El líder del PP inicia hoy junto a Xavier García Albiol una ronda de visitas a las zonas afectadas por la violencia callejera. Los incidentes de Barcelona, A Coruña, Pamplona y Bilbao, con ataques a policías y daños a comercios, abren un debate sobre la respuesta de Interior y las competencias de las policías autonómicas.
Alberto Núñez Feijóo ha decidido convertir la seguridad ciudadana en uno de los principales ejes de su campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. El presidente del Partido Popular comenzará en Barcelona, acompañado por Xavier García Albiol, una serie de visitas a lugares afectados por episodios de violencia callejera, con la intención de conocer los daños sufridos por comerciantes y vecinos y trasladar sus propuestas para reforzar el orden público.
La iniciativa, según fuentes populares consultadas por DEMÓCRATA, responde también a una convicción política: el PP considera que el Gobierno de Pedro Sánchez no está adoptando las decisiones necesarias para garantizar la seguridad en las calles.
La elección de Barcelona no es casual. La ciudad acaba de registrar unos disturbios que se han saldado con 128 detenidos, 72 de ellos menores de edad, quince policías heridos, 23 comercios vandalizados y 33 intervenciones de los bomberos por incendios.
La convocatoria, difundida principalmente a través de TikTok, reprodujo fórmulas de movilización juvenil observadas anteriormente en Francia y terminó con barricadas, saqueos y ataques contra los Mossos d'Esquadra.
Para el PP, los acontecimientos de Barcelona no pueden analizarse de forma aislada. En los últimos días se han registrado episodios violentos en A Coruña, Pamplona y Bilbao, algunos vinculados a protestas contra actos de Vox o contra la presencia de Vito Quiles. Aunque sus desencadenantes son distintos y no existe una organización común acreditada, los incidentes presentan un elemento compartido: agresiones o ataques contra los agentes, alteraciones del orden público y daños a bienes públicos y privados.
En esta campaña, el dirigente gallego quiere llevar ese diagnóstico al terreno electoral. Su estrategia consiste en visitar los escenarios de los disturbios, escuchar a los afectados y cuestionar la respuesta institucional. La dirección popular sostiene que no basta con condenar la violencia una vez producida y reclama una actuación preventiva y coordinada de los poderes públicos.
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El PP señala al Gobierno: no basta con condenar los disturbios
La crítica que el PP dirige al Ejecutivo va más allá de los daños ocasionados por los manifestantes violentos. Los populares consideran que el Gobierno central debería ejercer con mayor determinación sus competencias de seguridad y garantizar una respuesta institucional capaz de prevenir los disturbios, proteger a los agentes y evitar que las protestas desemboquen en ataques contra personas y propiedades.
En esa línea se ha pronunciado Feijóo tras los incidentes de Bilbao. El presidente popular condenó lo que calificó como un nuevo intento de intimidación de la izquierda violenta y vinculó su propuesta electoral a la necesidad de un Gobierno que garantice el orden y la seguridad. Su mensaje pretende situar la actuación del Ejecutivo de Sánchez bajo escrutinio en un asunto que afecta directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos.
El planteamiento del PP incorpora, por tanto, una exigencia política concreta: que las autoridades no se limiten a reaccionar cuando los incidentes ya se han producido, sino que anticipen las convocatorias de riesgo, refuercen los dispositivos cuando sea necesario y aseguren la coordinación entre administraciones.
Sin embargo, la responsabilidad operativa no corresponde siempre al Ministerio del Interior. En Cataluña, el mantenimiento ordinario de la seguridad ciudadana recae principalmente en los Mossos d'Esquadra, dependientes de la Generalitat. En el País Vasco, esa función corresponde a la Ertzaintza, bajo la autoridad del Gobierno vasco. En Navarra intervienen tanto la Policía Foral como la Policía Nacional, mientras que en Galicia la Policía Nacional depende del Ministerio del Interior.
De ahí que, la cuestión política que Feijóo quiere abrir es más amplia: si el conjunto de las administraciones está dando una respuesta suficiente a una sucesión de episodios violentos y qué cambios deberían introducirse para prevenirlos.
Barcelona, primera parada: 128 detenidos y una movilización inspirada en Francia
Los incidentes registrados el sábado 24 de octubre en el centro de Barcelona constituyen el episodio de mayor dimensión por número de detenidos.
Centenares de jóvenes acudieron a la plaza de Cataluña tras una convocatoria difundida a través de redes sociales. Muchos vestían de negro y algunos llevaban el rostro cubierto. Lo que comenzó como una concentración no comunicada terminó con lanzamiento de objetos, incendios de mobiliario urbano y actos vandálicos contra establecimientos comerciales.
El balance conocido es especialmente significativo: 128 arrestados, 72 menores, 23 comercios afectados y 33 intervenciones por incendios. Los Mossos también levantaron actas por la incautación de armas blancas, aerosoles, pasamontañas, material pirotécnico y piedras.
