El Congreso aprueba la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia

La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que ha aprobado el Congreso corresponde al Proyecto de Ley 121/000064. Según la tramitación oficial, el 14 de julio de 2026 el Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto (179 sí, 33 no, 137 abstenciones), de modo que la fase en el Congreso ha concluido. El siguiente paso ordinario es su remisión al Senado, por lo que la iniciativa se sitúa ahora en la antesala de la tramitación en el Senado, todavía sin publicación en el BOE como ley vigente. A partir de este momento, la Cámara Alta podrá presentar enmiendas o vetos, que en su caso deberán ser resueltos de nuevo por el Congreso.

Identificación de la reforma

La iniciativa a la que te refieres es el “Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española”, con identificador parlamentario 121/000064.

El texto inicial del proyecto puede consultarse en el Boletín de la Cámara (texto del proyecto). También está disponible la ficha general de tramitación en el buscador del Congreso, donde se actualiza el estado y las distintas fases (ficha de la iniciativa).

Qué ha ocurrido en el Congreso

Antes de llegar al Parlamento, el texto pasó por las fases ordinarias en el Ejecutivo:

• Consulta pública previa (13–28 mayo 2024) sobre el anteproyecto, convocada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, disponible en consulta pública.
• Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2025, autorizando la tramitación urgente del anteproyecto, recogido en la referencia del 11 de febrero de 2025.
• Audiencia pública del anteproyecto (28 febrero–10 marzo 2025), cuyo documento puede verse en audiencia pública.
• Aprobación del Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros el 15 de julio de 2025 y remisión a las Cortes, según la referencia del 15 de julio de 2025, seguida del acuerdo de tramitación parlamentaria urgente de 22 de julio de 2025 (referencia del 22 de julio de 2025).

Ya en el Congreso, la iniciativa se registró el 17 de julio de 2025 y se admitió a trámite el 24 de julio de 2025, abriéndose plazo de enmiendas. Se publicó el texto en el Boletín de las Cortes (BOCG-15-A-64-1). Posteriormente se presentaron enmiendas a la totalidad, publicadas el 5 de diciembre de 2025 (BOCG-15-A-64-3), que fueron debatidas y rechazadas en el Pleno del 11 de diciembre de 2025 (7 sí, 171 no, 169 abstenciones), permitiendo que el proyecto continuara su tramitación.

Tras numerosas ampliaciones del plazo de enmiendas, el 12 de febrero de 2026 el Pleno acordó, a petición de Junts per Catalunya, la avocación a Pleno de la votación final, con 338 votos a favor y 6 abstenciones. Este acuerdo se formalizó en un boletín específico (BOCG-15-A-64-4). El 12 de marzo de 2026 se publicaron las enmiendas al articulado (BOCG-15-A-64-5).

Finalmente, el 14 de julio de 2026 el Pleno del Congreso votó el dictamen de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo sobre el proyecto, con el resultado de 179 votos a favor, 33 en contra y 137 abstenciones. Ese mismo día se votaron y rechazaron numerosas enmiendas parciales de distintos grupos.

Fase actual y siguientes pasos

Con la aprobación del dictamen por el Pleno del Congreso, el trámite en la Cámara Baja está completado. De acuerdo con el procedimiento general de los proyectos de ley, el siguiente paso es la remisión del texto al Senado, que podrá:

• Presentar enmiendas parciales al proyecto.
• Plantear un veto al conjunto del texto.

Si el Senado formula enmiendas o un veto, el proyecto deberá volver al Congreso para que este las acepte, modifique o levante el eventual veto con las mayorías correspondientes. Solo una vez superada esta fase bicameral y promulgada la norma, se publicará en el BOE como ley vigente. Por ahora, en las fuentes consultadas no consta todavía la publicación en BOE ni la finalización de la tramitación en el Senado, por lo que la reforma se encuentra en el tránsito entre Congreso y Senado.

Como contexto de fondo, la ley de dependencia original puede consultarse en el BOE (Ley 39/2006), que es uno de los textos que este proyecto modifica para reforzar derechos, autonomía y accesibilidad de las personas con discapacidad.

Pablo Bustinduy es actualmente ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, un departamento que concentra las políticas de servicios sociales, protección de consumidores y coordinación de la Agenda 2030. Sus competencias abarcan los derechos sociales (dependencia, discapacidad, familia, infancia, mayores, tercer sector), la protección de las personas consumidoras y usuarias, el juego y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el plano político, Bustinduy forma parte del espacio de la coalición Sumar, tras una etapa previa de protagonismo en Podemos.

1. Nombre oficial del ministerio y marco jurídico

El departamento que encabeza se denomina oficialmente Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esta configuración resulta de la reordenación del Gobierno tras la formación del tercer Ejecutivo de Pedro Sánchez y la integración, en una sola cartera, de las funciones que antes ejercían el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio de Consumo.

