El Gobierno quiere volver a regular cuanto antes la creación de nuevas universidades después del revés sufrido esta semana en el Tribunal Supremo. El departamento que dirige Diana Morant trabaja ya en una nueva norma destinada a recuperar buena parte de las exigencias introducidas hace un año para endurecer la apertura de centros universitarios, especialmente privados. El Ministerio asegura que quiere aprobarla "lo antes posible, dentro del marco que establezca la resolución judicial y con todas las garantías jurídicas", aunque por el momento no ha detallado ni su contenido definitivo ni el calendario que pretende seguir.
El movimiento llega apenas dos días después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo declarase nulo el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, al estimar un recurso del Gobierno balear. La decisión no entra a valorar si los nuevos requisitos para las universidades eran adecuados o proporcionados. El problema está en cómo se elaboró la norma: el Ejecutivo recurrió a una tramitación urgente sin justificar suficientemente esa urgencia y, como consecuencia, omitió la consulta pública previa que debía celebrarse antes de redactar el proyecto.
El Supremo tumba el procedimiento, no el contenido
Este matiz resulta fundamental. El Tribunal Supremo no ha declarado ilegales las exigencias que el Gobierno quería imponer a las nuevas universidades ni ha concluido que vulnerasen la libertad de enseñanza. Lo que considera contrario a Derecho es el procedimiento utilizado para aprobarlas. Según la sentencia, la voluntad de que las nuevas reglas estuvieran disponibles rápidamente no acreditaba por sí sola una situación extraordinaria que permitiera saltarse la consulta previa.
La consecuencia es especialmente importante porque la nulidad afecta a todo el Real Decreto 905/2025. El texto había endurecido de manera sustancial las condiciones para abrir nuevas universidades. Entre otras cuestiones, introducía como referencia alcanzar 4.500 estudiantes durante los primeros seis años, ampliaba las exigencias relacionadas con la oferta académica y la investigación y reforzaba los requisitos económicos y de personal. Las universidades privadas debían además acreditar su sostenibilidad financiera y disponer de recursos suficientes para desarrollar la oferta comprometida.
Sánchez: "No nos cruzamos de brazos"
La reacción de Moncloa fue inmediata. Pedro Sánchez anunció después de conocerse la sentencia que el Gobierno acataba el fallo pero que prepararía otra regulación. "No nos cruzamos de brazos. Ya estamos trabajando en una nueva norma para evitar que la universidad se convierta en un negocio", afirmó el presidente. El Ministerio de Morant mantiene la misma posición y sostiene que la necesidad de reforzar los requisitos "era y sigue siendo clara y urgente".
El Ejecutivo argumenta que el crecimiento de la oferta privada puede alterar el equilibrio del sistema si no va acompañado de estándares suficientes. España cuenta actualmente con 50 universidades públicas y 49 privadas, una diferencia mínima después de años de expansión de los centros de titularidad privada. Solo desde 2015 se han aprobado 19 nuevas universidades privadas, según los datos recopilados tras la sentencia.
El discurso del Gobierno ha utilizado reiteradamente la expresión "universidades chiringuito" para referirse a proyectos que considera insuficientes desde el punto de vista académico o investigador. Es una denominación política empleada por el Ejecutivo, no una categoría jurídica: la legislación no distingue universidades "chiringuito", sino que fija requisitos que cualquier proyecto debe cumplir para ser reconocido y autorizado.
Morant tiene ahora un problema con los plazos
La dificultad está precisamente en volver a aprobar una norma similar sin repetir el defecto que ha llevado al Supremo a anular la anterior. Si el Ministerio reproduce el procedimiento reglamentario ordinario, tendrá que respetar los trámites de participación, informes y consultas que correspondan. Eso reduce considerablemente el margen para aprobar un nuevo real decreto antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El calendario político se ha comprimido todavía más después de que Pedro Sánchez disolviera las Cortes. El Real Decreto 806/2026, publicado el 6 de octubre en el BOE, disolvió el Congreso y el Senado y convocó oficialmente los comicios para el domingo 29 de noviembre. La campaña electoral comenzará el 13 de noviembre y terminará el día 27.
La disolución del Parlamento no impide por sí misma que el Consejo de Ministros apruebe un real decreto reglamentario, pero sí coloca al Gobierno ante un horizonte electoral inmediato y obliga a extremar las garantías después de que el Supremo haya anulado precisamente la anterior norma por un defecto de procedimiento.
Universidades no desvela todavía cómo será la nueva norma
El Ministerio evita por ahora aclarar hasta qué punto el próximo texto será idéntico al Real Decreto 905/2025. Fuentes del departamento sostienen que se está preparando "una nueva norma", pero no han avanzado qué requisitos serán recuperados, si se modificarán algunos de los umbrales cuestionados por comunidades autónomas y universidades privadas o cuándo podría llegar al Consejo de Ministros.
Baleares, cuyo recurso ha provocado la anulación, había cuestionado medidas como la exigencia de alcanzar 4.500 alumnos o determinadas obligaciones de alojamiento, al considerar que perjudicaban especialmente a territorios insulares y menos poblados. El Gobierno balear celebró el fallo porque entiende que el Ejecutivo estatal no justificó la urgencia y privó a los afectados de una fase de participación prevista legalmente.
Desde el sector privado también han surgido críticas. Escuelas Católicas ha reclamado al Ejecutivo "mayor seguridad jurídica y respeto a la educación privada" y sostiene que los posibles problemas de calidad deben resolverse mediante controles administrativos sin establecer restricciones desproporcionadas. El Ministerio, por el contrario, defiende que incrementar las exigencias es necesario para garantizar la calidad global del sistema universitario.
El Gobierno defiende que el decreto contó con otros controles
Morant tampoco comparte la interpretación política que se ha hecho del fallo. Su departamento recuerda que el texto pasó por el Consejo de Estado, que consideró posible la tramitación urgente, y que posteriormente hubo un periodo de información pública en el que se presentaron más de 60 alegaciones. También sostiene que el proyecto fue conocido por universidades públicas y privadas a través del Consejo de Universidades.
Nada de ello ha evitado la nulidad. Para el Supremo, la cuestión decisiva se encuentra en una fase anterior: la consulta pública previa no podía eliminarse sobre la base de una urgencia que, a juicio de los magistrados, no estaba suficientemente motivada. El tribunal ha impuesto además 6.000 euros en costas a la Administración General del Estado.
Una carrera contrarreloj antes del 29-N
El escenario deja ahora a Morant ante una decisión compleja. El Gobierno puede intentar aprobar una nueva regulación antes de las elecciones, pero tendrá que diseñarla de forma que no reproduzca el defecto detectado por el Supremo. También puede iniciar una tramitación más larga y dejar que sea el próximo Ejecutivo quien la complete, dependiendo del resultado electoral.
Por ahora, la única certeza es la voluntad política expresada por Sánchez y el Ministerio: el Gobierno quiere recuperar las restricciones que considera necesarias para ordenar la expansión universitaria. La sentencia del Supremo no ha cerrado ese debate, pero sí ha obligado al Ejecutivo a regresar al punto de partida y a hacerlo esta vez con un procedimiento capaz de superar el control judicial.
Con 49 universidades privadas frente a 50 públicas y las elecciones generales a menos de dos meses, la regulación de los nuevos campus se convierte así en otro asunto que entra de lleno en la recta final de la legislatura. Morant quiere volver a levantar la norma que acaba de caer, pero el mismo factor que ahora juega en su contra es el que tumbó el decreto anterior: las prisas.