Cáritas ha trasladado a los partidos políticos una batería de 11 propuestas para las elecciones generales del 29N con un objetivo común: ubicar a las personas en situación de vulnerabilidad en el centro de las políticas públicas. La organización reclama medidas para garantizar el acceso a derechos básicos como la vivienda, la salud, el empleo y los cuidados, además de reforzar la protección social y combatir las distintas formas de exclusión.
El documento, elaborado a partir de un proceso de participación en el que han intervenido 940 personas a través de 84 grupos de todo el territorio, toma como referencia el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social. El estudio advierte de la persistencia de la desigualdad en España y cifra en 4,3 millones las personas que se encontraban en situación de exclusión severa en 2024, el 8,8% de la población. A ellas se suman un 10,5% en exclusión moderada y un 35,7% en situación de integración precaria.
Ante este escenario, Cáritas pide a las formaciones políticas que vayan más allá de las respuestas coyunturales y aborden las causas estructurales de la pobreza. Sus propuestas combinan reformas legislativas, ampliación de servicios públicos y medidas para garantizar que los derechos reconocidos en las normas puedan ejercerse de manera efectiva.
La vivienda, en el centro de la exclusión
Uno de los principales ejes del documento es el acceso a una vivienda digna. Cáritas sostiene que los problemas relacionados con el hogar afectan a uno de cada cuatro hogares en España y considera que la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad y exclusión social.
Para hacer frente a esta situación, plantea reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con el fin de extender las garantías de los alquileres convencionales a quienes viven en habitaciones. La organización advierte de que esta modalidad residencial deja a sus ocupantes en una situación de mayor desprotección y reclama adaptar la legislación a una realidad cada vez más extendida.
También propone modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para reforzar las garantías de las personas vulnerables ante los desahucios. Entre sus demandas figura que no se produzca el desalojo de una vivienda habitual sin que las administraciones hayan asegurado previamente una alternativa habitacional adecuada.
La tercera medida en este ámbito pasa por recuperar y ampliar el parque público de vivienda social y de emergencia. Cáritas defiende que las administraciones dispongan de recursos suficientes para responder a las situaciones de mayor exclusión residencial, mediante la reserva de suelo, edificios o locales destinados a este fin.
Más cobertura sanitaria y un sistema público de cuidados
La organización reclama ampliar la cartera común del Sistema Nacional de Salud para incorporar tratamientos bucodentales, oftalmológicos y auditivos que actualmente cuentan con una cobertura limitada. Mientras se avanza hacia una prestación universal, propone que las personas y familias en situación de vulnerabilidad tengan prioridad en el acceso a estos servicios.
El documento también sitúa los cuidados entre las prioridades de la próxima legislatura. Cáritas pide consolidar un sistema público, universal y de calidad que garantice la atención a lo largo de todas las etapas de la vida, con especial atención a la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y quienes se encuentran en situación de dependencia o padecen enfermedades crónicas.
La entidad reclama que el derecho a recibir cuidados se traduzca en servicios suficientes, plazos máximos de espera y garantías de igualdad territorial. Al mismo tiempo, plantea mejorar las condiciones de quienes trabajan en el sector, con equiparación salarial, protección social, prevención de riesgos laborales y acceso a la negociación colectiva.
La entidad reclama que el derecho a recibir cuidados se traduzca en servicios suficientes, plazos máximos de espera y garantías de igualdad territorial
En el empleo doméstico, Cáritas propone reforzar los mecanismos de control y exigir el registro de los contratos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), además de impulsar medidas que favorezcan la contratación y el reconocimiento profesional de estas actividades.
El IMV y el empleo: menos obstáculos para salir de la pobreza
Cáritas considera que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) necesita una reforma para convertirse en una herramienta más eficaz frente a la pobreza y la exclusión severa. Su propuesta pasa por simplificar los trámites, reducir los tiempos de resolución y corregir los requisitos que dificultan el acceso a la prestación.