La movilización presenta similitudes con el fenómeno conocido como Blocus, extendido mediante redes sociales y relacionado con convocatorias juveniles registradas en Francia. Sin embargo, esa semejanza no acredita que los incidentes españoles estén dirigidos desde el extranjero ni que exista una estructura organizada común.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, calificó la movilización de sospechosa y subrayó que no respondía a una protesta convencional. También cifró inicialmente en unos 36.000 euros los daños ocasionados al mobiliario urbano quemado.
A Coruña: doce policías lesionados durante las protestas contra Abascal
En A Coruña, el origen de los incidentes fue diferente. El 21 de octubre, unas 5.000 personas, según las cifras policiales recogidas por EFE, participaron en una concentración contra un acto de Santiago Abascal en la plaza de María Pita.
La Policía Nacional desplegó un dispositivo para separar a los manifestantes de los asistentes al acto de Vox. Al término de la convocatoria, un grupo de personas, algunas encapuchadas, comenzó a lanzar piedras, sillas y petardos contra el cordón policial.
Los enfrentamientos se saldaron con dos detenidos, doce agentes lesionados, varios manifestantes heridos y dos periodistas alcanzados por objetos. Los agentes efectuaron cargas y utilizaron material antidisturbios.
La actuación policial también provocó críticas por parte de algunas organizaciones convocantes, que denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza. Esa controversia no altera el hecho de que se produjeron ataques contra agentes.
A diferencia de Barcelona, en A Coruña la Policía Nacional dependía directamente del Ministerio del Interior, por lo que las decisiones relativas al dispositivo y a su planificación se sitúan dentro de la estructura estatal de seguridad.
Pamplona: tres detenidos y cuatro policías heridos
Navarra también ha registrado episodios de violencia asociados a convocatorias políticas y mediáticas.
El 15 de octubre, la presencia de Vito Quiles en el entorno del parque Yamaguchi de Pamplona desencadenó protestas que terminaron con lanzamiento de piedras y botellas, contenedores volcados y cargas policiales.
El balance posterior elevó a tres las personas detenidas, una de ellas menor de edad, y cuatro los agentes de la Policía Nacional heridos leves. En el operativo participaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Foral.
La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, condenó los incidentes y defendió que las discrepancias ideológicas deben expresarse mediante procedimientos democráticos y sin recurrir a la violencia.
El episodio ilustra una de las cuestiones que el PP quiere trasladar a la campaña: cómo garantizar que los actos públicos puedan celebrarse con seguridad e impedir que una parte de los participantes en las protestas imponga por la fuerza sus posiciones.
Bilbao: ataques a la Ertzaintza incluso después de cancelarse el acto
Bilbao vivió este lunes uno de los episodios más recientes. Una movilización contra la presencia de Vito Quiles en las inmediaciones de la Universidad de Deusto terminó con barricadas, vehículos incendiados, daños a comercios y lanzamiento de piedras contra agentes de la Ertzaintza.
El dato más relevante es que el acto de Quiles había sido cancelado antes de que se produjeran los disturbios más graves. El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco interpretó esta circunstancia como un indicio de que quienes protagonizaron los ataques buscaban provocar alteraciones del orden público con independencia de la celebración del encuentro.
El balance definitivo difundido este martes por la Ertzaintza sitúa en 17 los detenidos, diez de ellos menores, y una persona investigada. Ninguno de los arrestados había sido detenido previamente por la Policía vasca. La investigación continúa abierta para identificar a otros posibles participantes.
Según la información oficial, entre los arrestados hay ciudadanos españoles y personas de otros orígenes.
En este caso, la responsabilidad del operativo correspondía a la Ertzaintza, dependiente del Ejecutivo vasco, cuyo lehendakari, Imanol Pradales, condenó los altercados.
Quiénes protagonizan los disturbios: jóvenes, radicales y perfiles distintos
Una de las cuestiones que se plantean las autoridades es quién está detrás de estos episodios y hasta qué punto existe capacidad de organización para trasladar convocatorias violentas de una ciudad a otra.
Los datos disponibles no permiten hablar de un perfil único. En Barcelona, 72 de los 128 detenidos eran menores y solo dos tenían antecedentes por desórdenes públicos, según el balance de los Mossos. En Bilbao, los 17 arrestados tenían entre menos de 18 y 25 años, y ninguno había sido detenido anteriormente por la Ertzaintza.
En A Coruña y Pamplona, por su parte, los incidentes se produjeron durante protestas convocadas contra actos o presencias públicas concretas, en las que participaron colectivos diversos y también grupos de personas encapuchadas que se enfrentaron a la Policía.
La presencia de grupos antisistema en determinados episodios y las referencias a participantes de diferentes procedencias no autorizan a atribuir a todos los implicados una identidad común. Las investigaciones deberán establecer quién organizó cada convocatoria, quién participó en los ataques y si existieron mecanismos de coordinación entre los responsables de los actos violentos.
Grupos radicales y convocatorias organizadas detrás de los disturbios
Las investigaciones policiales y las declaraciones de las autoridades apuntan a la participación de grupos radicales y a la preparación de acciones violentas en algunos de los disturbios registrados en Bilbao, Pamplona y Barcelona.
