La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) quiere que la tecnología sanitaria ocupe un lugar central en los programas de los partidos políticos y en las prioridades del próximo Gobierno. Su secretario general, Pablo Crespo, ha presentado en rueda de prensa esta mañana cuatro propuestas para mejorar la calidad y la sostenibilidad del sistema sanitario, reforzar la competitividad de la industria y evitar que la fiscalidad se convierta en una barrera para los pacientes.
La iniciativa, como ha recordado, “llega en un momento de incertidumbre política, con proyectos normativos pendientes y retos asistenciales crecientes, como el envejecimiento de la población, la cronicidad, las listas de espera y las dificultades de acceso a la atención sanitaria”. Ante este escenario, Crespo ha defendido que la incorporación de innovación tecnológica, una mayor explotación de los datos sanitarios y la transformación digital son elementos necesarios para mejorar los resultados en salud.
“La sanidad es una prioridad. Una de las claves del Estado del bienestar es la salud”, ha subrayado el representante de Fenin, que ha reconocido el trabajo realizado tanto por el Gobierno como por las comunidades autónomas para modernizar el parque tecnológico y facilitar el acceso a la innovación. No obstante, considera que aún queda camino por recorrer y que es necesario avanzar con mayor rapidez.
Las cuatro propuestas de Fenin
La primera medida pasa por impulsar una compra pública basada en el valor, en la que el precio no sea el factor determinante. Así, se propone modificar la Ley de Contratos del Sector Público para que al menos el 50% de los criterios de adjudicación estén vinculados a la calidad y a la incorporación de innovación. Crespo ha apuntado que el proyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios, que se encontraba en tramitación, planteaba limitar al 20% el peso de los criterios económicos, una orientación que, a su juicio, permitiría avanzar hacia una contratación que tenga más en cuenta el valor clínico y asistencial de la tecnología.
La segunda propuesta busca garantizar la competitividad y la viabilidad de la industria de tecnología sanitaria. Para ello, la federación reclama que se recuperen mecanismos de indexación de los contratos públicos, actualmente desindexados desde 2015, con el fin de que las empresas puedan afrontar el incremento de los costes de producción sin comprometer sus inversiones, el empleo o la capacidad de suministrar tecnología al sistema sanitario. También propone desarrollar un plan específico para el sector, denominado Plan Protec, que reconozca el esfuerzo empresarial en investigación y desarrollo, la instalación de plantas de fabricación y la transición medioambiental.
La tercera iniciativa se centra en la autonomía estratégica y la industrialización: Fenin insiste en que España mantiene una balanza comercial negativa en tecnología sanitaria y depende de mercados internacionales para abastecerse de productos esenciales. Por ello, plantea un plan gubernamental que atraiga inversiones, favorezca la instalación de centros de producción, distribución e investigación, y amplíe las capacidades industriales y logísticas nacionales.
Por último, la cuarta medida propone reducir la fiscalidad de los productos sanitarios. Según Crespo, el 85% tributa al tipo general del IVA del 21%, pese a tratarse de productos que considera de primera necesidad. La patronal pide rebajar ese gravamen para facilitar la incorporación de tecnología al sistema público y reducir los costes que afrontan los pacientes en el ámbito privado. Crespo ha cifrado en más de 1.300 millones de euros anuales el IVA que paga el sistema sanitario público, recursos que, en su opinión, podrían destinarse a inversión e innovación si se redujera la carga fiscal.
Un sector con impacto sanitario y económico
Fenin justifica estas propuestas por el papel que desempeña la tecnología sanitaria tanto en la atención a los pacientes como en la economía. Según los datos expuestos por Crespo, el sector genera 12.600 millones de euros de valor añadido bruto directo. Otro dato relevante es que cada euro invertido en él produce otros 1,27 euros en la economía española. Además, las empresas destinan alrededor del 7% de su facturación a innovación, liderando respecto a otros sectores industriales.