Entre los cambios que plantea figura adaptar la unidad de convivencia a la familia nuclear, flexibilizar las condiciones de residencia y facilitar que el IMV sea compatible con el empleo. El objetivo es que la ayuda llegue a quienes la necesitan y no se convierta en un obstáculo para mejorar su situación laboral.
La precariedad constituye otro de los ámbitos prioritarios. La organización propone modificar el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores para que los contratos a tiempo parcial involuntarios estén justificados por una causa objetiva vinculada al puesto o a la organización del trabajo. También plantea reforzar el derecho de los trabajadores a ampliar su jornada cuando existan vacantes disponibles.
Además, reclama reconocer y regular la formación práctica para el acceso al empleo que desarrollan las entidades sociales con personas en situación de vulnerabilidad. Cáritas considera que estas iniciativas combinan aprendizaje laboral y acompañamiento social y necesitan un encaje específico dentro de las políticas de empleo.
Derechos para las personas migrantes y lucha contra la discriminación
Las propuestas incluyen medidas para reducir las barreras administrativas y reforzar la igualdad de trato. Cáritas pide desarrollar reglamentariamente la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, aprobada en 2022, con el fin de aplicar este principio de manera transversal en las políticas públicas y fortalecer los mecanismos institucionales de protección.
En materia migratoria, reclama revisar las autorizaciones de residencia y trabajo para que no dependan exclusivamente de disponer de un contrato laboral. También plantea garantizar el acceso a prestaciones sociales básicas a las personas en situación administrativa irregular.
En materia migratoria, reclama revisar las autorizaciones de residencia y trabajo para que no dependan exclusivamente de disponer de un contrato laboral
La organización considera igualmente necesaria una ley integral contra la trata de personas, con un enfoque centrado en los derechos humanos y que contemple la prevención del delito y la protección de las víctimas frente a cualquier forma de explotación.
Una transición ecológica que no deje atrás a los más vulnerables
Cáritas defiende que las políticas contra el cambio climático deben incorporar la protección social como uno de sus pilares. La organización reclama medidas que garanticen el acceso a la energía y al agua, especialmente para las familias con mayores dificultades económicas, y que eviten que la transición hacia un modelo más sostenible agrave las desigualdades.
También propone reforzar el derecho a una movilidad sostenible y asequible mediante un transporte público accesible, con especial atención a las personas con movilidad reducida, los hogares con bajos ingresos y quienes viven en zonas rurales.
Cáritas defiende que las políticas contra el cambio climático deben incorporar la protección social como uno de sus pilares
El documento vincula esta agenda con la necesidad de consolidar políticas estructurales que protejan a la población frente a futuras crisis económicas, sociales y ambientales.
Más cooperación internacional y cumplimiento del 0,7%
La última de las 11 propuestas se dirige a la política exterior y de cooperación. Cáritas reclama que España cumpla el compromiso de destinar el 0,7% del PIB a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2030.
La entidad defiende que este objetivo se alcance mediante cooperación no reembolsable y que la ayuda no quede condicionada a medidas de control migratorio. La propuesta responde a la dimensión internacional de la organización y a su planteamiento de que la protección de los derechos humanos debe extenderse más allá de las fronteras nacionales.
Una llamada a los partidos frente a la polarización
Más allá de las medidas concretas, Cáritas apela a los partidos a situar la dignidad humana y el bien común por encima de la confrontación política. La organización alerta de que la polarización y los discursos que alimentan el miedo y la desconfianza debilitan la convivencia y dificultan la búsqueda de soluciones compartidas.
Su documento plantea la necesidad de acuerdos políticos que permitan garantizar derechos, reducir las desigualdades y fortalecer la cohesión social. La premisa que atraviesa las 11 propuestas es que la pobreza y la exclusión no pueden abordarse únicamente con respuestas asistenciales, sino mediante cambios legislativos y políticas públicas capaces de prevenirlas y reducirlas.