Incêndios na Espanha hoje, 24 de agosto: Segorbe e Pinofranqueado melhoram após os grandes fogos de agosto

En España, la declaración de un incendio forestal como “extinguido” se apoya en un marco jurídico básico estatal (Ley de Montes, normativa de protección civil, Directriz y Plan Estatal de incendios forestales) y en el desarrollo detallado que hace cada comunidad autónoma en sus propios planes especiales. Aunque los procedimientos concretos varían por territorio, existe un esquema técnico y administrativo común: sucesión de fases del incendio, decisión por la jefatura de extinción, comprobaciones de seguridad, levantamiento de actas e integración de esa decisión en los planes de protección civil.

1. Marco normativo básico y distribución de competencias

La Ley 43/2003, de Montes, modificada, establece el marco general de conservación y protección de los montes y la necesidad de coordinación administrativa frente a los incendios forestales, así como la declaración de zonas de alto riesgo y la obligación de restaurar los terrenos incendiados. Es una norma básica estatal, que fija principios y deja a las comunidades autónomas un amplio margen para organizar sus servicios de prevención y extinción.

Desde la óptica de protección civil, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, define los planes de protección civil (estatales, autonómicos y locales) y exige planes especiales para riesgos concretos, entre ellos los incendios forestales. Regula cómo se organizan los servicios de intervención y asistencia, incluyendo los servicios de prevención y extinción de incendios forestales y los órganos de coordinación autonómicos.

Sobre esa base, el Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, aprueba la Directriz Básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales, que fija requisitos mínimos de los planes estatales, autonómicos y locales. Y el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales (Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, publicado por Resolución de 31 de octubre de 2014) concreta la organización y actuación de la Administración General del Estado cuando concurre “interés nacional” o se presta apoyo a las comunidades autónomas.

En conjunto, estas normas establecen que:

• La competencia principal de prevención y extinción de incendios forestales corresponde a las comunidades autónomas.
• El Estado fija bases comunes y coordina, especialmente en grandes emergencias o cuando intervienen medios estatales (Unidad Militar de Emergencias, medios aéreos estatales, etc.).
• Cada comunidad autónoma debe aprobar un Plan Especial de Protección Civil frente a incendios forestales donde se regulan, entre otros extremos, los criterios y procedimientos para declarar un incendio controlado, estabilizado o extinguido.

2. Fases del incendio: definición de “extinguido”

La Directriz Básica de 2013, desarrollada por el Plan Estatal, incorpora definiciones operativas que sirven de referencia común:

• Incendio forestal controlado: aquel que se ha logrado aislar y detener en su avance y propagación dentro de unas líneas de control.
• Incendio forestal estabilizado: sin llegar a estar controlado, evoluciona dentro de las líneas de control previstas, conforme a las labores de extinción encaminadas a su control.
• Incendio forestal extinguido: “situación en la cual ya no existen materiales en ignición en o dentro del perímetro del incendio ni es posible la reproducción del mismo”.

Esta definición es clave: la extinción no es solo ausencia de llamas visibles, sino garantía razonable de que no quedan puntos calientes capaces de reactivar el fuego dentro del perímetro.

3. Quién decide y cómo se toma la decisión técnica

Los planes autonómicos y el Plan Estatal articulan una cadena de mando típica:

• En el terreno, existe un director o jefe de extinción (normalmente un técnico forestal o responsable del dispositivo autonómico), que asume la dirección operativa del incendio.
• A medida que evolucionan las labores, ese jefe propone los cambios de fase (de activo a estabilizado, controlado y finalmente extinguido), en coordinación con el centro de coordinación de emergencias autonómico.
• La decisión de declarar un incendio “extinguido” se basa en criterios técnicos: ausencia de calor residual en el perímetro y en puntos críticos, condiciones meteorológicas y de combustible, y resultados de las tareas de remate y vigilancia.

4. Criterios técnicos y comprobaciones habituales

Aunque cada plan autonómico detalla sus protocolos, de la normativa básica y de la práctica derivan criterios comunes:

• Reconocimiento del perímetro: patrullas a pie y con vehículos revisan el perímetro y el interior del área quemada, prestando especial atención a raíces, tocones, huecos con brasas y zonas de acumulación de combustible fino.
• Verificación de puntos calientes: se utilizan herramientas manuales y, cada vez más, cámaras térmicas o drones para identificar posibles focos latentes.
• Condiciones meteorológicas y de combustible: se valora la previsión de viento, temperaturas, humedad relativa y riesgo de nuevas igniciones, así como la presencia de vegetación no afectada dentro o junto al perímetro.
• Tiempo de observación: se mantiene un periodo de vigilancia tras el control del incendio, durante el cual se realizan repasos y se verifica que no se reactivan llamas.

