El proyecto de real decreto que regulará los requisitos energéticos, medioambientales y de resiliencia y soberanía digital de los centros de datos ha llegado al Consejo de Estado. El Gobierno ha remitido el texto por la vía de urgencia, con un plazo de 15 días hábiles para el dictamen, mientras la industria prepara sus alegaciones y no descarta acudir a los tribunales para frenar una regulación que considera inviable.
El sector rechaza de forma frontal la nueva versión de la norma, pese a los cambios introducidos por el Ejecutivo tras el periodo de consulta pública. Las empresas consultadas consideran que las modificaciones no despejan las principales incertidumbres y advierten de que las exigencias pueden comprometer nuevas inversiones y favorecer el traslado de proyectos a otros mercados europeos.
La industria cifra en 67.000 millones de euros las inversiones que estarían en riesgo y asegura que, tras el primer borrador, se retiraron de forma inmediata proyectos por valor de 9.000 millones. Se trata de estimaciones trasladadas por fuentes del sector, que también anticipan posibles anuncios negativos en los próximos días y apuntan a que algunas compañías ya estarían iniciando su salida de España. Las empresas no han podido concretar públicamente todos los casos por motivos de confidencialidad.
El plazo del Consejo de Estado y la carrera hacia el 29N
El expediente entró en el Consejo de Estado el lunes 26 de octubre. Al haberse solicitado la tramitación urgente, el órgano consultivo dispone de 15 días hábiles para emitir su dictamen. El cómputo apunta al 18 de noviembre como posible fecha límite, aunque el calendario definitivo depende de las reglas aplicables al expediente y de la tramitación interna del órgano.
La fecha tiene relevancia política porque el Gobierno aspira a aprobar la norma antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. No obstante, el dictamen del Consejo de Estado no supondría por sí solo la aprobación definitiva: después deberán completarse los trámites previstos, incluidos los informes ministeriales correspondientes, el paso por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y la decisión final del Consejo de Ministros.
La fecha tiene relevancia política porque el Gobierno aspira a aprobar la norma antes de las elecciones generales del 29 de noviembre
La industria ha solicitado personarse ante el Consejo de Estado para presentar sus alegaciones. Su prioridad es que el procedimiento deje de tramitarse por la vía urgente y disponga de más tiempo para el análisis técnico y jurídico. Las fuentes consultadas consideran que la premura no está justificada y sostienen que el calendario puede dificultar una evaluación suficiente de los efectos de la norma.
Dos alternativas que el sector considera inviables
El principal punto de fricción es la obligación de que los centros de datos cubran al menos el 80% de su consumo eléctrico con generación renovable bajo determinadas condiciones. El nuevo texto introduce cambios respecto al borrador inicial y contempla un periodo transitorio de cinco años para determinadas instalaciones que se adhieran al sistema de reducción de potencia de la red. Sin embargo, las empresas sostienen que esa flexibilidad no resuelve el problema de fondo.
Según la interpretación de las fuentes sectoriales, la regulación coloca a los operadores ante dos escenarios. El primero exige cumplir objetivos de generación renovable y correlación horaria que consideran desproporcionados y difíciles de materializar en la práctica. El segundo permite acogerse a un régimen transitorio a cambio de aceptar posibles desconexiones cuando el sistema eléctrico lo requiera.
La industria cuestiona que instalaciones diseñadas para funcionar de forma ininterrumpida puedan quedar expuestas a cortes de suministro decididos por el Ejecutivo, sin compensación y durante un periodo que considera excesivo. También advierte de que el incumplimiento de los requisitos podría acarrear sanciones y, en última instancia, la pérdida del acceso a la red.
"La lectura que le han querido dar de que se suaviza, no; se nos hace elegir entre el tipo de soga con la que queremos ahorcarnos", resumen las fuentes consultadas, que califican el texto de inaceptable y creen que la incertidumbre regulatoria puede disuadir a nuevos inversores.
El Gobierno, por su parte, defiende que los requisitos buscan ordenar el crecimiento de unas instalaciones con una elevada demanda eléctrica y evitar que su consumo repercuta sobre el precio de la energía para el resto de los usuarios. La propuesta mantiene la exigencia de respaldo renovable, pero introduce modificaciones en los plazos y en las condiciones de cumplimiento.
La industria cuestiona la legalidad del procedimiento
Las objeciones del sector no se limitan al contenido energético. Las empresas preparan alegaciones sobre la posible vulneración del principio de reserva de ley, la proporcionalidad de las medidas y la falta de justificación suficiente para recurrir a la urgencia. También cuestionan que la memoria económica y de impacto permita evaluar adecuadamente las consecuencias de medidas como la revocación de licencias.
Otro de los frentes es el papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La industria reclama que el texto vuelva al organismo regulador para que emita un nuevo dictamen, al entender que los cambios introducidos son sustanciales y que la versión remitida al Consejo de Estado no recoge de forma suficiente sus recomendaciones.
Además, las fuentes consultadas prevén trasladar a la CNMC sus objeciones sobre la ausencia de una notificación a la Comisión Europea mediante el procedimiento TRIS, que consideran obligatorio por las restricciones técnicas que la norma podría introducir en los servicios de la sociedad de la información. A su juicio, el proyecto puede entrar en conflicto con la unidad de mercado comunitaria.
El sector no descarta emprender acciones judiciales cuando conozca la redacción definitiva del real decreto. La decisión dependerá, entre otros factores, de cómo queden formuladas las obligaciones y de las garantías que incorpore el texto final.
Andalucía tiene 20 proyectos en cartera
El conflicto afecta a una actividad que aspira a captar inversiones de gran volumen y a consolidar España como destino para infraestructuras digitales. En Andalucía, la Junta cuenta con 20 proyectos de centros de datos en cartera, según los datos oficiales facilitados por la Administración autonómica.
Las empresas sostienen que las exigencias energéticas, unidas al riesgo de desconexiones y a la posibilidad de perder las licencias, pueden llevar a los promotores a elegir otros países o mercados cercanos. La industria reclama que el Gobierno revise la propuesta con mayor margen de análisis y diálogo con los operadores, las compañías eléctricas y el sector de las energías renovables.
El expediente llega así al Consejo de Estado con dos posiciones enfrentadas: el Ejecutivo defiende una regulación destinada a contener el impacto energético y medioambiental de los centros de datos, mientras que la industria sostiene que las condiciones pueden comprometer la viabilidad de los proyectos. El dictamen del órgano consultivo será el siguiente hito de una tramitación que el Gobierno quiere completar antes del 29 de noviembre y que el sector se prepara para combatir también por la vía jurídica.