La industria suministra tecnologías para el diagnóstico, la monitorización y el tratamiento de los pacientes, presentes en hospitales y otros dispositivos asistenciales. Para Fenin, su capacidad de innovación puede contribuir a responder a los retos de un sistema que deberá atender a una población cada vez más numerosa y envejecida. Crespo ha recordado que España se acerca a los 50 millones de habitantes y que una de cada cinco personas supera ya los 65 años, un grupo de edad que requiere un mayor consumo de recursos sanitarios.
La federación también destaca la dimensión social del sector: el 46% del empleo que genera es femenino y el 3% corresponde a personas con discapacidad. Desde su punto de vista, estos indicadores refuerzan el argumento de que la tecnología sanitaria no debe abordarse únicamente como un gasto, sino también como una fuente de actividad económica, empleo y capacidad de respuesta asistencial.
La competitividad, sin embargo, está condicionada por el contexto internacional. Crespo ha señalado las dificultades en las cadenas de suministro, las restricciones en el acceso a materias primas y el encarecimiento de la energía y los costes de producción. En ese escenario, considera que mantener los contratos públicos sin mecanismos de actualización puede dificultar la inversión y la capacidad de las empresas españolas para competir en otros mercados.
En relación con la indexación, el secretario general de Fenin ha apuntado que países como Italia, Francia y Alemania disponen de mecanismos que permiten actualizar los contratos públicos. La federación considera que estas fórmulas favorecen la competencia y contribuyen a atraer tecnología. No plantea, por tanto, copiar un único modelo europeo, sino identificar las prácticas que mejor se adapten a las características del sistema español.
La organización también reclama que la industria de tecnología sanitaria reciba un tratamiento específico en la política industrial. Crespo ha defendido que el sector tiene necesidades distintas de las de la industria farmacéutica, tanto por sus procesos de fabricación como por su cadena de valor y las características de sus productos. Por ello, considera esencial que esa diferenciación se mantenga en la regulación futura.
Las preguntas pendientes: balance político, legislación y relación con los pacientes
Sobre el balance de la última legislatura, Crespo ha valorado el trabajo del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas para modernizar el parque tecnológico y mejorar el acceso a la innovación. También ha reconocido la disposición del Ministerio a escuchar las propuestas del sector. Sin embargo, ha lamentado que algunos proyectos normativos positivos no hayan llegado a aprobarse y ha pedido que se retomen en la siguiente etapa política.
Entre las prioridades pendientes ha citado los cambios legislativos necesarios para favorecer la inversión y aprovechar el potencial de tecnologías como la salud digital, la inteligencia artificial y la robótica. En particular, ha defendido que el proyecto de ley de industria reconozca a la tecnología sanitaria como un sector estratégico. También ha reclamado que salga adelante el borrador del real decreto de publicidad de los productos sanitarios, que, según ha explicado, permitiría mejorar la forma en que las empresas promocionan sus tecnologías.
Preguntado por la posibilidad de que los cambios de Gobierno ralenticen estos avances, Crespo ha señalado que las reformas son necesarias con independencia de quién asuma las responsabilidades políticas. A su juicio, quienes dirijan la política sanitaria deben conocer el sector, escuchar a sus representantes y comprender la contribución de todos los actores que participan en el sistema.
Respecto a la relación entre la industria, los profesionales sanitarios y los pacientes, ha defendido la colaboración entre las organizaciones que representan a cada colectivo. Fenin, ha explicado, busca escuchar sus necesidades y desarrollar soluciones que ayuden a resolver problemas clínicos y a mejorar la atención. No obstante, ha subrayado que cada grupo debe representar sus propios intereses con independencia y respeto institucional, aunque todos compartan el objetivo de ofrecer una sanidad de mayor calidad.
Crespo también ha defendido que la regulación de los productos sanitarios continúe diferenciándose de la de los medicamentos. Aunque ambos sectores contribuyen a mejorar la salud, ha señalado que sus procesos de fabricación, cadenas de valor y características son diferentes. Como ejemplo, ha apuntado que las tecnologías sanitarias no cuentan con equivalentes genéricos en los mismos términos que determinados medicamentos. Por ello, considera que aplicarles enfoques regulatorios diferenciados permite aprovechar mejor el potencial de ambas industrias.