5. Actas, comunicación y cierre administrativo

Una vez que el jefe de extinción considera cumplidos los criterios, se sigue un procedimiento administrativo que los planes autonómicos concretan, pero que suele incluir:

• Redacción de un parte o acta de extinción, donde se recogen datos esenciales: fecha y hora de inicio y de extinción, perímetro y superficie afectada, medios empleados, daños relevantes, y circunstancias especiales.
• Comunicación al centro de coordinación de emergencias autonómico (112) y, en su caso, a la estructura de protección civil que había declarado niveles de emergencia; esta, a su vez, ajusta el nivel de emergencia y actualiza el estado en el Plan Especial.
• Si han intervenido medios estatales o se trataba de una emergencia de interés nacional, se comunica también al órgano estatal competente (por ejemplo, al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil) conforme a Ley 17/2015 y al Plan Estatal.
• Tras la extinción, se abren otras fases administrativas: evaluación de daños, posibles declaraciones de zona catastrófica o afectada gravemente por emergencia de protección civil, y, desde el punto de vista forestal, obligación de restauración y aplicación de las restricciones de cambio de uso previstas en la Ley de Montes.

En suma, la declaración de un incendio como extinguido es un acto fundamentalmente técnico, adoptado en el marco de los planes de protección civil y forestal, pero con efectos administrativos relevantes en materia de coordinación institucional, estadísticas, evaluación de daños y gestión futura del terreno afectado.

Las comunidades autónomas tienen un papel central en la gestión y extinción de incendios forestales en España. El reparto competencial se articula a partir de la Constitución (arts. 148 y 149), las leyes básicas estatales (montes, medio ambiente, protección civil) y los estatutos de autonomía. En la práctica, casi toda la gestión ordinaria (prevención, planificación y extinción en el territorio) es competencia autonómica, mientras que el Estado conserva funciones de coordinación, apoyo y normativa básica.

Marco general de competencias

En términos generales, las comunidades autónomas asumen competencias en:

• Medio ambiente y montes: ordenación, gestión y protección de montes y espacios forestales, así como la prevención de incendios.
• Protección civil y emergencias: organización de sus propios servicios de emergencia y planes frente a riesgos como los incendios forestales.
• Organización de sus servicios públicos: cuerpos de bomberos autonómicos, brigadas forestales, agentes medioambientales, etc.

El Estado, por su parte, mantiene la potestad de dictar la legislación básica en medio ambiente, montes y protección civil, y una competencia propia en la coordinación general de emergencias de interés nacional, además del uso de medios estatales (como la UME o medios aéreos).

Competencias concretas de las comunidades autónomas

1. Prevención de incendios

Las comunidades autónomas son responsables de diseñar y aplicar las políticas de prevención sobre su territorio, que incluyen, entre otras:

• Planificación forestal: elaboración de planes forestales y planes específicos de defensa contra incendios (planes autonómicos de incendios forestales, con sus zonas de alto riesgo).
• Gestión del combustible vegetal: tratamientos selvícolas, desbroces, cortafuegos, fajas auxiliares en torno a infraestructuras y núcleos urbanos, uso del pastoreo como herramienta preventiva, etc.
• Regulación de usos y actividades en época de alto riesgo: restricciones a quemas agrícolas, uso de maquinaria, fuegos recreativos o tránsito en determinadas masas forestales.
• Campañas de sensibilización y educación ambiental dirigidas a población, titulares de montes y sectores profesionales.
• Inspección y régimen sancionador en materia de incendios forestales, dentro del marco de la legislación básica estatal.

2. Planificación y organización de los dispositivos

También corresponde a las comunidades la organización de los dispositivos de lucha contra incendios:

• Elaborar sus planes autonómicos de protección civil frente a incendios forestales y los planes especiales que los desarrollan.
• Crear y dotar brigadas y servicios de extinción (bomberos forestales, retenes helitransportados, puestos de mando avanzado, etc.).
• Determinar la estructura de mando y coordinación dentro del dispositivo, así como los niveles de emergencia y protocolos de actuación.
• Establecer centros de coordinación operativa y salas de emergencias (números 112 autonómicos).
• Regular la colaboración con diputaciones, cabildos, ayuntamientos y otros entes locales en la prevención y extinción.

3. Extinción de incendios forestales

La intervención directa sobre el terreno es fundamentalmente autonómica:

• Dirección de las operaciones de extinción en incendios que se desarrollan íntegramente en su territorio, salvo que se declare una emergencia de interés nacional.
• Despliegue y gestión de medios terrestres y, en su caso, aéreos propios o contratados.
• Coordinación con servicios municipales de bomberos y otros cuerpos que actúan en el incendio.
• Decisión sobre la solicitud de refuerzos estatales o de otras comunidades (medios aéreos del Estado, UME, mecanismos de cooperación interautonómica).

Relación con el Estado y coordinación

Aunque la competencia ordinaria es autonómica, la lucha contra los incendios forestales se basa en un sistema cooperativo:

• La normativa básica estatal establece estándares mínimos comunes de planificación, prevención y protección civil.
• El Estado pone a disposición medios de apoyo (aviones, helicópteros, unidades especializadas) que se movilizan a petición de la comunidad afectada o en el marco de planes estatales.
• Si un incendio alcanza determinada gravedad o afecta a varios territorios, el Gobierno puede declararlo emergencia de interés nacional, asumiendo la dirección estratégica, pero a través de los mecanismos de protección civil, en coordinación con la comunidad autónoma.

