Sumar quiere marcar el paso de los próximos Presupuestos en clave fiscal. Al día siguiente de iniciar la negociación con el PSOE, presentó un nuevo gravamen para recaudar 4.200 millones de euros entre los grandes patrimonios del país. El objetivo, financiar una prestación universal por hijo a cargo de 200 euros al mes para las familias.
Carlos Martín Urriza, portavoz económico y fiscal del grupo, recibe a DEMÓCRATA para explicar su propuesta y, de paso, avanzar qué piden al Ministerio de Economía para afrontar una crisis de precios que, lejos de aliviarse, se recrudece. La anterior acabó con una inflación de beneficios empresariales y esta, critica, va por el mismo camino.
Por eso pide al vicepresidente Carlos Cuerpo “bregarse” y favorecer un pacto de rentas en la negociación colectiva. Eso y topar precios, especialmente en la vivienda: “En el PSOE creen que perdieron la última vez por la deuda, pero fue la vivienda. Y estamos en riesgo de volver a perder por la vivienda”.
P: El nuevo gravamen que impulsan sería una nueva prestación patrimonial pública no tributaria, el formato que tuvieron los gravámenes energéticos y a la banca.
R: A diferencia de un impuesto, esta figura permite un uso finalista. En este caso, financiar una prestación universal para la crianza que combata los altos índices de pobreza infantil en España, por encima del 10% cuando la media europea está ligeramente por encima del 8%. Y países con niveles de renta per cápita muy por debajo de España, como Polonia o Portugal, están en el 3% y 2%, respectivamente. Nuestro nivel de desarrollo no se compadece con estos altos índices de pobreza infantil.
Tenemos más de un 10% de pobreza infantil cuando Polonia o Portugal, con menores niveles de renta, están en un 3%
P El foco del gravamen son los súperricos, va dirigido a patrimonios superiores a 50 millones de euros.
R: En realidad, gravamos lo que tengan por encima de 50 millones. Los grandes patrimonios del país no están contribuyendo en la medida de lo que deben. A pesar de la mejora que hicimos en el Impuesto sobre Grandes Fortunas, cuando pusimos un suelo para evitar la competencia autonómica, el Impuesto sobre Patrimonio tiene deducciones y exenciones que benefician a los grandes patrimonios y que hacen que el impuesto menos progresivo en sus tramos más altos.
Entre ellas, que la suma de lo que pagas en IRPF más lo que pagas en Patrimonio no puede superar el 60% de tu base imponible, pudiendo reducirte hasta un 80% de la cuota en Patrimonio. Otras son las deducciones por participaciones en una empresa familiar. Pueden tener sentido para una pequeña droguería, pero es que la empresa más grande por capitalización bursátil en el país es una empresa familiar (en referencia a Inditex). No tiene sentido que se puedan beneficiar de esa exención.
Los grandes patrimonios no están contribuyendo lo que deben
P: ¿Cuánto cree posible recaudar?
R: Unos 4.200 millones de euros de 1.500 contribuyentes, que es un suelo en realidad. Hemos trabajado con el panel de hogares del Instituto de Estudios Fiscales, que es de 2023, y los grandes patrimonios aumentaron en 2024, según la estadística general agregada que acaba de publicar la Agencia Tributaria. Pensamos que en 2025 y 2026 también.
La concentración de riqueza afecta al debate público, a la democracia. A nivel global se ve más fácilmente con todos estos grandes CEO tecnológicos que influyen en el debate público y hackean la democracia. Aquí no es tan transparente.
P: Han incluido una cláusula para que, si una gran fortuna cambia de residencia, siga pagando el gravamen.
R: Hemos fijado esa cláusula de escape en cinco años. Pero, fíjese, en otros países que pensamos que son más liberales o neoliberales, como Estados Unidos, son más contundentes: si quieres mantener la nacionalidad tienes que seguir tributando en el país.
La Unión Europea necesita músculo fiscal para financiar los desafíos en transición verde y digital
P: ¿Van a llevar este gravamen a la negociación presupuestaria con el PSOE?
R: Sí, igual que el nuevo impuesto sobre grandes herencias y donaciones que presentamos hace unos meses para establecer un suelo en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y gravar herencias por encima del millón de euros.
Todo esto forma parte no sólo de nuestra estrategia como partido, sino de un movimiento internacional. En la exposición de motivos citamos a Gabriel Zucman y la tasa Zucman, porque se mueve en esa dirección.