En el País Vasco, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha señalado que los jóvenes implicados pudieron seguir consignas de organizaciones radicales, mientras que el lehendakari, Imanol Pradales, ha denunciado la actuación de centenares de radicales organizados. Los altercados continuaron incluso después de cancelarse el acto de Vito Quiles.
En Pamplona, según publicó la Agencia EFE, se identificó a GKS Iruñerria entre los convocantes de las protestas del 15 de octubre, mientras que Diario de Navarra describió la actuación coordinada de grupos vestidos de negro que lanzaron objetos contra la Policía.
En Barcelona, también se localizaron mensajes previos a los disturbios con instrucciones para acudir con pasamontañas, guantes y bengalas, así como conversaciones sobre robos. Los Mossos investigan quién administraba las cuentas anónimas de Blocus, sin que hasta el momento se haya acreditado la responsabilidad de una organización concreta.
La planificación de los dispositivos policiales también ha suscitado críticas. Según El Español, los Mossos conocían la convocatoria de Barcelona desde una semana antes, aunque no previeron la magnitud de los incidentes. En Bilbao, el sindicato policial ErNE ha cuestionado la retirada anticipada de efectivos cuando todavía existía riesgo de altercados. La posible intervención de grupos organizados en la movilización de jóvenes, muchos de ellos sin antecedentes, continúa siendo objeto de investigación.
El debate sobre Interior: prevención, coordinación y respaldo a los agentes
La estrategia del PP sitúa al Ministerio del Interior ante una cuestión política de fondo: qué instrumentos deben emplearse para impedir que concentraciones conocidas con antelación deriven en episodios de violencia.
En términos operativos, la prevención de disturbios depende de varios factores: la información policial disponible, la evaluación del riesgo, la dimensión del dispositivo, la separación de concentraciones enfrentadas, la protección de los establecimientos y la capacidad de intervención ante los primeros incidentes.
También exige cooperación entre cuerpos policiales y administraciones, especialmente cuando las convocatorias se difunden por redes sociales y pueden reproducirse en distintas ciudades.
El PP considera que la respuesta institucional debe ser más firme y coordinada, pero la acusación de que el Gobierno no está impartiendo las órdenes pertinentes requiere distinguir entre una discrepancia sobre la política de seguridad y la existencia de instrucciones operativas concretas que hayan sido omitidas.
Los dispositivos desplegados en Barcelona, A Coruña, Pamplona y Bilbao demuestran que las policías sí intervinieron, practicaron detenciones y, en algunos casos, sufrieron numerosas lesiones. El debate, por tanto, no consiste en determinar si hubo actuación policial, sino si la planificación, los recursos y las decisiones de las autoridades competentes fueron suficientes para prevenir o contener los incidentes.
La respuesta judicial también forma parte de esa discusión. Las detenciones policiales no equivalen a condenas y los presuntos delitos de desórdenes públicos, daños o atentado contra agentes deben acreditarse en los procedimientos correspondientes. En los casos que afectan a menores, interviene además la jurisdicción especializada.
Un plazo de 48 horas
Feijóo quiere ampliar el concepto de seguridad más allá de los disturbios. Su planteamiento incorpora también la protección de la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas.
El presidente popular ha anunciado su intención de promover una nueva legislación que facilite el desalojo de inmuebles ocupados ilegalmente en un plazo de 48 horas, junto con reformas de la Ley del Suelo y de la Ley de Propiedad Horizontal.
La formación pretende vincular estas propuestas con una agenda más amplia de seguridad jurídica, convivencia y protección de los propietarios. Se trata, no obstante, de problemas jurídicos distintos: la ocupación ilegal de un inmueble, el allanamiento de morada y los conflictos derivados del impago del alquiler no tienen idéntico tratamiento legal ni pueden resolverse mediante un único procedimiento.
El PP plantea estas reformas como parte de sus compromisos para los primeros meses de un eventual Gobierno. Su alcance efectivo dependería de la redacción de las normas, de las garantías judiciales y de los medios disponibles para aplicarlas.
Una campaña que llevará la seguridad a los barrios
La ronda que Feijóo iniciará en Barcelona responde a la voluntad del PP de trasladar el debate sobre seguridad fuera de los actos convencionales de partido.
La dirección popular quiere que el candidato escuche directamente a los comerciantes que han sufrido daños, a los vecinos que reclaman mayor protección y a los profesionales encargados de mantener el orden público.
La principal acusación política que Feijóo dirigirá al Gobierno es que España necesita una respuesta más decidida ante los comportamientos violentos y una coordinación institucional que permita prevenirlos. El Ejecutivo, por su parte, ha condenado los incidentes y defiende la actuación de las fuerzas policiales, por lo que la discusión se trasladará previsiblemente a la suficiencia de los dispositivos, las competencias de cada administración y las medidas que propone cada partido.
Barcelona será la primera escala de una estrategia que el PP pretende mantener hasta las elecciones del 29 de noviembre. La sucesión de disturbios ha proporcionado a Feijóo un nuevo asunto de confrontación política con Sánchez, pero también un debate de alcance institucional: cómo garantizar el derecho de manifestación sin que la violencia impida el ejercicio de otras libertades ni comprometa la seguridad de los ciudadanos y de los propios agentes.