El Gobierno trabaja en el traslado urgente a la Península de aproximadamente 500 niñas migrantes no acompañadas que se encuentran en Ceuta después de la entrada masiva registrada a finales de julio. La medida formará parte de un plan integral de acogida impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia para responder a la saturación del sistema de protección de la ciudad autónoma.
El departamento dirigido por Sira Rego estudia una fórmula que permita alojar y atender a las menores en recursos especializados gestionados por organizaciones de protección a la infancia, pero sin que las comunidades autónomas receptoras tengan que asumir necesariamente su tutela.
La cifra inicial se sitúa en alrededor de 500 niñas, aunque Juventud e Infancia advierte de que podrá variar a medida que avance la identificación y evaluación individual de las menores.
El traslado se tramita por una vía urgente
El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, trabaja desde el pasado domingo en Ceuta en la preparación del dispositivo. El objetivo es articular una respuesta que permita acelerar la salida de los perfiles más vulnerables hacia instalaciones adaptadas en distintos puntos de la Península.
"En este momento se trabaja en esta vía de manera urgente para un número concreto de menores, en este momento cifrado en 500 aproximadamente, si bien puede variar durante el proceso", explican fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.
El traslado todavía se encuentra en fase de preparación. Por ahora, el Gobierno no ha detallado qué organizaciones participarán, dónde estarán situados los recursos de acogida ni cuándo comenzarán los desplazamientos.
Las comunidades no tendrían que asumir la tutela
La principal particularidad de la fórmula estudiada es que las niñas podrían ser atendidas en la Península "sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas". El Ministerio plantea que las organizaciones especializadas en protección de la infancia se encarguen de la acogida y el cuidado de las menores en recursos adaptados. De esta manera, el cambio de ubicación no implicaría automáticamente que la comunidad de destino tuviera que asumir la tutela.
Este mecanismo busca agilizar la protección de las niñas mientras se analiza individualmente la situación de cada una. Las menores no acompañadas están sometidas al sistema de protección de la infancia, por lo que cualquier decisión debe adoptarse atendiendo a su interés superior y no puede ejecutarse como una devolución o un traslado colectivo de adultos.
Un plan con varias fórmulas de acogida
El traslado de las aproximadamente 500 niñas constituye una de las medidas incluidas en el plan integral que prepara Juventud e Infancia, pero no la única. El Ministerio también contempla aplicar el real decreto-ley que establece una acogida vinculante y solidaria de menores migrantes entre las comunidades autónomas. Este mecanismo permite redistribuir a niños, niñas y adolescentes desde territorios cuyo sistema de protección se encuentra desbordado.
El plan incorpora igualmente el acogimiento familiar y otras soluciones destinadas a acelerar la atención de los menores que permanecen en Ceuta.
El Ejecutivo busca así combinar tres vías: el reparto entre comunidades, el acogimiento en familias y la atención directa en recursos especializados gestionados por entidades de protección a la infancia. Esta última alternativa sería la utilizada prioritariamente para las cerca de 500 niñas que el Gobierno pretende trasladar a la Península.
La cifra de 500 niñas todavía puede cambiar
El número anunciado no constituye una relación definitiva de menores ni significa que todos los traslados estén ya autorizados. La estimación puede modificarse durante el proceso de identificación, filiación y valoración individual.
Antes de cada desplazamiento deberá determinarse la edad, la situación familiar, las necesidades de protección y las circunstancias particulares de cada niña. También tendrá que comprobarse si alguna cuenta con familiares con los que pueda plantearse una reagrupación segura.
La operación responde a la necesidad de reducir la presión sobre Ceuta y ofrecer una atención diferenciada a las niñas, consideradas uno de los grupos más expuestos a situaciones de violencia, abuso o explotación dentro de una emergencia migratoria.