En síntesis, las comunidades autónomas son las autoridades principales en prevención, planificación y extinción de incendios forestales en su ámbito territorial, mientras que el Estado fija las bases normativas comunes y proporciona coordinación y refuerzo cuando la magnitud del incendio supera la capacidad autonómica o afecta a intereses nacionales.

En la última década los incendios forestales más grandes registrados en España se concentran sobre todo en los años más recientes (2022–2026), con varios episodios que han batido récords de superficie quemada. A continuación resumo los principales casos para los que las fuentes disponibles aportan datos claros de hectáreas afectadas.

Principales grandes incendios y superficie quemada

• Burgohondo (Ávila, 2026) – Según el diario Demócrata, el incendio forestal declarado en Burgohondo ha calcinado ya unas 50.000 hectáreas, lo que “lo convierte en el mayor incendio de la historia de España desde que se tienen registros”. Supera así a todos los grandes fuegos previos en el país y marca un antes y un después por su escala y por el impacto ambiental y social sobre una parte extensa de la provincia de Ávila (noticia de Demócrata).
• Molezuelas de la Carballeda–Palacios del Jamuz (Larouco–Quiroga–Oencia, 2025) – En 2025 se registró un gran incendio que afectó a los municipios de Larouco, Quiroga y Oencia, en Galicia y Castilla y León. Demócrata señala que hasta la aparición del fuego de Burgohondo, este era el mayor incendio registrado en España en términos de superficie reciente, con 37.765 hectáreas calcinadas en agosto de 2025 (misma fuente). Greenpeace lo identifica además como el gran incendio que arrasó el entorno de Palacios de Jamuz, dejando dos voluntarios fallecidos y devastando zonas próximas a Las Médulas (nota de Greenpeace).
• Losacio (Zamora, 2022) – El incendio de Losacio, originado por una tormenta seca en julio de 2022, calcinó más de 30.000 hectáreas, según recoge Demócrata, y se convirtió en uno de los mayores incendios forestales del siglo XXI en España. Además de la enorme superficie, dejó cuatro víctimas mortales (un bombero forestal, un pastor y dos vecinos), lo que lo sitúa entre las tragedias forestales más graves recientes (reportaje de Demócrata).
• Gran ola de incendios en Galicia (verano de 2025) – No se trata de un único foco, sino de un conjunto de incendios simultáneos de gran intensidad. El sistema europeo EFFIS (programa Copernicus) cifró en 209.281 hectáreas la superficie afectada en Galicia en 2025, de las cuales 171.218 hectáreas ardieron solo en verano (análisis sobre Galicia). Dentro de este episodio, Ourense fue la provincia más golpeada, con 177.285 hectáreas quemadas a lo largo del año.
• Otros grandes incendios de 2025 – Greenpeace subraya que en 2025 se produjo “una oleada histórica de incendios”, y que ocho de los diez fuegos más grandes de este siglo tuvieron lugar precisamente ese año (Greenpeace, 2025; Greenpeace, 2026). No todos esos incendios aparecen desglosados por nombre y hectáreas en las fuentes consultadas, pero el dato ilustra la concentración de grandes siniestros en un solo año.

Contexto: una década de incendios cada vez más grandes

Más allá de casos concretos, los balances oficiales revelan que el problema se ha agravado en superficie y severidad:

• El Ministerio del Interior señala que 2025 fue el peor año de la década en número de siniestros y hectáreas afectadas, con alrededor de 348.000–382.000 hectáreas quemadas según distintas fuentes (estadística oficial y datos de Copernicus) (Interior, 2025; Demócrata).
• 2026 está empeorando incluso esos registros: el Ministerio para la Transición Ecológica informaba a mediados de agosto de más de 226.000 hectáreas afectadas y 43 grandes incendios en lo que va de año (Demócrata; nota de MITECO).
• Organizaciones como WWF subrayan que, aunque el número total de incendios tiende a reducirse, crece la proporción de Grandes Incendios Forestales (más de 500 hectáreas), con fuegos “cada vez más grandes y con potencial de quemar miles de hectáreas” (WWF España).

En resumen, los mayores incendios de la década —Burgohondo (≈50.000 ha), Larouco–Quiroga–Oencia (37.765 ha) y Losacio (>30.000 ha)— se concentran en los últimos años y se enmarcan en una tendencia de incendios menos numerosos, pero mucho más extensos y difíciles de controlar. Las cifras proceden de fuentes oficiales (MITECO, Interior, Copernicus) y de análisis de organizaciones ambientales (Greenpeace, WWF) y medios como el periódico Demócrata. No todas las estadísticas públicas ofrecen una lista cerrada y ordenada de “los N mayores incendios” con superficie exacta, de modo que el panorama anterior recoge aquellos casos para los que sí hay datos concretos y contrastados de hectáreas quemadas.