Las competencias básicas del Ministerio se fijan en la normativa de estructura ministerial (Real Decreto 311/2021 y sus modificaciones, especialmente el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, que atribuye al ministerio las funciones en materia de servicios sociales y familia, y el Real Decreto 209/2024, de 27 de febrero, que desarrolla su estructura orgánica básica, citado expresamente en el BOE en resoluciones como la de encomienda de gestión al Real Patronato sobre Discapacidad, disponible en este texto del BOE y en esta otra resolución de convenio de servicios sociales con la Comunidad de Madrid (enlace del BOE).

2. Competencias en materia de derechos sociales

En el bloque de derechos sociales, el ministerio dirige la política estatal de:

• Servicios sociales y sistema de dependencia: planificación, financiación y coordinación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y de los servicios sociales básicos, como se ve en medidas recientes de refuerzo financiero y reformas legislativas recogidas por el periódico Demócrata, por ejemplo en las iniciativas sobre dependencia y discapacidad o en el Real Decreto-ley de refuerzo del sistema de dependencia citado en esta crónica del Consejo de Ministros.
• Discapacidad y accesibilidad: tutela del Real Patronato sobre Discapacidad y desarrollo de la accesibilidad universal en toda la Administración General del Estado, tal y como detalla el propio ministerio en notas como la del protocolo de accesibilidad (nota sobre accesibilidad).
• Infancia, juventud y familia: apoyo a familias vulnerables, programas frente a la pobreza infantil y protección de la infancia, como refleja la movilización de 200 millones de euros para programas autonómicos de acción social descrita en esta nota oficial.
• Personas mayores y soledad no deseada: impulso de estrategias contra la soledad y políticas de envejecimiento activo, además de la relación con el Imserso y programas como el turismo social (por ejemplo, la prórroga del programa de turismo del Imserso recogida en esta nota).
• Tercer sector e innovación social: relación con entidades sociales, financiación de proyectos y promoción de la innovación social, como destaca la creación de un centro de referencia en esta información del Ministerio.

Estas funciones se ejercen a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y diversas direcciones generales (Servicios Sociales, Diversidad Familiar, Discapacidad, etc.), cuya existencia y adscripción se recogen en el mencionado Real Decreto 209/2024.

3. Competencias en consumo y juego

Con la integración de Consumo, el ministro asume también la conducción de la política de defensa de las personas consumidoras y usuarias y de regulación del juego. Entre las funciones destacadas, según la propia actividad reciente del departamento:

• Impulso de una Ley de Consumo Sostenible y de normas sobre seguridad general de los productos, etiquetado accesible y límites de depósito en el juego online, tal y como detalla Demócrata en el análisis del Plan Anual Normativo de 2026 (reportaje sobre la agenda de Bustinduy).
• Control de sectores como la vivienda en alquiler desde la óptica de consumo, abriendo expedientes a grandes inmobiliarias o interviniendo frente a prácticas abusivas, recogido en comunicados como este sobre un gran operador inmobiliario (nota sobre expediente a inmobiliaria).
• Refuerzo de la protección frente al juego problemático, mediante sistemas de límites conjuntos de depósito en juego online, aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta de su departamento, según esta nota de prensa.

4. Competencias en Agenda 2030 y proyección internacional

El ministerio es el responsable de la coordinación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el conjunto de la acción de gobierno. A través de la Dirección General de Agenda 2030, impulsa convocatorias de ayudas para proyectos que promuevan los ODS, como los 18 millones de euros en subvenciones a entidades sociales señalados en esta comunicación oficial, y coordina espacios de trabajo interadministrativos, tanto en España como en foros internacionales, por ejemplo la Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos recogida en notas de prensa del propio ministerio (nota de Derechos Sociales) y de Moncloa (nota de Moncloa).

5. Partido o espacio político de Pablo Bustinduy

En cuanto a su adscripción política, las fuentes consultadas sitúan a Bustinduy en el entorno de la coalición Sumar, a la que se incorporó como responsable del área internacional en 2023 y de la que procede su nombramiento como ministro en el actual Gobierno de coalición. Medios como Demócrata lo incluyen de forma sistemática en el mapa de liderazgos de Movimiento Sumar. Anteriormente fue dirigente de Podemos y diputado en el Congreso, pero en la etapa actual su referencia política es el espacio de Sumar, que es el socio minoritario del Gobierno junto al PSOE.

