre ministros, ya que el asunto figura en la agenda como un “punto varios”.
El formato escogido por España permite a un Estado miembro intervenir para informar sobre una cuestión, pero no habilita decisiones de calado. Otros ministros o los representantes del Consejo y de la Comisión Europea pueden tomar la palabra si lo consideran oportuno, aunque no se asegura ninguna intervención, a diferencia de lo que ocurre cuando un tema se incluye expresamente como punto de discusión.
Expectación y posiciones inamovibles
En este contexto, el resto de Estados miembro permanece a la espera de conocer cómo argumentará España el vínculo entre la oficialidad de las lenguas cooficiales y un eventual veto a la ampliación a países como Montenegro o Albania, los más avanzados en el proceso, si no se modifican antes las normas lingüísticas comunitarias.
Además, todas las delegaciones consultadas por Europa Press señalan que sus posturas no han variado desde que hace más de un año el Gobierno intentara sin éxito un acuerdo que requiere la unanimidad de los Veintisiete.
Fue en julio de 2025, bajo la presidencia danesa del Consejo de la UE, cuando se celebró una “discusión exhaustiva en la que no fue posible el acuerdo”, recuerda un alto diplomático de uno de los Estados miembros más abiertos a estudiar la demanda española.
Aquel debate se prolongó cerca de una hora y por momentos fue tenso y muy directo, según relataron a Europa Press fuentes diplomáticas. España se topó entonces con el rechazo firme de alrededor de una decena de países, con Alemania al frente y también Italia o Países Bajos, debido a las dudas jurídicas, financieras y operativas que les suscita la reforma y que, un año después, consideran que siguen sin resolverse.
El Gobierno sostiene que dispone de una “amplia mayoría” de apoyos entre sus socios y el propio ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, aseguró hace unos días que las “reticencias que quedan por parte de algunos Estados son reticencias exclusivamente políticas, partidistas”.
En paralelo, la estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante el último año ha consistido en mantener contactos bilaterales con las distintas capitales para explicar de forma individual las claves de la reforma sobre la oficialidad de las lenguas cooficiales, incluido el compromiso de que sea España quien asuma el coste de su implantación. No obstante, no ha habido debates a Veintisiete ni siquiera a nivel técnico en Bruselas que permitan calibrar si estas gestiones discretas han modificado realmente las posiciones.