Estamos en un momento crítico en Europa. Necesitamos financiar bienes públicos europeos que tienen que ver con la transición verde, la transición digital, la vivienda, la defensa... Y eso se tiene que financiar con deuda, con eurobonos, pero obviamente necesita respaldo fiscal. Es el siguiente salto hamiltoniano que necesita la Unión Europea. En su día tuvimos un salto con el mercado único, luego con el euro. Ahora necesitamos generar un tesoro europeo con músculo fiscal. Este tipo de tasas pueden formar parte, igual que el impuesto a las energéticas, que no hemos conseguido mantener a nivel nacional pero que países como Francia, Alemania o España lo están demandando.
CRISIS ENERGÉTICA E INFLACIONARIA
P: ¿Qué van a proponer para contener los precios energéticos? Este mes caducan muchas de las medidas para afrontar las consecuencias económicas de la guerra.
R: Estamos nuevamente en el inicio de una grave crisis inflacionista generada por la guerra que ha provocado el ultraderechista Trump. Tenemos un problema con los márgenes disparados y abusivos de las refineras, que están aprovechando para trasladar a precios finales un crecimiento que no tienen en los costes. Eso hay que atacarlo. Queremos precios máximos en los hidrocarburos, como ya tenemos en el butano. Queremos recuperar la excepción ibérica.
Las refineras están aprovechando para disparar sus márgenes. Queremos precios máximos y recuperar la excepción ibérica
No podemos escapar de la subida de precios de la energía. Lo que hay que hacer es administrar esa subida y repartirla entre empresarios, trabajadores, Estado, rentistas, bancos… Que no haya márgenes abusivos en el sector energético ni en los supermercados, pero que tampoco se aprovechen los rentistas.
P: ¿Qué proponen en vivienda?
R: Pedimos la prórroga de los contratos de alquiler y toparlos en un 2%. También queremos topar las subidas en los contratos hipotecarios, sobre todo porque las referencias que se usan, el euríbor y el IRPH, no son buenas. El IRPH es todavía peor, pero es que el Euribor es un indicador fabricado por los propios bancos.
Antes de la crisis de 2008 existía un mercado interbancario, pero dejó de existir y ahora se determina a través de opiniones de un panel de expertos que están en los propios bancos. Por eso está por encima del 3%, cuando los tipos de intervención están muy por debajo.
No podemos escapar de la subida de precios de la energía. Lo que hay que hacer es repartirla y que no haya márgenes abusivos
También queremos que los ahorros esta vez sí se remuneren. Los bancos van a ganar mucho dinero por dejar simplemente su liquidez en el banco central. Queremos que esas referencias se compartan con los ahorradores.
P: ¿Y cómo se consigue llevar esa rentabilidad a los clientes?
R: Poniendo un suelo también. Estableciendo que una parte del tipo de intervención de la facilidad de depósito tiene que ir a las cuentas a la vista. Eso es lo que tenemos que hacer ahora.
En esta crisis no puede pasar lo que pasó en la anterior y que la pérdida del poder de compra recaiga sólo sobre los hombros de las familias trabajadoras. Nuestro problema en la anterior crisis de Ucrania no fue de inflación salarial, sino de beneficios. El efecto de segunda ronda vino por los beneficios.
Los empresarios, según el Observatorio de Márgenes Empresariales, están en máximos históricos de beneficios y ampliando márgenes. Cada vez ganan más beneficios sobre ventas. Ahí es donde se tiene que bregar el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para buscar una solución.
Queremos topar la subida de las hipotecas y obligar a los bancos a remunerar el ahorro
Nosotros le hemos planteado una: llevar la información del Observatorio de Márgenes a las mesas de negociación de los convenios colectivos. Y luego, en los convenios colectivos más importantes, respetando la autonomía de la negociación colectiva, hablar con los agentes sociales. El ministro, vicepresidente además, tiene muchos instrumentos para, a través de incentivos, facilitar un reparto justo de las cargas que nos ha impuesto Trump.
P: El presidente Pedro Sánchez pedía la semana pasada en el Congreso sensibilidad a la patronal para subir salarios.
R: El Gobierno lo que está es para gobernar y vamos a reclamar al vicepresidente que se remangue y que baje a la realidad de cada sector, de cada actividad y que reparta esa pérdida de bienestar que nos ha impuesto Trump por esa guerra irreflexiva. En peores se ha visto este Gobierno de coalición y ha sacado adelante el país.
El problema de la crisis de Ucrania fue una inflación de beneficios. No puede volver a pasar
P: ¿Cree que puede tener miedo a una próxima gran crisis y que las empresas vuelvan a recurrir al despido como en la de 2008?