Las comunidades autónomas acceden a la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) si cumplen un conjunto de obligaciones fijadas, principalmente, por la Ley 39/2006 y su desarrollo reglamentario. Jurídicamente, la financiación estatal se articula en un nivel mínimo (financiado íntegramente por el Estado) y un nivel acordado o adicional que exige cofinanciación autonómica y convenios específicos. Además, los criterios de reparto y varias condiciones de acceso se concretan en acuerdos del Consejo Territorial y en los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

1. Marco legal básico y niveles de protección

El punto de partida es la Ley 39/2006, que en su artículo 7 define tres niveles de protección:

• Nivel mínimo de protección, garantizado por la Administración General del Estado.
• Nivel acordado entre el Estado y cada comunidad autónoma, sujeto a convenios.
• Nivel adicional que pueden establecer las comunidades autónomas con sus propios recursos.

El Real Decreto 1050/2013, de nivel mínimo, y el Real Decreto 1082/2017 desarrollan cómo se calcula la aportación estatal por beneficiario y cómo se asigna territorialmente este nivel mínimo. Aunque no regulan directamente el “nivel acordado”, sí fijan la lógica general de financiación ligada a beneficiarios, grado de dependencia y tipo de prestaciones.

2. Cofinanciación y convenios Estado‑CCAA

El núcleo de los requisitos para acceder a financiación adicional está en los artículos de financiación de la Ley 39/2006:

• Convenios de cooperación: en el marco del artículo 10, la Administración General del Estado y cada comunidad suscriben convenios (anuales o plurianuales) donde:
  • Se concretan las obligaciones de financiación de cada parte.
  • Se fijan los criterios de reparto (población dependiente, dispersión geográfica, insularidad, emigrantes retornados y otros factores).
  • Se regulan los mecanismos de seguimiento, justificación y control del uso de los fondos.
• Regla de aportación mínima autonómica: la ley exige que la aportación de la comunidad autónoma sea, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado en el marco de esos convenios y del nivel acordado. Este requisito se ha visto puntualmente suspendido por diversas leyes de Presupuestos Generales del Estado para determinados ejercicios, pero continúa siendo la regla general del sistema.

En la práctica, solo las comunidades que asumen esa cofinanciación y suscriben los convenios con el Estado acceden a la financiación estatal más allá del nivel mínimo.

3. Requisitos ligados al nivel mínimo y a la gestión efectiva

Para percibir la financiación estatal del nivel mínimo, los reales decretos de desarrollo fijan requisitos de hecho vinculados a la gestión del sistema:

• El Real Decreto 1050/2013 (citado por el Real Decreto 1082/2017) establece que la asignación financiera a cada comunidad autónoma se efectúa mensualmente considerando tres variables:
  • Número de beneficiarios con resolución de dependencia.
  • Grado de dependencia reconocido.
  • Número y tipo de prestaciones del catálogo de la Ley 39/2006.

Esto implica que, para recibir la financiación, la comunidad debe:

• Haber reconocido formalmente el grado de dependencia de las personas y haber asignado prestaciones o servicios.
• Comunicar de forma puntual y fiable esa información al sistema estatal, ya que es la base del cálculo de los importes mensuales.

4. Sistemas de información, calidad y control

La Ley 39/2006 impone otras obligaciones que, sin ser estrictamente “financieras”, condicionan el acceso y la continuidad de la financiación adicional:

• Sistema de información común (artículos sobre información estadística y redes de comunicaciones):
  • El Ministerio competente debe establecer un sistema de información del SAAD.
  • En el seno del Consejo Territorial se acuerdan los objetivos y contenidos de la información, incluyendo datos de población protegida, recursos humanos, infraestructuras, resultados y calidad.
  • Las comunidades han de alimentar este sistema; sin esa información, no se puede calcular ni justificar adecuadamente la financiación.
• Criterios comunes de calidad y acreditación:
  • El Consejo Territorial acuerda criterios de calidad, acreditación de centros y servicios, indicadores y guías de buenas prácticas, que las comunidades deben respetar en la red financiada con fondos del SAAD.
• Órganos y procedimientos de valoración:
  • Acuerdos del Consejo Territorial, publicados por ejemplo mediante la Resolución de 4 de febrero de 2010 (acuerdo sobre órganos y procedimientos de valoración), fijan criterios comunes de valoración que las comunidades han de aplicar.

5. Acuerdos del Consejo Territorial y ajustes de sostenibilidad

Además de la ley y los reales decretos, el Consejo Territorial adopta acuerdos que inciden en las condiciones para el acceso a financiación adicional, como el Acuerdo para la mejora del sistema (2012). Estos acuerdos abordan, entre otros aspectos:

• Priorización de la atención a grados de mayor dependencia.
• Revisión del peso de las prestaciones económicas frente a servicios.
• Homogeneización de procedimientos y sistemas de información.

No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre requisitos financieros adicionales concretos (por ejemplo, porcentajes cerrados de cofinanciación distintos a la regla general de igualdad de aportaciones), que se suelen fijar año a año en los Presupuestos y en cada convenio específico.