El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, la “más enérgica queja” por las manifestaciones del juez Juan Carlos Peinado sobre los agentes encargados de la protección de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluidas en el auto por el que se abre juicio oral contra ella.
En dicha resolución, de 84 páginas y fechada este sábado, el magistrado asegura que “no cabe duda” de que los agentes que acompañan a Gómez pueden, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar “en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.
Para el ministro, esas afirmaciones “representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho”, como ha expresado Interior en un comunicado este sábado.
Marlaska ha señalado además que las sospechas del magistrado alcanzan no solo a los agentes con el servicio de acompañamiento asignado “sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales”.
El titular de Interior considera estas afirmaciones “un hecho de máxima gravedad” y ha instado al CGPJ a que adopte “las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones” al tiempo que ha insistido en la “plena profesionalidad” de los agentes y de sus mandos.
La queja se produce a raíz del auto en el que Peinado acuerda abrir juicio oral con jurado popular a Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, tras la audiencia preliminar celebrada el lunes en los juzgados de Plaza de Castilla. El juez les atribuye presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y acuerda retirarles el pasaporte, prohibirles salir de España y obligarles a comparecer dos veces al mes ante el juzgado.
El instructor argumenta que los hechos investigados “pudieron suponer que, desde la llegada de su esposo primero a la secretaría general del PSOE y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC, que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional”. Peinado también envía a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, aunque sin medidas cautelares.