R: Fíjese, organizar una práctica adecuada de reparto de costes entre capital y trabajo, que esto los sindicatos y los empresarios lo saben hacer si les das los instrumentos, es lo que te permite gestionar una crisis más grave.
Los empresarios están en máximos históricos de beneficios. Ahí es donde se tiene que bregar el vicepresidente Cuerpo, que baje a las mesas de negociación
Ajustar beneficios, dividendos, salarios, para navegar una coyuntura difícil y conservar más el empleo. Y, cuando haya una recuperación, recuperar rápidamente el poder de compra y el salario perdido. Que sea una gestión compartida, pero el Gobierno tiene que acompañarlo y creer en eso.
Creer que los mercados lo van a solucionar conduce al final a un reparto injusto de las cargas y a que la gente esté cabreada. Ahí hay una responsabilidad política que toca gestionar.
CRISIS DE VIVIENDA Y BLOQUEO POLÍTICO
P: Ha hablado de muchas propuestas en materia de vivienda. Entiendo que muchas de sus propuestas están también en el decreto-ley que no acaba de salir.
R: El problema es que tenemos un Parlamento que cierra por la derecha y que defiende a los propietarios frente a los inquilinos. La semana pasada planteamos algo muy lógico: que las empresas y los fondos que no viven en las casas no puedan comprarlas en zonas tensionadas. Pues no salió adelante y el PSOE se abstuvo. No conseguimos convencer a los socios de Gobierno de que el tema de la vivienda es un tema grave.
En el PSOE creen que perdieron la última vez por la deuda, pero fue la vivienda. Y estamos en riesgo de volver a perder por la vivienda
En el PSOE piensan que perdieron la última vez por la deuda, pero perdieron por la vivienda. La deuda fue consecuencia de haber gestionado mal el inmobiliario. Y estamos en riesgo de que vuelva a perderse el Gobierno otra vez por la vivienda.
Podríamos haber utilizado 61.000 millones de créditos blandos del Plan de Recuperación pero han preferido no aumentar deuda porque piensan que es el peligro. Pero, en realidad, el peligro es la vivienda. Lo que hace que los ciudadanos piensen que sabes o no gestionar la economía es que le resuelvas sus problemas. Y uno de los problemas fundamentales de muchas personas es que no pueden tener un proyecto personal porque no pueden acceder a una vivienda a un precio razonable. Y el PSOE no termina de verlo.
El PSOE prefiere no aumentar deuda porque piensan que es un peligro, pero el peligro es la vivienda
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
P: Otro gran debate que va a abrirse en el Congreso es el de la financiación autonómica, una cuestión sobre la que ha habido mucho debate interno en Sumar. ¿Ha concluido ya esa discusión?
R: Sí, creo que la posición está muy sedimentada. Todos compartimos que está muy bien que el Gobierno tome la iniciativa para renovar un sistema caducado desde 2014. Y lo hace poniendo 21.000 millones más encima de la mesa, aunque una parte, unos 3.000 millones, parten de las comunidades autónomas.
Las comunidades han recibido una cantidad ingente y no han mejorado servicios por los procesos de privatización
Nuestro criterio fundamental es que el nivel de servicio público tiene que ser equivalente en todo el país. Apostamos por una nivelación completa en función de la población ajustada de cada territorio, lo que conduce a que la calidad del servicio público que se presta sea equivalente, independientemente del territorio. En eso yo creo que nuestro espacio coincide y ahora tenemos que sentarnos a negociar los elementos para llegar a ese objetivo común.
También queremos condicionar esos 21.000 millones, dentro del sistema de financiación o fuera. A diferencia de la Administración General del Estado, las comunidades sí han recibido en sus presupuestos ese aumento de la recaudación, una cantidad ingente. Y no estamos viendo que las listas de espera estén bajando en la sanidad, por ejemplo, o que mejore la educación.
Si vamos a poner más dinero en el sistema de financiación, queremos una reflexión sobre la eficiencia de los procesos de privatización
¿Cuál es el motivo que hay detrás de todo eso? Los procesos de privatización. El coste de un servicio público, como el de un hospital, está sólo en los médicos, los enfermeros, los celadores y el material y la maquinaria que se necesite.
Si lo haces a través de un hospital privado tienes que remunerar además el capital privado, que no se conforma con un margen del 2% o del 3%. Te piden un 10% o un 15%. Esto está encareciendo los servicios públicos y está chupando gran parte del dinero que aportan los contribuyentes. Queremos que esta cuestión, aunque no esté dentro del sistema de financiación, forme parte de la reflexión. Si vamos a poner más recursos, se haga una reflexión en términos de la eficacia y la eficiencia de ese gasto.