Iustitia Europa y Vox han reclamado al Tribunal Supremo (TS) que adopte medidas concretas para “garantizar” que la suspensión cautelar del voto de extranjeros nacionalizados al amparo de la conocida como 'ley de nietos', acordada el pasado septiembre, se haga efectiva en las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre.
Ambas partes han formulado esta petición mediante sendos escritos registrados este lunes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, a los que ha tenido acceso Europa Press.
Iustitia Europa solicita que su requerimiento se tramite con carácter “urgente” y reclama al Supremo que “acuerde las actuaciones de ejecución y concreción que resulten necesarias para garantizar que las medidas cautelares adoptadas por esta sala desplieguen plena eficacia en las elecciones generales de 29 de noviembre antes de que las inscripciones concernidas puedan producir efectos dentro del procedimiento electoral”.
En su escrito, la asociación subraya que, tras la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el censo electoral de referencia pasa a ser “el cerrado a 1 de agosto de 2026”, esto es, anterior a la suspensión cautelar dictada por el Supremo.
“En consecuencia, entre las inscripciones incorporadas al censo electoral vigente pueden encontrarse personas comprendidas en el ámbito subjetivo respecto del cual la Sala acordó cautelarmente la suspensión de efectos electorales”, sostiene Iustitia Europa.
Recuerda además que el Supremo paralizó “la inscripción censal” de quienes todavía no figuraban en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y que, respecto a quienes ya estaban incorporados, acordó “la suspensión de los efectos electorales de su inscripción respecto de los procesos electorales que pudieran convocarse mientras permaneciera vigente la medida”.
Por este motivo, Iustitia Europa pide igualmente “determinar, dentro del censo cerrado a 1 de agosto de 2026, qué inscripciones se encuentran sujetas a suspensión de efectos electorales y cuáles quedan comprendidas en la excepción expresamente prevista por el auto” de la Sala que acordó la paralización de la llamada 'ley de nietos'.
Vox reclama a la JEC que cumpla el auto del Supremo
En paralelo, Vox sostiene que el “tenor literal” del auto de medidas cautelares dictado por el Supremo “no admite interpretación”, puesto que “se acordó suspender” los efectos electorales de dicha norma “para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse”.
El partido que lidera Santiago Abascal denuncia que al CERA se han añadido personas que “no han acreditado debidamente los requisitos de descendencia y exilio”, de modo que “el censo electoral utilizable el 29 de noviembre no puede incluir con derecho efectivo de voto a quienes fueron incorporados mediante la presunción de exilio cuestionada, aunque formalmente constasen inscritos a 1 de agosto”.
Vox solicita a los magistrados que requieran a la Junta Electoral Central (JEC) para que, en un plazo máximo de 24 horas, informe de “las medidas adoptadas e instrucciones dadas para garantizar el estricto cumplimiento del auto del Supremo y con ello la suspensión de los efectos electorales” de la 'ley de nietos'.
Además, pide que se ordene a la JEC o a la Oficina del Censo Electoral remitir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo un listado anonimizado de las personas inscritas en el CERA con el derecho de voto suspendido, “con expresión de la provincia de asignación”.
Vox reclama igualmente que se declare que la suspensión acordada “es aplicable a las elecciones del 29 de noviembre de 2026”. “Y, si la Junta Electoral Central no hubiera adoptado aún las medidas oportunas, le ordene adoptarlas de inmediato e informar a la Sala, a fin de salvaguardar la finalidad de la medida cautelar”, añade.
El Supremo ya había decidido suspender de forma cautelar tanto el voto de quienes lograron la nacionalidad por la 'ley de nietos' y estaban inscritos en el CERA como las nuevas altas, con el objetivo de preservar “la transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en sus resultados”, ante la “magnitud” del incremento del censo.